Las obsesiones de Cristina Fernández de Kirchner son las que hoy en día marcan la agenda del Gobierno. Así como en sus dos mandatos como presidenta, la hoy vicepresidenta tuvo en el centro de sus caprichos a los medios en general y a Clarín en particular, ese lugar es ocupado hoy por la Justicia. La condena contra CFK en la causa Vialidad y el fallo de la Corte Suprema ordenando la devolución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los fondos suprimidos en septiembre de 2020 –y otorgados a Axel Kicillof– fueron los disparadores de esta ofensiva alocada del Gobierno contra la Corte.
Lo lamentable, pero no sorprendente, es que el presidente Alberto Fernández se ha sumado a esa iniciativa disparatada y nociva para su propia administración. Es difícil entender el pensamiento del primer mandatario que sabe que, por más vueltas que le busque, el juicio político contra los cuatro ministros de la Corte no prosperará porque el oficialismo no cuenta en el Congreso con los votos suficientes para hacerlo avanzar.
Tampoco es fácil de comprender que, a pesar del desprecio que CFK le profesa en público y en privado, intente seguir complaciéndola a costa de someter su propia persona al ridículo. “Sabemos que no tenemos los votos pero intentaremos destruir la imagen pública de los integrantes de la Corte. lo que pretendemos es ensuciarlos a más no poder”, señala una voz kirchnerista con brutal sinceridad.
Todo es historia. Nada de esto es nuevo en la historia del peronismo. Durante su primera presidencia, el general Juan Domingo Perón ordenó enjuiciar a todos los integrantes de la Corte por haber convalidado los golpes militares de 1930 y 1943. La sentencia, dictada el 30 de abril de 1947, determinó la remoción de todos los ministros del cuerpo, con excepción del Dr. Juan Repetto, que renunció previo al juicio. Lo curioso es que el mismo Perón había participado de esos dos golpes de Estado.
En 1990, el entonces presidente Carlos Menem decretó el aumento del número de miembros de la Corte de cinco a nueve, nombrando para los nuevos cargos a jueces adictos. El 14 de junio de 2003, el ex presidente Néstor Kirchner anunció la sustanciación del juicio político a cinco de los nueve miembros del máximo tribunal. Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y Antonio Boggiano. Los tres primeros renunciaron y los dos restantes fueron finalmente destituidos.
En 2006, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner propuso la reducción del número de integrantes del Consejo de la Magistratura, que pasó de tener 20 a 13 miembros. Ello significó un mayor peso en el cuerpo de los representantes políticos que, en virtud de la mayoría que tenía le dio al kirchnersimo un enorme poder para designar jueces afines y remover a quienes no lo eran.
En 2021 –quince años después de sancionada– esa reforma fue finalmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema. En 2013, CFK impulsó la llamada “Democratización de la Justicia”, proyecto que fue aprobado por el Congreso y declarado inconstitucional por la Corte.
Y para completar este resumen de los intentos del kirchnerismo de anular la independencia judicial y obtener la suma del poder público, hay que recordar el desplazamiento del procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa –hombre de gran valor y apego a la ley en tierra kirchnerista–, que había comenzado a investigar los actos de corrupción cometidos por Néstor Kirchner cuando se desempeñó como gobernador. Alberto Fernández había prometido oponerse a estas maniobras claramente anti republicanas del kirchnerismo. Hoy vemos que eso era mentira. Una más para su colección.
Pedidos e internas. Desde el oficialismo se esfuerzan por demostrar que el pedido de juicio político a la Corte será ordenado y con total apego a las normas. Fue un pedido directo de Alberto F, según confesó públicamente Germán Martínez, el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados: “Nos pidió ser muy argumentativos, fundamentar todo, darle mucha seriedad institucional al proceso y tratar de que sea un espacio con muchos argumentos y pocas chicanas”.
Tampoco quieren ni pueden darle a la filtración ilegal de los chats que involucran al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, el lugar que les gustaría. Hay que cuidar las apariencias pero la intromisión de un poder sobre el otro, bien gracias.
Dentro de Juntos por el Cambio la defensa del ministro fue bastante tibia. Hay quienes creen dentro de la coalición opositora que el kirchnerismo continuará filtrando información a cuentagotas para perjudicarlos más cerca del desarrollo de la campaña.
Este ha sido un tema más para ahondar las diferencias que subyacen en el seno de la oposición. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no darle el respaldo suficiente a D’Alessandro y pidió que la justicia investigue si César Milani está detrás de la filtración ilegal de los chats que involucran al ministro. Parte de la UCR también puso reparos.
Asoma una campaña difícil, larga y con los ciudadanos en un triste segundo plano.
