En una nueva emisión de "QR!", en Canal E, el conductor Pablo Caruso abordó el futuro inmediato del trabajo en Argentina tras la media sanción de la reforma laboral y conversó en vivo con el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, quien expresó fuertes críticas al proyecto.
Durante la entrevista, el especialista describió el clima que atravesó el debate parlamentario y aseguró que el proceso dejó sensaciones encontradas, aunque predominó la frustración por la rapidez del tratamiento legislativo.
Julio Piumato: “La reforma laboral es agresiva contra todos los trabajadores”
Cremonte explicó que participó de exposiciones en la Cámara de Diputados junto a otros representantes del ámbito laboral, pero cuestionó que muchos legisladores ya tenían definida su postura antes del debate.
“El trámite fue exprés para una reforma que modifica profundamente las condiciones de trabajo de la mayoría de la población”, señaló, y agregó que el resultado final genera preocupación porque, según su visión, implica un retroceso en derechos conquistados durante décadas.
En ese sentido, afirmó que el nuevo esquema laboral podría alterar el carácter protector del derecho del trabajo, lo que cambiaría la dinámica histórica entre empleados y empleadores.
Más conflictos laborales y tensión social
Consultado por Caruso sobre el escenario que podría abrirse en fábricas y empresas, Cremonte anticipó un aumento de la conflictividad social. Según explicó, los conflictos laborales siempre dependen del contexto económico: mientras algunos períodos están marcados por reclamos salariales, otros —como el actual— se caracterizan por luchas defensivas ante despidos o cierres de plantas.
“El hecho de restringir el derecho de huelga no elimina las causas del conflicto. Mientras existan problemas laborales, va a haber protestas”, sostuvo. El abogado también advirtió que las nuevas reglas podrían empujar a situaciones más tensas, ya que muchas medidas de fuerza podrían ser consideradas ilegales, lo que derivaría en sanciones o judicialización de trabajadores.
Otro de los puntos centrales del análisis fue el papel del Estado en la mediación de conflictos laborales. Cremonte señaló que la intervención estatal resulta clave para equilibrar la relación entre capital y trabajo, especialmente en contextos de crisis.
A su entender, la falta de mediación oficial podría profundizar disputas y aumentar la radicalización de los reclamos, sobre todo en un escenario atravesado por el crecimiento del desempleo y el temor a perder el trabajo.
“El miedo a quedarse sin empleo funciona como disciplinador social, pero cuando los trabajadores sienten que ya no tienen nada que perder, los conflictos tienden a intensificarse”, cerró.
LB
