El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, conversó con Canal E y analizó el reciente aumento de tarifas del transporte público y alertó por la crítica situación financiera del sistema.
Luciano Fusaro recordó que existen tres cuadros tarifarios distintos en el AMBA: “Recordemos que las líneas del AMBA, que son exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires y las que son exclusivas del conurbano, ya venían aumentando desde febrero a razón de inflación más 2%”.
Cuál es el objetivo real del aumento en los pasajes
En el caso de las líneas nacionales, detalló que el aumento no significa una mejora para las empresas: “Cuando hablamos de aumento de tarifa no significa que las empresas de transporte cobren más dinero por este aumento, porque los aumentos tienen como objetivo reducir el peso de los subsidios”.
Por otro lado, Fusaro explicó la estructura de costos: “Hoy entre tarifa y subsidios se perciben casi $1.100”. Sobre la misma línea, dijo que, “$400 aproximadamente se perciben con tarifa y los otros $700 son subsidios”. Sin embargo, ese valor está lejos de cubrir los costos reales: “Esos $1.100 no cubren el costo real de la actividad que está en torno a los $1.700”.
A su vez, describió una ecuación donde ningún actor tiene margen: los costos suben, el Estado reduce aportes y los usuarios tienen ingresos castigados. Frente a esto, afirmó: “Lo que no cierra por precios, ajusta por cantidad”. Según sus datos, “tenemos 18% menos de kilómetros recorridos de lo que teníamos hace 10 años, y 26% menos de pasajeros transportados”.
Se intensifica la antigüedad de los colectivos
Además, el entrevistado alertó sobre el envejecimiento del parque automotor: “Tenemos un tercio de la flota que ya está con más de 10 años de antigüedad”. Esto impacta en la calidad del servicio y en la movilidad urbana: “Más embotellamientos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y las horas pico son cada vez más extensas”.
Con respecto a que el Gobierno apunta a llevar los subsidios a cero, coincidió en que 2026 podría ser un año crítico: “Las tres jurisdicciones están en un proceso de priorización de cuentas fiscales en orden”.
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