El comienzo de la historia podría situarse mucho más atrás, pero para atisbar la magnitud de lo ocurrido en la provincia emblema de Cuyo alcanza con remitirse al miércoles 18 de diciembre pasado, cuando el presidente Alberto Fernández dijo: “La minería es un tema primordial. En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera”. Lo hizo en el almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), del que también participaron distintos representantes del empresariado local como Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Cristiano Ratazzi (Fiat), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Héctor Magnetto (Grupo Clarín) y Alfredo Coto (Coto), entre otros. La ley anunciada, en rigor, se sancionó el viernes 20 de diciembre mediante un trámite parlamentario relámpago, y el gobernador Rodolfo Suárez no tardó en hacerla pública. El acuerdo entre el gobierno nacional y la oposición parecía marcar un rumbo seguro en favor de la megaminería.
Sin embargo, con una organización inaudita en otras regiones del país, los mendocinos le dieron vuelta la taba a la decisión de un poderosísimo núcleo político-empresarial entornado en el negocio minero que, en su conjunto y más allá del partidismo, pareció no saber con qué bueyes araba, subestimando el poder de un entramado social erigido como antagonista relevante. Rebautizada como “Ley cianuro”, la ley 9.209 que pretendió dejar a tras a su antecesora, la 7722 (que había sido elaborada con consenso popular y atenta al cuidado del medio ambiente y, en espacial, del agua) nació, según enseña la ciencia jurídica, “desuetuda”, es decir, en desuso. Es que el derecho positivo tiene entre sus condiciones ineludibles que la legislación permee entre aquellos a quienes contempla, por lo que una movilización de rechazo con las características de la de Mendoza califica como una conducta mayoritaria contra legem e invalida lo que fue dictado sin consenso real, más allá de su paso por el Senado o su publicación en el Boletín Oficial.
Según el célebre filósofo argentino del derecho Carlos Cossio: “El entendimiento societario emerge cuando cada uno hace aquello que los demás esperan que haga en su situación. Con ello cada uno entra, sin fricciones, en la integración del proyecto existencial de la vida personal de los demás y abre así el horizonte de los valores coexistenciales. Justicia es, precisamente, el viejo nombre del entendimiento societario”. ¿Qué propició, entonces, el entendimiento de los mendocinos? La unidad de concepción y de acción desde abajo. Los miles que llegaron a caminar bajo el sol del desierto más de un centenar de kilómetros para acercarse a la Casa de Gobierno sostienen desde hace años un pensamiento tan básico como esencial: “El agua de Mendoza no se negocia”, y en esto no hay bandos opuestos ni internas.
El gobierno nacional tuvo la inteligencia de erigirse en espectador del fenómeno y guardar silencio, pero no fue igual el caso del gobernador Suarez, quien pretendió al comienzo una suspensión de dudoso sostén legal, para terminar en la derogación aclamada. Hay que aclarar que el gobernador jamás se había manifestado en contra de la minería y así fue electo porque el problema de los mendocinos no pasó por negar la explotación minera sino por impedir que se haga de forma contaminante y cruel.
En definitiva, el fenómeno mendocino puso de manifiesto una distancia –que a veces se olvida, pero nunca deja de existir– entre los gobernantes y sus votantes, y constata que aún se puede torcer el rumbo de las decisiones que no representan el interés de las mayorías. Después de más de una década de una Argentina signada por las grietas, el ejemplo de Mendoza quizás renueve la esperanza en la vigencia de aquella frase utópica, trillada, pero harto conocida en todos los niveles de la sociedad: el pueblo unido jamás será vencido.
*Periodista y guionista.
