Con 1 de cada 3 homicidios en el planeta, América Latina se ha transformado progresivamente en la región más violenta. Se estima que las víctimas totales a partir del ingreso al nuevo milenio ascienden aproximadamente a 2,7 millones, registrando actualmente una media de 21,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble del segundo promedio regional más alto a cargo de Africa subsahariana. Solo Brasil, Colombia, México y Venezuela son responsables de 1 de cada 4 homicidios en todo el mundo. América Latina es también el hogar de cuarenta de las cincuenta ciudades más peligrosas.
De acuerdo con estimativos correspondientes al año 2017, Venezuela lidera el ranking con 89 homicidios por cada 100 mil habitantes, con cerca del 20% de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad. Aunque El Salvador ocupa el segundo lugar con 60 homicidios por cada 100 mil habitantes, los registros oficiales sugieren una considerable disminución con respecto al año 2016, cuando los 80 homicidios por 100 cada mil habitantes lo ubicaron en el tope del ranking regional. Jamaica, por su parte, completa el podio con una tasa de 55,7 homicidios, marcando un incremento interanual del 20%.
¿Dónde se ubica nuestro país con respeto a la región? A pesar de contar con una población altamente preocupada por el crimen, Argentina cuenta con la segunda tasa de homicidios más baja de América Latina, ubicada únicamente detrás de Chile, país que cuenta con tan solo 3,3 homicidios cada 100 mil habitantes.
En 2017, en nuestro país se registró una tasa de 5,2 homicidios, una cifra considerablemente menor a los 6 y 6,6 homicidios cada 100 habitantes correspondientes a 2016 y 2015 respectivamente. No menos significativo, principalmente por la reversión de la tendencia al alza a partir de 2006, es el descenso progresivo de los delitos contra la propiedad. Según los últimos datos oficiales, la tasa pasó de 1.999 hechos cada 100 mil habitantes en 2015, a 1.942 en 2016 y 1.828 en 2017.
Aunque todavía incipientes, los datos objetivos de la inseguridad en Argentina indican una tendencia a la baja durante los últimos años. Tanto los delitos contra las personas, especialmente los homicidios dolosos, como los delitos contra la propiedad, han disminuido progresivamente desde la victoria de Cambiemos en 2015. Desde el gobierno nacional atribuyen los avances en la materia a un mejor diagnóstico, una mayor efectividad en los organismos encargados de la inteligencia criminal, y un policiamiento más dinámico y descentralizado del territorio argentino. En términos presupuestarios, sin embargo, los esfuerzos del Gobierno no han sido acompañados por un incremento en las partidas de seguridad. Al contrario, las erogaciones en esta área han disminuido gradualmente, pasando de un 2,95% del presupuesto general en 2015 a un 2,52% en 2018.
Los últimos datos disponibles, en definitiva, confirman que Argentina ha escapado a la ola de violencia característica de muchos países de la región. Pero la relativa estabilización de los principales índices del delito no ha obstaculizado los esfuerzos recurrentes del gobierno nacional por avanzar en iniciativas más agresivas contra la inseguridad. A pesar de que la experiencia comparada a nivel internacional indica que las estrategias de mano dura han fracasado, propuestas como la deportación de extranjeros, la disminución de la edad de imputabilidad o incluso el involucramiento de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior siguen tomando impulso dentro del Gobierno. Frente a este escenario, resulta imprescindible avanzar en estrategias integradoras que permitan afrontar amenazas más difusas, pero vinculadas con el delito, como la deserción escolar, la distribución inequitativa del ingreso, el crecimiento urbano acelerado y la descomposición de los contextos de socialización como el barrio y la familia.
*Ph D. Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Universidad Nacional de La Rioja.
