El caso Banco Fassil se convirtió en el emblema de la corrupción empresarial y política en Bolivia. Ahora, de acuerdo con un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), más de 50 empresarios del departamento de Santa Cruz participaron del desvío de más de 4.000 millones de pesos bolivianos provenientes de los ahorros de los clientes de la entidad. Los fondos fueron transferidos entre 2018 y 2021 al Santa Cruz Financial Group, conglomerado de empresas y accionistas con fuertes vínculos con el poder político.
Entre los beneficiarios aparecen nombres de peso en el empresariado cruceño: Juan Carlos Sánchez Riera (Ferrotodo), Compañía Industrial Hermanos Vicente SRL, Manzana 40 Plaza Empresarial, Import Export Las Lomas Ltda., Luis Barbery Paz (Unagro) y Tatiana Marinkovic, hermana del exministro de Economía Branko Marinkovic, figura clave durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Esta última —según fuentes judiciales— está siendo investigada por su participación en el grupo que capitalizó al banco durante esa gestión.
Una red de poder y política
La intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el 26 de abril de 2023, reveló una trama que involucraba a ejecutivos, empresarios y funcionarios públicos. En ese entonces, Fassil era la cuarta entidad bancaria más grande del país. Se descubrió que otorgaba créditos fuera de norma, sin garantías reales y por encima de los límites legales, favoreciendo a sus propios accionistas.
La caída fue abrupta: la entidad acumulaba un agujero financiero superior a 2.200 millones de bolivianos, lo que llevó al traspaso de su cartera a nueve bancos. Sin embargo, el golpe más fuerte llegó un mes después, con la muerte del interventor Carlos Colodro, hallado sin vida en Santa Cruz. Las autoridades hablaron de suicidio, aunque la oposición denunció un posible silenciamiento de información clave sobre las operaciones del banco.
La justicia condenó en 2024 a seis altos ejecutivos —entre ellos Álvaro Velasco Bruno, exvicepresidente de Fassil— por organización criminal, aunque las penas fueron consideradas leves. Lo que no se resolvió aún es la responsabilidad de los grandes beneficiarios, muchos de ellos aún activos en el empresariado cruceño y con poder político.
Socios con influencia y capitalización política
El caso Fassil no solo evidenció la corrupción financiera, sino también la complicidad del poder político. Durante el gobierno de Jeanine Áñez, se aprobó la capitalización del banco, medida que permitió la entrada de nuevos socios, entre ellos Tatiana Marinkovic, lo que consolidó la red de intereses económicos y políticos. Diversos analistas sostienen que Fassil fue “el banco del poder cruceño”, una entidad creada y sostenida por empresarios influyentes que operaban bajo el amparo de la clase dirigente local.
La intervención posterior no alcanzó a todos los responsables. Muchos de los involucrados mantuvieron contratos con el Estado o vínculos con sectores políticos de oposición. El caso se volvió incómodo para el gobierno de Luis Arce y para parte de la élite cruceña, que buscó minimizar su impacto mediático.
Un escándalo que resurge en plena campaña electoral
Dos años después de la quiebra, el caso volvió a ocupar la agenda pública tras las acusaciones del candidato Edman Lara durante el debate vicepresidencial de octubre de 2025. Lara denunció que Juan Pablo Velasco, hijo del exdirectivo condenado Álvaro Velasco, había cobrado cheques por montos significativos y poseía 7.000 acciones en el Grupo Financiero La Sierra S.A., matriz del Banco Fassil.
“El señor Juan Velasco le mintió al país cuando dijo que no recibió ni un centavo del Banco Fassil”, exclamó Lara en plena transmisión nacional. Mostró documentos y cheques por 364.850 bolivianos, cobrados supuestamente por Velasco. El candidato, aliado del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, negó cualquier vínculo, aunque la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público.
El escándalo reavivó la indignación de miles de ahorristas que perdieron su dinero en la quiebra. En Santa Cruz, el nombre de Fassil se convirtió en sinónimo de corrupción, impunidad y manipulación política.
El impacto económico y social
El colapso del banco afectó directamente a más de 4.500 empleados y decenas de miles de clientes. La redistribución de cuentas y préstamos entre otras entidades evitó una corrida bancaria, pero dejó una herida profunda en la confianza del sistema financiero boliviano. Además, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) perdieron alrededor de 2.000 millones de dólares invertidos en bonos de Fassil, dinero que pertenecía a los trabajadores bolivianos.
El informe de la UIF fue contundente: los créditos vinculados fueron usados para financiar empresas fantasma, proyectos inmobiliarios y actividades especulativas. Muchos de los empresarios señalados aún operan bajo nuevos nombres comerciales, mientras el proceso judicial avanza lentamente.
Entre la impunidad y la memoria colectiva
El caso Fassil se transformó en una metáfora del poder en Bolivia. Representa la fusión entre el dinero y la política, la debilidad institucional del Estado y la protección a los grupos económicos privilegiados. La lista de beneficiarios publicada por la UIF —que incluye a más de cincuenta empresarios— muestra un patrón: la concentración del crédito en manos de un pequeño círculo vinculado al poder político y económico de Santa Cruz.
Mientras tanto, la figura de Tatiana Marinkovic simboliza esa conexión directa entre política y finanzas. Su parentesco con el exministro Branko Marinkovic, su rol en la capitalización de Fassil durante el gobierno de Áñez y su posterior investigación judicial reflejan cómo el poder económico cruceño encontró refugio en la política para consolidar su influencia.
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