El presidente Alberto Fernández y profesor de derecho –como le gusta enfatizar– fue protagonista, una vez más, de llevar a la Argentina al abismo, empujado por una parte significativa del Frente de Todos contra Todos, más un grupo de 14 gobernadores peronistas.
El fallo de la Corte Suprema que ordenó la restitución del porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad de Buenos Aires en tiempos de pandemia, dinamitó los nervios de la vicepresidenta en funciones y sus laderos.
La labilidad del Presidente no deja de sorprender, a pesar de que ya ha hecho historia por su incapacidad para resistir cualquier archivo. Esta vez arremetió con furia contra el máximo tribunal, aseguró en línea con la mayoría de los gobernadores peronistas que “el fallo es de imposible cumplimiento” y llegó a decir más adelante: “La Corte no me puede decir que le pague a la ciudad”. Resultado: en menos de siete días tuvo que volver sobre sus pasos. El gobierno nacional, luego de tamaño circo que dejó al país en medio de un conflicto de poderes, pagará a la ciudad con bonos. El pequeño elenco de moderados invitó a pensar al profesor de derecho para que entienda que estaba incurriendo en un alzamiento contra otro poder del Estado. La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, fue una de las personas de confianza del Presidente que lo hicieron reflexionar. Pero hay otros motivos. La lluvia de denuncias penales fue torrencial, y el tembladeral en la economía era una amenaza de ejecución casi automática.
El procurador General porteño, Gabriel Astarloa, denunció el martes penalmente al presidente Alberto Fernández por el delito de desobediencia del fallo de la Corte. La Ciudad no fue la única. La presentación en tribunales se sumó a otras similares radicadas por legisladores de la oposición. El PRO, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y otros legisladores de JxC, como Graciela Ocaña, avanzaron con diferentes denuncias penales que se diferenciaban solo por su dureza y alcance. Alberto Fernández, Juan Luis Manzur –jefe de Gabinete de Ministros–, Sergio Massa –ministro de Economía–, Raúl Rigo –secretario de Hacienda–, Wado de Pedro –ministro del Interior– y Silvina Batakis –presidenta del Banco de la Nación– entre otros, por la presunta comisión de los delitos de sedición, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia.
El ministro de Economía, Sergio Massa, además de ser uno de los primeros en intentar despegarse de la maniobra, lógicamente puso el grito en el cielo. “Sergio no puede creer que hayamos hecho todo lo posible para llegar a fin de año con relativa tranquilidad y ahora dinamiten todo con esta jugada infantil”, repetían en su entorno. De hecho, hay quienes afirman que fue suya la idea de pagar con bonos a la ciudad para salir del planteo de desobediencia que no hizo otra cosa que recalentar la economía por la falta de seguridad jurídica que implicaba la postura inicial. El mejor ejemplo fue la disparada del dólar, que alcanzó el récord de 356 pesos a mitad de la semana.
Cuentan fuentes del Palacio de Hacienda que el secretario Raúl Rigo estaba furioso y muy preocupado. Lo mismo dejaron trascender desde el Banco Nación. Silvina Batakis había logrado olvidar por un momento su triste y fugaz paso por el Ministerio de Economía y ahora debía afrontar una serie de denuncias que la ponían contra las cuerdas. En un gobierno que se maneja con reacciones viscerales e impulsos repetitivos que no pasan por el tamiz del lóbulo frontal de sus principales funcionarios, todos están en peligro.
El desacato hacia la Corte hubiera dejado a la Argentina al mismo nivel que Venezuela. Desde la Casa Blanca no tardaron en advertir la situación. En medio de los planes y el delicado equilibrio con el Fondo Monetario Internacional, esto no le convenía a nadie, y los representantes de los Estado Unidos en el país se lo hicieron saber a los funcionarios argentinos. Todo se volvería mucho más complicado.
Del otro lado de la grieta, Horacio Rodríguez Larreta buscó capitalizar el papelón a su favor. Se endureció y se mostró renuente a aceptar el pago de la deuda por coparticipación en bonos y aprovechó para sumar a su gobierno y a su equipo presidencial nuevos y viejos nombres. El más destacado es el expresidente del Banco Central Martín Redrado. Sin embargo, los desencuentros siguen a la orden del día en No tan Juntos por el Cambio. Es increíble que la coalición opositora con más chances de hacerse cargo de un próximo gobierno no logre refinar sus modales en la discusión pública y ponerse a tono con lo que pide la sociedad: ejecutividad, seriedad, pero, sobre todo, unidad, paz y concordia de cara a 2023.
