La consultora Empiria plantea que la reforma laboral que impulsa el Gobierno llega después de un proceso de ajuste que ya ocurrió en los hechos dentro del mercado de trabajo argentino. Según el análisis, la normativa vigente no solo quedó desactualizada, sino que contribuyó a consolidar un esquema más precario: “La legislación vigente —cuyo cuerpo principal data de 1974— no fue inocua, sino que alentó una reforma laboral de hecho, sin los beneficios de una reforma de jure, pero sí con los costos de la informalidad y precarización de los contratos de trabajo”.
El diagnóstico parte de un dato estructural: el empleo formal privado no crece desde 2011, lo que ubica al sistema en un piso histórico. Hoy, sobre 21 millones de trabajadores, apenas 6,2 millones son asalariados privados registrados (29%), mientras que el resto se reparte entre empleo público, informalidad y cuentapropismo. El informe detalla que esta transformación no fue neutra y que, bajo el esquema actual, “quedó demostrado que la variable de ajuste no es la cantidad de empleo —como fue en la década del 90— sino el precio (salarios más bajos) y la calidad (preponderancia del trabajo informal o por cuenta propia)”.
Una estructura laboral cada vez más fragmentada
La consultora dirigida por Hernán Lacunza compara la foto actual con la de 2012 para mostrar el deterioro del empleo formal. En aquel momento, los asalariados privados representaban el 35% del total, hoy apenas el 29%. En paralelo, crecieron los cuentapropistas y el empleo no registrado.
Dentro de los 6,1 millones de trabajadores independientes, conviven 2,2 millones de monotributistas, unos 400.000 autónomos y una masa creciente de trabajadores informales. Esta expansión, señala el documento, es consecuencia directa de la rigidez normativa que empuja a las empresas a evitar vínculos laborales tradicionales.
Tres ejes de la reforma: costos, juicios y flexibilidad
El proyecto que se debate en el Congreso apunta a tres núcleos problemáticos del sistema actual.
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Costos de contratación y despido
La iniciativa busca dar previsibilidad a las empresas frente a conflictos laborales. En ese marco, las indemnizaciones se recalcularían sobre el salario normal, excluyendo adicionales. A su vez, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que modifica la lógica de cobertura ante desvinculaciones.
El informe explica que “el FAL se nutre del 3% del aporte obligatorio de los empleadores, pero a cambio se reducen los aportes patronales por igual monto”, lo que implicaría un menor costo al momento del despido. Incluso agrega que, si no se registran cesantías durante un período determinado, las empresas dejan de aportar al fondo, generando una reducción directa de costos.
En paralelo, el Régimen de Incentivos para la Formalización Laboral (RIFL) reduciría los aportes patronales del 27% al 5% durante 48 meses para nuevas contrataciones provenientes de la informalidad, el monotributo o el empleo público.
- Litigiosidad laboral
Otro punto central es la reducción de la incertidumbre judicial. El proyecto fija un tope para la actualización de indemnizaciones en juicios laborales —inflación más tres puntos anuales— y elimina el interés sobre interés.
La lógica detrás de la medida es clara: hoy, la imprevisibilidad del costo final de un juicio desalienta la contratación formal, por lo que el cambio busca acotar ese riesgo.
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Nuevas formas de contratación
El tercer eje apunta a modernizar el esquema laboral. La reforma redefine criterios para establecer relación de dependencia y crea una figura específica para trabajadores de plataformas.
Además, introduce herramientas de flexibilidad como el banco de horas, que permitirá compensar jornadas extensas con días de menor carga, y habilita el fraccionamiento de vacaciones.
El informe también señala cambios en el plano sindical: se exigiría autorización previa para huelgas, se dificultaría la creación de nuevos gremios y se permitiría que convenios colectivos de menor alcance —por empresa o provincia— prevalezcan sobre los nacionales.
Impacto por sectores: quién gana y quién enfrenta riesgos
El análisis sectorial muestra efectos dispares. En la industria, la combinación de FAL, flexibilidad horaria y menor litigiosidad podría mejorar la previsibilidad de costos y facilitar la reorganización productiva. En la construcción, donde la rotación es alta y la subcontratación frecuente, la reducción de responsabilidades solidarias cambia el equilibrio entre empresas principales y contratistas.
En comercio y servicios presenciales, la reforma podría facilitar la administración de jornadas y vacaciones, aunque el impacto dependerá de la fiscalización y del nivel de actividad económica.
Respecto de las plataformas digitales, el informe advierte que el nuevo encuadre consolidaría su esquema actual: “El reconocimiento de un régimen específico para trabajadores independientes de plataformas puede consolidar el estatus de no-dependencia en muchos casos”, lo que para las empresas implica menor riesgo jurídico y menos costos potenciales por litigios.
Una reforma que formaliza lo que ya pasó
El documento concluye que el proyecto no inaugura una transformación, sino que institucionaliza un proceso previo. El mercado laboral, sostiene, ya se flexibilizó por fuera de la ley, y la reforma busca ahora darle marco legal.
El desafío, advierte, será equilibrar competitividad empresaria con protección laboral en un mercado cada vez más informal.
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