En el marco de la investigación del derrame de cianuro que se produjo hace quince días en la mina Veladero, que explota la empresa canadiense Barrick Gold, el juez Pablo Oritja imputó a nueve empleados de la compañía, a quienes se les tomará declaración indagatoria a partir del 6 de octubre. “Están en curso de citaciones nueve personas y tenemos las fechas en las que podríamos hacer las indagatorias”, confirmó el magistrado a una radio provincial. Se trataría de empleados que estaban abocadas a operaciones vinculadas con el medio ambiente y que ya habían sido desplazados por la empresa, según pudo saber PERFIL.
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Asimismo, el magistrado explicó que “no descarta la presunta omisión de controles por parte del Estado” y que por esa razón requirió nueva información al Gobierno. En ese sentido, el juez mandó ayer a allanar el Ministerio de Minería, el de Salud Pública, la Secretaría de Ambiente y Obras Sanitarias Sociedad del Estado, en busca de documentación relacionada con el derrame de 1.078.000 litros de solución cianurada ocurrido durante la tarde del sábado 12 y que recién se conoció públicamente el domingo 13.
El juez Oritja dijo que aún no maneja “ninguna hipótesis concreta” sobre las causas del incidente y se excusó de explicar a la prensa por qué decidió levantar la clausura a la planta de lixiviación de la mina Veladero, cuando en un primer momento se había extendido la suspensión de operar con cianuro hasta el 22 de octubre. La decisión causó fuertes críticas de organizaciones ambientalistas que advirtieron que “aún no hay precisiones de los daños ambientales que puede haber causado el derrame” (ver recuadro).
En tanto, anoche asambleístas de Jáchal marcharon junto a ambientalistas por el microcentro de la capital provincial para reclamar que la empresa Barrick repare el daño ambiental causado por el derrame de agua cianurada. Cerca de cuatro mil personas se reunieron en la plaza 25 de Mayo, frente a la Catedral, con carteles que pedían la prohibición de la “megaminería contaminante” y exigían la renuncia del ministro de Minería, Felipe Saavedra. La marcha había sido convocada por la asamblea Jáchal no se toca, a la que se sumaron ambientalistas de Famatina, La Rioja, y de Malargüe, Mendoza.
Contradicciones. El domingo 13 de septiembre por la noche vecinos de Jáchal fueron alertados de un derrame de solución cianurada en Veladero gracias a que un empleado de la mina envió un mensaje de WhatsApp a un familiar advirtiéndole que “no tome agua de la canilla”.
En un primer momento se habló de 15 mil litros, pero luego en un informe preliminar presentado al Gobierno el 17 de septiembre la empresa reconoció que el vertido tóxico llegaba a 224 mil. Finalmente, Barrick rectificó esta semana la cifra. En un comunicado confirmó que fueron 1.078.000 los litros volcados, un volumen 66 veces superior al que circuló originalmente por las redes sociales.
Estas contradicciones e inexactitudes generaron desconfianza y bronca entre la población de Jáchal e Iglesia, donde aún persisten dudas sobre la contaminación del agua. Esto a pesar de que Barrick confirmó que desde el martes 15 de septiembre “todas las mediciones ratifican que no existe presencia de solución cianurada en ninguno de los cursos de agua de las cuencas hídricas desde la mina Veladero hasta la localidad de Jáchal”. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) presentó esta semana al gobierno provincial una propuesta para un monitoreo integral de los cuerpos de agua en el área de influencia de la mina Veladero, pero aún no se sabe si será aceptada.
Piden peritos imparciales
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas manifestaron su “profunda preocupación” por la reciente resolución del juez Pablo Oritja de levantar la medida cautelar que impedía a la empresa Barrick Gold operar con cianuro en la mina Veladero. Las organizaciones exigen el esclarecimiento del incidente –cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente y la dimensión de la superficie afectada por el derrame– con intervención de peritos imparciales, y que se hagan públicos tanto los resultados de los informes técnicos como las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas
