La morosidad en Argentina alcanzó niveles récord en 2026, con un 11% de irregularidad en préstamos familiares —el valor más alto desde la crisis de 2001— y hasta un 27% en el sector no bancario. En este contexto, bancos y billeteras digitales redefinen sus estrategias para contener a millones de deudores y evitar su exclusión del sistema financiero.
El escenario se complejiza por la caída del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida, mientras el Congreso debate proyectos como “Segunda Oportunidad”, que propone reestructurar deudas con intervención estatal.
Estrategias personalizadas para frenar la mora
Desde el sector bancario destacan que la clave actual es anticiparse al problema. Una fuente de una entidad privada explicó: “El monitoreo es constante, uno a uno. Hoy la tecnología permite detectar individualmente a clientes con dificultades”.
Este enfoque implica analizar el comportamiento financiero de cada cliente en tiempo real para ofrecer soluciones a medida antes de que la deuda se vuelva impagable. Según el especialista, “la idea es preservar al cliente y ayudarlo en el momento que tiene alguna dificultad. Es un sistema personalizado y bastante automatizado”.
Las herramientas incluyen refinanciaciones con tasas más bajas, extensión de plazos y canales digitales para gestionar acuerdos. Sin embargo, estas alternativas no se comunican de forma masiva: “No se comunica masivamente porque puede generar malestar entre los clientes que no tienen problemas de pago”, detalló.
En paralelo, entidades públicas como Banco Provincia y Banco Nación implementaron programas de refinanciación con condiciones diferenciadas según el nivel de ingresos y el grado de mora, incluyendo tasas reducidas y plazos de hasta 72 meses.
Tecnología, fintech y debate político
Las billeteras digitales también ganan protagonismo en este escenario. Plataformas como Mercado Pago utilizan modelos de scoring que analizan miles de variables en tiempo real para ajustar el crédito a la capacidad de pago de cada usuario.
Desde la fintech señalaron: “Este proceso nos permite realizar una gestión de riesgo mucho más precisa y dinámica que la del sistema tradicional”.
Mientras tanto, el debate legislativo suma presión al sistema financiero. Algunos proyectos buscan eliminar intereses por mora y limitar las cuotas al 30% de los ingresos familiares, lo que genera preocupación en el sector.
Una fuente de la banca fue contundente al respecto: “Cuanto menos se meta el gobierno, mejor. Los acuerdos entre privados funcionan mejor en estos casos”. Además, advirtió que una regulación excesiva podría restringir el acceso al crédito: “Solo van a recibir crédito los menos riesgosos, y hay segmentos de la población que se quedan afuera”.
En este contexto, la “guerra contra la mora” combina tecnología, negociación y prevención, en un delicado equilibrio entre sostener el crédito y evitar una crisis mayor de endeudamiento.
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