La Justicia avanza sobre un nuevo caso que salpica a la gestión anterior de Osprera, la obra social de los empleados rurales. En el centro del escándalo está un contrato de más de $800 millones con la consultora Point Centurión, firmada durante la administración de Néstor Acuña, designado por un juez de La Pampa.
El fiscal Juan Pedro Zoni ordenó allanar la sede de la consultora, creada poco después de ser contratada. El caso revela vínculos entre exgerentes de Osprera y los dueños de la firma, además de movimientos sospechosos con acciones y facturación previa a la creación de la empresa.
Un contrato millonario bajo la lupa
Según informó La Nación, la contratación de Point Centurión se concretó en 2023, cuando Acuña estaba al frente de la obra social. La firma fue impulsada por Ariel Bellesi, entonces gerente de procesos y sistemas de Osprera, y creada por su hermano Hernán Bellesi junto a su madre Laura Aurora Balbuena.
El detalle más llamativo es que la consultora fue avalada internamente antes de existir legalmente. Joaquín Zetzsche, gerente de sistemas en ese momento, firmó un documento asegurando que la empresa estaba capacitada para realizar auditorías el 5 de mayo de 2023, diez días antes de su creación formal en el Boletín Oficial.
Acciones cedidas y vínculos familiares
Meses más tarde, Hernán Bellesi cedió sus acciones a Juan Bernardo Torales, un empleado de la pizzería familiar en Caballito. Torales también fundó otra compañía, QQTECH SRL, dedicada a rubros de tecnología, software y hardware. La Justicia investiga si estos movimientos fueron parte de una maniobra para desviar fondos.
Auditoría y allanamientos
Una auditoría ordenada por el actual interventor, Marcelo Petroni, detectó que la primera factura de la empresa fue enviada a una cuenta de Gmail personal antes de su creación oficial. Esa irregularidad, junto a la falta de licitación y la relación entre los protagonistas, derivó en el allanamiento de la sede de Point Centurión, donde funcionaba un estudio contable.
El fiscal Zoni secuestró documentación contable, contratos y registros de facturación. Según fuentes judiciales citadas por La Nación, “la hipótesis es que la sociedad se creó al solo efecto de sacar dinero de la obra social sin ofrecer un servicio real”.
Defensa y justificación
Desde la consultora niegan las acusaciones. Alegan que su contratación se dio dentro de un “plan integral de modernización” para solucionar un hackeo previo en los servidores de Osprera. Además, justificaron la falta de licitación al considerar que el proceso hubiera implicado “tiempos y costos mayores en un contexto de emergencia”.
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