Dispuesto a quemar las naves, Alberto Fernández se ha adentrado en un laberinto de consecuencias inciertas y malas no sólo para el país sino también para su gobierno. El intento de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema genera un conflicto de poderes que paralizará al Congreso durante todo el año.
Las consecuencias más duras las sufrirá el propio Poder Ejecutivo ya que algunas leyes imprescindibles para su gestión quedarán en la nada. Uno de los más afectados será el ministro de Economía quien apostaba a que algunos proyectos como el de blanqueo de capitales le aportara los dólares que le siguen faltando a las magras reservas del Banco Central.
Todo –absolutamente todo– tiene ribetes disparatados. Desde la nómina de testigos propuestos por el oficialismo hasta la cantidad de proyectos –27– ingresados al período de sesiones extraordinarias que durarán poco más de un mes. Va de suyo que ninguno de ellos tiene el más mínimo viso de ser aprobado. Está claro, pues, que esto responde a una estrategia de campaña electoral. La idea es atribuirle a la oposición la culpa por la parálisis del Congreso. Vale la pena recordar que el 2022 fue uno de los años para olvidar en materia de actividad legislativa con sólo 37 leyes sancionadas y uno de los números más bajos en la cantidad de sesiones de los últimos diez años.
El Presidente ha terminado de incorporar como herramienta de gestión la metodología del kirchnerismo duro, es decir, la idea de destruir todo sin importar sus consecuencias.
Una de las herramientas fundamentales del kirchnerismo es la mentira. Al respecto, AF se ha transformado en un verdadero heraldo del embuste. En estas horas pulula por las redes el reportaje que el 19 de julio de 2019 le hizo por Cadena 3 el inolvidable Mario Pereyra. Durante esa entrevista, Fernández negó enfáticamente que estuviera dispuesto a cambiar la Justicia. “Grábelo, guárdelo de recuerdo, porque después no me va a poder retrucar nada”, completó con tono de ofuscación el entonces candidato presidencial del Frente de Todos contra Todos.
Nada de esto tiene que ver con la realidad que sufren todos los argentinos. La inflación de diciembre que alcanzó el 5,1% es una demostración más del fracaso de la actual administración. El año cerró con el 94,8% que, para el Gobierno es una victoria sólo por el hecho de no haber tocado el 100%. Se trata de arrebatarle a los medios de comunicación más críticos un título demoledor, como si haber quedado a las puertas de esa cifra no fuera ya una vergüenza suficiente.
Escuchar a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmar que se cumplieron los objetivos inflacionarios de la gestión de Sergio Massa exhibe el desprecio por lo que le sucede en el día a día a los que menos tienen. La proyección del índice de inflación para el corriente año es el principal obstáculo que tiene el ministro para lanzar su candidatura presidencial. Massa es otro de los que ha hecho de la mentira un modus operandi. La bandera de largada del año electoral profundizará los disparates discursivos, la mentira y el todo vale. En tono de campaña: Alberto Fernández dijo que “Siente que cumplió su palabra” y que quien dejó “gente hambrienta se llama Macri”. El Presidente no tolera la imagen que le devuelve el espejo. No tolera que cada vez más gente le reproche sus acciones y que el archivo no lo perdone. Él mismo ha destruido su carrera política, algo que definitivamente lo perturba. Sus asesores deberían revisar seriamente los actos y apariciones públicas que le ponen en su agenda de actividades oficiales. AF visitó el pasado lunes la ciudad costera de Miramar para anunciar la construcción de una cancha de hockey financiada por el Gobierno. Se trata de un anuncio que le quedaría grande al mismísimo intendente, pero allí estuvo el Presidente que se retiró del lugar insultado por vecinos y veraneantes.
La incorporación del sindicato de Camioneros a los controles realizados en el marco del programa Precios Cuidados, es otro de los disparates de última hora. Un sindicato que hace del apriete y la extorsión una bandera. Oscar Borda, el jefe de Logística de Camioneros y hombre de confianza de los Moyano participa activamente de los nuevos controles. Su nombre salió a la luz cuando el 21 de septiembre pasado ingresó de manera violenta con cincuenta patoteros a golpear al dueño de la empresa Milo, en Avellaneda. Dejaron destrozos y trabajadores heridos. Las cámaras de seguridad registraron todo y una jueza ordenó su detención. Pero la causa no avanzó y Borda descansa tranquilo bajo el ala de los Moyano.
El secretario de Comercio, Matías Tombolini, defendió en Twitter la medida: “Junto a Pablo Moyano sumamos la colaboración de Camioneros para que los trabajadores de la rama logística del gremio aporten en la verificación del cumplimiento. Trabajamos para que las familias argentinas paguen lo que es justo en cada compra”. Otro de los que hace tiempo que ya no se pone colorado es el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren quien objetó el modo de cobertura que los medios hicieron del caso: “Podríamos poner otras tapas más optimistas, de cómo está creciendo la economía. Hay cosas lindas para mostrar en la Argentina”.
Detrás del escritorio casi todos pierden la brújula y someten al país al reino del revés.
Nuestro país arrastra décadas de decadencia y no asoma en el horizonte una posibilidad certera de cambio. La oposición debería tomar nota de esto y dejar de pulular en la intrascendencia si de verdad quiere modificar el rumbo y devolverle a los argentinos algo de lo que han perdido después de tantos años de impericia, mentiras y sufrimiento.
