En diálogo con Canal E, Mariana Mei, periodista parlamentaria, explicó cómo el Congreso se prepara para una semana crucial en la que se debatirá una nueva reglamentación de los DNU y la posible interpelación judicial de funcionarios del gobierno de Javier Milei.
El Congreso busca frenar el poder del Ejecutivo
La Cámara de Diputados comenzó a tratar en comisiones una reforma central: ”Un proyecto que cambia mucho la jugada política, porque establecería que con un solo rechazo de alguna de las cámaras ya bastaría para que un DNU quede invalidado”, explicó Mei. La iniciativa, que llega con media sanción del Senado, busca modificar la reglamentación vigente y establecer plazos concretos para el tratamiento parlamentario de los decretos presidenciales.
La medida apunta directamente a casos como el controvertido Decreto 70/2023, que quedó estancado al no ser tratado por ambas cámaras. “No puede ser tratado por una y después dejado de lado, como sucedió con el decreto 70”, aclaró la periodista.
Además, Mei señaló que esta reforma “modificaría profundamente la ecuación política actual”, reduciendo el margen de maniobra del Ejecutivo y fortaleciendo el control parlamentario.
Presupuesto, escándalos y la Justicia en escena
La Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, también está bajo la lupa. “Hay pedidos de remoción por las denuncias de aportes de Fran Machado”, indicó Mei, advirtiendo sobre la tensión interna que rodea la discusión del Presupuesto 2026, clave tras dos años sin ley de leyes.
Aunque no se confirma aún una sesión en Diputados esta semana, en el Senado sí se avanzará: “El 2 de octubre habrá sesión segura y se espera el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario”, anticipó la periodista.
Otro foco de conflicto es la falta de rendición de cuentas de los funcionarios. Hasta ahora, solo Guillermo Francos —jefe de Gabinete— compareció ante el Congreso. Sin embargo, esto podría cambiar. “Los diputados pidieron auxilio al Poder Judicial para interpelar a funcionarios como Karina Milei o Mario Lugones”, detalló Mei, en referencia a casos como el de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Esta acción judicial transformaría los pedidos de informes en verdaderas interpelaciones obligatorias, lo que elevaría la presión sobre el oficialismo. “Si la justicia actúa, ya no es solo una invitación, es un pedido de interpelación”, explicó la periodista, marcando una diferencia clave en el procedimiento.
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