En conversación con Canal E, el sociólogo Roberto Corne destacó los avances logrados desde la sanción de la Ley 27.610 y alertó sobre los desafíos actuales en la política pública de salud reproductiva.
Una transformación sanitaria y social
Para Corne, la sanción de la Ley 27.610 marcó un antes y un después en la salud pública argentina. “Antes del 2021, en casi todos los barrios se sabía dónde se realizaban los abortos clandestinos, pero nadie hacía nada”, señaló el sociólogo, recordando que la clandestinidad generaba un “sufructo hipócrita” que ponía en riesgo la vida de miles de mujeres.
Según explicó, antes de la ley solo existían estimaciones de los movimientos sociales y organismos internacionales, que calculaban alrededor de 300.000 abortos anuales y una tasa de mortalidad materna de 23 por cada mil mujeres. La falta de datos oficiales era reflejo de un sistema sin control estatal ni acceso seguro a la interrupción voluntaria del embarazo.
Con la reglamentación, el panorama cambió drásticamente. “Pasamos de 23 muertes por mortalidad materna en edad fértil en 2021 a 13 en 2022, es decir, casi un 50% menos”, enfatizó Corne. Esta reducción estuvo acompañada por una mayor participación de las mujeres en los efectores de salud y una política de acceso más equitativa.
El sociólogo resaltó que los descensos más notorios se dieron en regiones históricamente postergadas. “En el norte argentino, provincias como Chaco y Misiones bajaron la tasa de mortandad a menos de 4 por cada mil, cuando antes llegaban a 10”, explicó, subrayando que estos avances colocan a la Argentina “en la senda de los países modernos con alto desarrollo humano”.
Riesgos de retroceso y llamado a la continuidad
Pese a los resultados positivos, Corne manifestó preocupación por las señales de retroceso en la implementación durante 2024. “No se tienen aún estadísticas oficiales del año y hubo un retroceso en la distribución de medicaciones”, advirtió. A su juicio, esta situación se debe a que “el Estado ha provincializado la distribución y persiste un prejuicio contra los movimientos de mujeres”.
Además, comparó el escenario actual con otros momentos de cambio social. “Cuando se aprobó la ley de divorcio, muchos decían que destruiría a la familia. Hoy pasa algo parecido: hay sectores que se oponen a los avances en derechos”, reflexionó.
Corne también criticó la desvinculación del gobierno con organismos internacionales. “El retiro de la OMS muestra una época anti-científica y medio-socialista”, expresó, subrayando que “la evidencia científica demuestra que esta ley ha generado salud y bienestar en la población”.
Finalmente, hizo un llamado a sostener las políticas públicas que garantizan derechos: “Hay que mantener la presión de la opinión pública para que la aplicación de la Ley 27.610 continúe y no se pierdan los logros alcanzados”, concluyó.
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