Es frecuente que se plantee el tema, y está en general presente entre adultos y también muy especialmente entre los propios adolescentes, sean chicas, chicos o chiques. El enfoque de los adultos suele ser muy médico y orientado a “prevenirlo”, o sea que no haya más. Esta es una antigua discusión que últimamente está menos dirigida a la prohibición y más a la capacidad de decisión que tengan y cómo la pueden ejercer. Necesitan saber o conocer qué y cuándo les puede pasar y cómo pueden evitarlo. Ante el aumento de las relaciones sexuales entre adolescentes y entre mujeres niñas/adolescentes y varones mayores de edad, ya sean estos adolescentes o no, es ahora moneda corriente que hay mayor riesgo de embarazos en niñas/adolescentes. A esto se suma la mayor precocidad de la aparición de la menarca en las niñas, o sea desde muy tempranas edades, como los 9-10 años, ya muchas niñas han iniciado su menstruación y por lo tanto pueden quedar embarazadas si tienen relaciones sexuales no protegidas, o sea sin uso de preservativo y sin tomar o estar bajo tratamiento anticonceptivo. Dos adelantos que se deben señalar son la existencia desde 2002 de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que llevó a la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Programa que se implementa en todo el país y que ha logrado permear todos los sectores tanto de los servicios públicos como de los de obras sociales y privados. Sin embargo, aún hay lugares donde se registran resistencias y dificultades, principalmente en la atención de las adolescentes/niñas. La ley es clara en permitir el acceso a la información y a los métodos para los adolescentes, un derecho que se sustenta en la Ley 26.061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que establece la responsabilidad del Estado de asegurar el acceso a la información y a los servicios de salud, incluidos los de salud sexual y reproductiva. A esto se suma la sanción en 2006 de la Ley de Educación Sexual Integral, que establece esta educación en todos los colegios públicos y privados en todo el ciclo lectivo. La implementación de esta ley es más lenta y, si bien se han realizado múltiples esfuerzos en capacitación de los docentes y en desarrollo de tecnologías, su aplicación es más resistida por las autoridades en muchas provincias y localidades, y también, aunque en menor medida, por los docentes. Quienes sí son claros en su reclamo y pedido de que esta educación se concrete son los sectores estudiantiles, que plantean la necesidad imperiosa de contar con esa educación.
Quienes seguimos la evolución del embarazo en la adolescencia registramos con gran interés que se redujo el número de estos embarazos entre 2018 y 2022 en las adolescentes de 15 a 18 años de edad. Esta reducción no se registra en las de menos de 15 años, cuyo número permanece estable. Si miramos más finamente en las áreas en que funciona el programa ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia), esta reducción es más evidente. Esto permite reconocer que si mejoramos el vínculo entre las escuelas donde además se brinda ESI y los servicios de salud, en lo que consiste fundamentalmente el Plan ENIA, se logra disminuir estos embarazos, que dejan de ser “accidentales” porque no se pudieron o supieron evitar, y pasan a ser preferentemente por decisión en las de 15 y más años. Qué pasa en las menores de 15: esos embarazos siguen siendo mayoritariamente “accidentales”, las niñas/adolescentes ignoran que tienen derecho a recibir atención e información en los servicios de salud y la escuela no llega a cubrir esa necesidad. Frente a esta evidencia, y por ser un momento electoral inminente, vale solicitar que este programa, cualquiera que sea electo/a, se respete y profundice. Esto ocurrió en 2019, cuando se continuó el programa iniciado en el anterior gobierno. ¡Debemos exigir que lo bueno no lo destruyan!
