El Gobierno anunció por decreto una serie de modificaciones a la ley de inmigración, endureciendo los requisitos para extranjeros que deseen residir, estudiar o atenderse en la Argentina.
Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado Victoria Canepa quien comentó que, “van a implementarlo a través de un DNU, aunque todavía no está publicado en el Boletín Oficial”, al analizar la reciente medida del Ejecutivo nacional. El decreto, una vez oficializado, incluirá nuevas condiciones para quienes deseen radicarse legalmente en el país, accedan a servicios públicos o tramiten la ciudadanía.
Entre los puntos más destacados, se exige “una prueba de un sustento más económico, más seguro y más adaptado,” dejando atrás lo que Canepa calificó como una legislación migratoria “bastante liviana, bastante light.”
Ciudadanía más difícil: dos años sin interrupciones
Uno de los cambios centrales afecta la ciudadanía argentina. Hasta ahora, bastaba con tener dos años de residencia legal y continua. Con el nuevo decreto, “se requiere que esa residencia sea física, efectiva e ininterrumpida,” detalló la entrevistada.
“Si vos, extranjero, salís del país, antes no pasaba nada; ahora sí” subrayó. La intención es evitar que los trámites migratorios se activen con estadías intermitentes o irregulares, un criterio común en otras legislaciones, según la especialista.
Rechazo automático para antecedentes penales
Otra novedad es la posibilidad de expulsar directamente a quienes ingresen por pasos fronterizos no habilitados o tengan antecedentes penales. Según Canepa, esto aplicará tanto para “algún juicio penal o causa pendiente como para delitos cometidos dentro del territorio nacional.”
Se trata de un punto sensible que, aunque replicado en otros países, podría enfrentar cuestionamientos judiciales si se interpreta como una violación al derecho internacional. “Podría haber contraposiciones si alguien considera que hay violación de tratados internacionales o de la Constitución” advirtió.
Acceso a salud y educación: sólo con respaldo económico
Uno de los aspectos más polémicos es la exigencia de un seguro de salud privado para atenderse en hospitales públicos. “Acá cualquier persona que ingresaba era recibida en hospitales públicos” recordó Canepa. Pero ahora, se busca replicar el modelo de países donde “querés atenderte y tenés que pagar por el servicio de salud”.
El decreto también habilitará a las universidades a cobrar aranceles a extranjeros si así lo deciden. Esto responde a lo que Canepa describe como “una práctica común en el mundo, donde uno paga por estudiar en el extranjero”.
Además, mencionó el fenómeno de agencias extranjeras que “arman paquetes para venir a estudiar a Argentina con todo incluido, como si fuera un viaje de vacaciones”. En ese sentido, defendió la reforma: “Me parece que está bien la implementación, porque también es algo justo para nosotros, los argentinos”.
Posibles desafíos legales al DNU
Si bien el decreto aún no fue publicado oficialmente, la medida podría enfrentar resistencia judicial. “La ley de inmigración es una ley basada en los derechos universales, en los derechos humanos y en el garantismo” afirmó Canepa, anticipando posibles objeciones de organismos o sectores que consideren que las nuevas reglas vulneran tratados internacionales.
El gobierno, sin embargo, apuesta a que los nuevos criterios se alineen con prácticas globales. “En otros países es habitual exigir estos requisitos” concluyó.
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