El 8º Contreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, 1990, ¡31 años atrás!), aprobó un programa llamado “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
Es un extenso y pormenorizado documento, aún vigente y necesario para poner blanco sobre negro qué pueden y qué no las fuerzas de seguridad de cada país cuando se trata de encarar situaciones de enfrentamiento con delincuentes o no, como acaba de suceder con el caso de los jóvenes baleados por policías días atrás. Quiero apoyarme en ese instrumento normativo que la ONU propone a sus países miembros, porque sus afirmaciones quedan fuera del debate jurídico, institucional y político que se genera cada vez que una fuerza de seguridad o policial ejerce violencia de manera ilegal en la Argentina. Reproduciré, entonces, algunos puntos del documento:
“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
“En las circunstancias previstas en el principio (anterior), los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños
graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso”.
Estos principios, que deberían ser cumplidos al pie de la letra por quienes tienen alguna forma de participación o responsabilidad en la política pública vinculada a la seguridad, han sido violados, indudablemente, por quienes cometieron el delito. Pero no es menor la culpa que les cabe a quienes conducen las fuerzas de seguridad en el país –no importa qué jurisdicción sea– y también –en la misma proporción– a personajes que inciden directamente en la opinión pública.
Cuando –en campaña preelectoral o no– candidatos que buscan arañar algún puntito de votantes dicen a viva voz que la policía debe “meter bala” sin que importen las consecuencias letales, o que hay que salir en defensa de “la vida”, de las “víctimas”, de la paz social y otras expresiones por el estilo (incluyendo la promoción de medidas para liberar la venta de armas), provocan bastante más que alguno que otro título rimbombante. Provocan violencia, incitan a reprimir sin
barreras, otorgar un bill de inmunidad a quienes deberían tener la tarea de enfrentar el delito a como dé lugar.
Y del lado de la comunicación, juguetean con la labilidad de una ética periodística ausente en buena parte de quienes ejercen esta profesión en medios tradicionales o en las redes sociales.
Entonces: no son solo quienes aprietan los gatillos los culpables del delito de matar o herir a inocentes; también lo son quienes los apañan, cubren, promueven, dotan de una ideología de muerte y tienen voz en los medios.
