La tributarista, Valeria Díaz, analizó para Canal E la situación fiscal de las pequeñas y medianas empresas en Argentina, que atraviesan un momento crítico. También se refirió al impacto del sistema impositivo y de la nueva Ley de Inocencia Fiscal sobre las PyMEs, especialmente las más pequeñas y las del interior del país.
“Hoy las PyMEs no solo enfrentan una carga fiscal, sino una alta carga operativa”, explicó Valeria Díaz, al detallar que el sistema tributario argentino es auto declarativo, lo que obliga a los contribuyentes no solo a pagar impuestos sino también a calcularlos y declararlos correctamente.
Las obligaciones del contribuyente en materia fiscal
Según señaló, “el contribuyente tiene no solo que pagar el tributo, sino también determinar el monto que tiene que pagar del tributo al presentar su declaración jurada”, lo que incrementa la complejidad administrativa. A esto se suma que muchas empresas actúan como agentes de retención y percepción: “Somos agentes de retención y percepción”, afirmó.
Díaz precisó que una PyME enfrenta durante el año una cantidad abrumadora de obligaciones fiscales. “Tenemos 18 impuestos nacionales, más o menos, que caen sobre una PyME durante el año, 8 impuestos provinciales y 11 municipales”, indicó, a lo que se agregan numerosos regímenes de información.
Cuántos son los impuestos que debe enfrentar una PyME
En total, explicó que una empresa puede tener que cumplir con “más de 67 obligaciones fiscales”, entre impuestos y regímenes informativos. Esta situación genera un fuerte impacto operativo, especialmente en las empresas más chicas. “Siempre el impacto es mayor a que haya una gran empresa”, sostuvo.
Para la entrevistada, el problema no es solo el monto a pagar, sino el costo administrativo del cumplimiento. “No es el mismo impacto, sobre todo no solo por la carga de lo que tiene que abonarnos, es por la carga administrativa, la carga operativa que implica esto”, remarcó.
Uno de los puntos más sensibles es el fuerte incremento de las multas por incumplimientos, incluso formales. En este contexto, detalló que, “la omisión de presentar una declaración jurada” para una persona jurídica pasó de 400.000 a $440.000.
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