Miguel Ponce: “Estas medidas agrandan la incertidumbre”

El gobierno anunció nuevas medidas regulatorias para promover el ingreso de dólares no declarados, aunque especialistas alertan sobre posibles cuestionamientos legales, efectos económicos inciertos y un alto costo político.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el especialista en Comercio Exterior, Miguel Ponce, quien comentó que, “esto no se le está dando la real dimensión que tiene”, al comenzar su análisis. El economista alertó sobre la fuerte influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la reciente batería de medidas económicas del gobierno argentino.

“El Fondo fue clarísimo: cualquier medida que aliente el uso de activos no declarados debe respetar los compromisos de transparencia financiera”, subrayó, en referencia al comunicado del FMI tras el anuncio oficial del plan, que el gobierno ha intentado presentar como una “reparación histórica del ahorro”.

Cambios clave: nuevos umbrales sin control

Uno de los aspectos más polémicos son las modificaciones en los umbrales de control financiero. “Antes, una transferencia bancaria de más de un millón de pesos debía ser informada. Ahora ese umbral sube a 50 millones”, detalló Ponce.

Además, explicó que “vas a poder extraer efectivo por hasta 10 millones de pesos sin que nadie te pregunte nada”, y que los saldos bancarios, que antes se reportaban desde los 700 mil pesos, ahora también se elevan a los 50 millones.

Estos cambios, según el especialista, “abren la puerta a un circuito financiero informal bajo la apariencia de legalidad”, y generan preocupación sobre posibles maniobras evasivas disfrazadas de operaciones lícitas.

“Es un blanqueo, aunque digan que no”

El economista apuntó contra el gobierno por evitar llamar a esta iniciativa por su nombre: “El gobierno dice que no es un blanqueo, pero en realidad lo es”. La clave, explica, está en que bastará con firmar una declaración jurada para ingresar fondos sin justificar su origen, siempre que se mantengan dentro de ciertos límites.

“Se repite el intento de Caputo de replicar el blanqueo de 2016, que trajo unos 30 mil millones de dólares. Ahora buscan 10 mil, pero con mucho menos margen político y legal”, advirtió Ponce, subrayando que aún no hay legislación que respalde esta movida, y que muchas de las penalidades sólo pueden modificarse por ley.

Incertidumbre que frena la economía real

Ponce fue categórico al describir el impacto de las medidas en la economía cotidiana: “Desde que se habló del blanqueo, no entra nadie a las concesionarias. Todos están esperando a ver qué pasa”. En ese sentido, consideró que, lejos de generar confianza, “estas medidas agrandan la incertidumbre”.

El especialista denunció que funcionarios de ARCA habrían dudado en firmar las resoluciones por temor a quedar expuestos ante organismos internacionales. “Las charlas con el GAFI no resultaron satisfactorias”, señaló.

Dudas políticas y riesgo institucional

El aspecto político también genera inquietudes. Ponce cuestionó la viabilidad del plan en el Congreso y la estabilidad jurídica de las nuevas reglas. “Las penalidades están en leyes, y sólo otra ley puede modificarlas. ¿El Congreso actual va a aprobar esto?”, se preguntó.

Además, recordó que “la famosa ley Guzmán impedía tomar deuda sin pasar por el Congreso, pero todo esto parece dejar sin efecto ese blindaje”, dejando en evidencia las fragilidades institucionales actuales.

Sin seguridad jurídica, no hay inversión

En un cierre enfático, Ponce retomó un viejo reclamo del sector empresarial: “Veíamos en los coloquios de IDEA cómo se pedía seguridad jurídica, consensos, políticas de Estado. Todo eso hoy no está”. Y concluyó con una advertencia: “Quien quiera venir a invertir de verdad, no lo va a hacer sin reglas claras. No se juega en serio en un país de incertidumbre legal”.