Desde que finalizó la última dictadura, todos los presidentes electos coincidieron, con sus más y sus menos, en dos premisas fundamentales sobre las que se cimentó el edificio en el que se consolidó la democracia argentina: condenar a las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Golpe de 1976, y evitar que los militares pudieran volver a constituirse como un actor político de trascendencia. Se trataba de un acuerdo básico, quizá la única política de Estado, que pudo consensuar la dirigencia en su conjunto desde 1983. Hasta que irrumpió Javier Milei.
Para el líder de la Libertad Avanza, es hora de que la sociedad modifique su imagen sobre las Fuerzas Armadas porque, asegura, es tiempo de olvidar los crímenes que se cometieron. Se termina así el consenso en torno a la primavera democrática y al Juicio a las Juntas, que está cumpliendo en estos días, su cuadragésimo aniversario. Hay que decirlo: es el fin del Nunca Más. Milei sostiene que los militares ya no tienen que pedir perdón (aunque nunca lo hicieron) por los desaparecidos, por el robo de bebés y por el plan sistemático de violaciones a los derechos humanos. Propone, de esa forma, inaugurar una nueva, y gloriosa, era para las Fuerzas Armadas.
En ese contexto, la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa no puede leerse como un simple dato anecdótico, sino que representa una señal política contundente: por primera vez desde la recuperación de la democracia, un militar en actividad ocupará la cartera encargada de garantizar la subordinación civil de las Fuerzas Armadas. La decisión que se conoció esta semana anticipa, que no queden dudas, una compleja etapa para la futura relación entre los militares y el resto de la sociedad. Presti, por caso, nunca se expresó sobre el terrorismo de Estado que se desató entre 1976 y 1983. Sin embargo, guarda una filiación personal al respecto.
El fallecido padre del nuevo ministro de Defensa, Roque Carlos Presti, fue un militar acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Presti padre estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, a cargo de la represión del área 13, que controló los Centros Clandestinos de Detención La Cacha, Pozo de Arana y Comisaría 5ta, entre otros. Entre los crímenes por los que estuvo imputado figura el operativo en la casa Teruggi-Mariani, de donde fue secuestrada Clara Anahí, de tres meses, y quien aún sigue siendo buscada por Abuelas de Plaza de Mayo. Clara es nieta de la fallecida Chicha Mariani, histórica activista por los derechos humanos, fundadora y una de las primeras presidentas de Abuelas.
La designación de Presti se produce en el marco de un fenómeno que se ya se viene visualizando en Defensa, donde se han auspiciado cursos y seminarios que promueven una relectura de lo ocurrido durante la dictadura, bajo el paradigma de lo que desde el oficialismo se denomina “verdad completa”. Son espacios que relativizan las responsabilidades de los militares en las violaciones a los derechos humanos y están plagados de posturas negacionistas. Ayer, por caso, se realizó en Plaza de Mayo la primera marcha de familiares de represores para reclamar por la impunidad de los acusados y para exigir el fin de los juicios de lesa humanidad. La manifestación fue convocada por la organización Pañuelos Negros, que reivindica el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Esta revisión del pasado reciente podría encontrar en la nueva conducción de Defensa un clima de mayor receptividad.
Milei rompe el consenso que unió a los presidentes desde 1983.
“No hay soberanía, no hay respeto internacional por nuestros intereses, si la dirigencia política hace hasta lo imposible para ensuciar el nombre de nuestras Fuerzas Armadas. En los años donde se consolidó nuestra soberanía, las Fuerzas Armadas eran valoradas por el conjunto de la dirigencia y por la sociedad. Vestir un uniforme era motivo de enorme orgullo. La política ha querido borrar esto de nuestra memoria colectiva, hostigando y humillando a nuestras Fuerzas Armadas”, sostuvo Milei el 2 de abril pasado, en un acto frente a militares y ex combatientes por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Pero ocurre que hay muchos uniformados que aún siguen siendo juzgados por delitos cometidos entre 1976 y 1983. El Juicio a las Juntas Militares, primero, y la apertura de causas por la memoria, la verdad y la justicia, más tarde, representan un antecedente internacional y ejemplificador para demostrar al resto de los países del mundo cómo iniciar procesos reparadores sobre dictaduras que violan derechos humanos. Luego del histórico fallo de 1985 contra los genocidas, desde 2006 y hasta la asunción de Milei se dictaron 307 sentencias contra represores que cometieron delitos durante la dictadura, con un total de 1.159 condenas. No se trata de estar anclado al pasado, sino de juzgar crímenes que son de lesa humanidad y no prescriben.
Ocurre que ese pasado en disputa sobre el accionar de los militares en la Argentina reciente ha dejado secuelas muy profundas en la sociedad. Según el Latinobarómetro 2024, el promedio de confianza en las Fuerzas Armadas en América Latina es del 43%. Se observa que en algunos países la consideración es muy alta: El Salvador 68%, Ecuador 66%, Chile 60%, Uruguay 58% y República Dominicana 57%. En Argentina, en cambio, los datos son muy diferentes: los militares solo reciben un 13% de apoyo (7% de “mucha confianza”, 6% de “algo de confianza”).
Por otro lado, el Latinobarómetro 2024 también advierte que hay señales del resurgir de “un aire a autoritarismo” en la región. Según el reporte, un porcentaje importante de encuestados considera que algunas instituciones democráticas (partidos, parlamentos, elecciones cada dos años) no son tan necesarias. Lo que podría interpretarse en parte como un sentimiento de que las Fuerzas Armadas, o instituciones más “fuertes” o “jerárquicas”, podrían asumir un papel atractivo para cierta parte de la población en un contexto de desconfianza de la política tradicional. En ese marco, el 35% de los latinoamericanos dice que “apoyarían un gobierno militar” si las cosas se pusieran difíciles. En cambio, cuando a los argentinos se los consulta si, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, solo un 6% responde afirmativamente.
El 13% de los argentinos valora las FFAA y el 6% apoyaría un gobierno militar.
Milei pretende que Presti jure en el Ministerio de Defensa vistiendo su uniforme militar, en un acto en el que se presentarán los aviones F-16, que Argentina acaba de comprar a Dinamarca por exigencia de Estados Unidos. El despliegue militar en medio de una ceremonia cívica le otorgaría a la asunción de Presti un alto sentido de espectacularidad. Pero hay algo más: el Gobierno impulsa la idea de que el nuevo ministro cumpla su mandato sin renunciar formalmente a su rol militar. El propio jefe del Ejército exigió permanecer bajo disponibilidad, un rango por el que seguirá siendo miembro de las Fuerzas Armadas. No ocupará un destino ni tendrá funciones activas, pero no estará retirado. Presti continuará cobrando un sueldo como militar y podrá ser convocado en el futuro por el Ejército.
El debate sobre militares que ejercen el control de un Ministerio de Defensa no se produce solo en Argentina, a partir del legado trágico que provocó la última dictadura. En Estados Unidos, por ejemplo, donde los uniformados ostentan una estima mucho más elevada por un amplio sector de la sociedad, un miembro del Ejército debe esperar al menos siete años luego de haberse dado de baja para poder convertirse en responsable del Pentágono. Lo mismo ocurre en todos los sistemas democráticos de Europa, en los que Defensa debe estar encabezada por un civil. El control ciudadano sobre las Fuerzas Armadas también se repite en el resto de las sistemas constitucionales, desde Brasil, Chile y Colombia, hasta Sudáfrica, Australia y Canadá. Un militar en actividad solo puede asumir como ministro de Defensa en dictaduras como Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, Myanmar o Siria. ¿Viva la libertad?
Samuel Huntington fue uno de los primeros cientistas sociales en repensar la constante tensión entre ciudadanía y militarización. Lo hizo en el marco de la postguerra y defendió la “objetividad” como forma de supervisión cívica sobre el sector castrense, no de su neutralización. En El Soldado y el Estado: La Teoría y la Política de las Relaciones Cívico-Militares, el gran politólogo estadounidense propuso en 1957 la figura del control civil objetivo, según la cual la mejor manera de ejercer influencia sobre las Fuerzas Armadas es profesionalizarlas. Esto contrasta con el control civil subjetivo, que implica imponer restricciones legales e institucionales a la autonomía militar. Más recientemente, Peter Feaver, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Stanford, reformuló el problema a través del dilema militar-funcionario. ¿Cómo hacen los civiles para vigilar a militares que se convierten en funcionarios? Feaver publicó en 2003 Funcionarios armados, donde advirtió sobre el desafío que presentan las democracias frente a militares que poseen poder, armamento e información que los civiles no tienen.
Ambos autores advierten que el control civil de las Fuerzas Armadas requiere transparencia, marcos legales y mecanismos de supervisión que garanticen el imperio de la ley. En la práctica eso implica mayor fiscalización parlamentaria, garantías para el acceso judicial a archivos castrenses y protección institucional a fiscales y jueces que investigan delitos de lesa humanidad. Si no se toman en cuenta esas medidas, la supuesta eficacia técnica del militar que se convierte en ministro perderá su razón de ser frente al daño institucional que recaerá sobre la sociedad. Este marco teórico explica por qué el nombramiento de un militar en actividad en el Ministerio de Defensa no es un asunto menor para la democracia, sino todo lo contrario. Milei debería leer a Huntington y a Feaver.
¿Presti estará al servicio del orden civil o se subordinará a su mandato militar? ¿Será un funcionario que hablará en nombre de un gobierno democrático o lo hará en nombre de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasará, entonces, con el legado del Nunca Más, que la sociedad argentina ha construido con tanto esfuerzo en estas últimas cuatro décadas? Argentina empezará en breve a transitar interrogantes que no se habían planteado desde el fin de la dictadura.
