lunes 10 de mayo de 2021
COLUMNISTAS reforma judicial
05-09-2020 23:01

Fernández y Fernández

La vicepresidenta recibió a un histórico operador en Comodoro Py. Avanza en construir una justicia a medida.

05-09-2020 23:01

Los efectos adversos que el poder genera en las personas son complejos. El sentimiento de omnipotencia se despliega en toda su dimensión, aparecen comportamientos extravagantes, sorprendentes y, a veces, contradictorios e inexplicables. ¿Cómo explicar que un presidente que amenazó con someter a un proceso penal a los que durante esta larga cuarentena se reunieran en un domicilio invite a Olivos a Hugo Moyano y parte de su familia a compartir un almuerzo que incluyó una foto sin barbijo y sin distanciamiento social?  

En la dinámica psicológica del ejercicio del poder se distinguen tres rasgos esenciales: el absolutismo, la hegemonía y la intolerancia.

Salvo excepciones, quien ocupa una posición de poder busca siempre el absolutismo, la totalidad del poder. Para eso necesita la implantación del pensamiento hegemónico. Es ese afán de hegemonía el que hace que el poderoso sea un ser intolerante frente al pensamiento distinto.

La democracia como concepción política y la república como sistema representan las barreras que las sociedades crearon para poner freno a esos desvaríos que llenan páginas de la historia.  

Alberto Fernández llegó a la presidencia de la Nación con una promesa que hizo pública a lo largo de toda su campaña: terminar con la división política profunda que, como una nube tóxica, se ha venido extendiendo a lo largo y a lo ancho del país desde hace años. Dividió Néstor Kirchner; dividió y divide Cristina Fernández de Kirchner; dividió y divide Mauricio Macri.

"No solo debemos tolerar al que piensa distinto. Con eso no alcanza. Debemos respetarlo", dijo decenas de veces el hoy presidente durante el tiempo electoral. Por eso causó estupor –y alarma– cuando, en la reunión del peronismo que hubo en la semana que pasó, expresó: “No veo la hora de que esta pandemia se termine, porque estoy seguro de que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo, un banderazo de los argentinos de bien".

Nadie sabe aún si el Dr. Fernández se ha dado cuenta de la barrabasada que representa su infeliz frase. Cuando a la diversidad de ideas –es decir, el pluralismo– se la encuadra dentro de la categoría del bien y del mal, no hay posibilidad de convivencia posible. Si el que piensa diferente representa el mal no hay posibilidad de diálogo. Con el mal no se dialoga.  

El mal es intolerable. El pensamiento diferente enriquece ya por el mismo proceso intelectual de analizarlo ya sea para coincidir o para rebatirlo. Al mal se lo combate. Al pensamiento diferente, en cambio, se lo debate.

El concepto de identificar al otro con el mal nos conduce directamente a la categoría de amigo-enemigo de tan nefasta y lamentable raigambre en la historia de la Argentina.

Cuando en la noche del sábado 18 de noviembre de 1972 el general Juan Domingo Perón se abrazó en su casa de la calle Gaspar Campos con el Dr. Ricardo Balbín, le dijo: “El pueblo todo quiere que usted y yo nos unamos. Nos hemos peleado inútilmente durante 25 años”. Lo triste fue que, cuando se dieron cuenta de lo estéril de esas disputas feroces, ya se les había ido la vida.

Ahora, las tomas de Tierra. Las tomas, actos ilegales, nunca son producto del azar. Hay detrás una maquinaria política, legal y económica que se monta sobre la acuciante necesidad de miles de personas por no tener una vivienda digna. Hace unas pocas semanas, más allá de sus habituales comentarios provocadores, Juan Grabois aludió a las tomas, lo que fue una advertencia sobre algo inminente. Al hacerlo, puso al oficialismo en un brete en el que aún está. Las contradicciones y disputas que se produjeron entre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, los dirigentes del Movimiento Evita y el gobernador Axel Kicillof hablan de la confusión en ámbitos del oficialismo.

Mientras tanto, Daniel Arroyo trabaja para quitar poder a los movimientos sociales a través de la tarjeta alimentaria. La transferencia a los comedores saca intermediarios. “Del 100% del presupuesto del Ministerio, los movimientos sociales se llevaban el 25%; ese porcentaje se ha reducido al 10%”, afirman en su cercanía.

Avatares de la reforma judicial K. Tras la bochornosa sesión en Diputados del miércoles, un hecho ilustra el superlativo interés de la vicepresidenta por la reforma judicial: el encuentro previo al debate que tuvo con el auditor Javier Fernández, el histórico operador judicial del kirchnerismo en Comodoro Py.

Fernández, quien tiene mandato en la Auditoría General de la Nación hasta 2022, había caído en desgracia a fines del kirchnerato por sus contactos con Jaime Stiusso. Como tantos otros, limó asperezas con CFK, por lo que los encuentros con ella, Máximo y el representante de La Cámpora en la AGN, Juan Ignacio Forlón, son habituales.

La reforma judicial obtuvo media sanción horas después de ese encuentro, con modificaciones que incluían la eliminación de la insostenible cláusula mordaza para la prensa propuesta por el amanuense de la vice, el senador Oscar Parrilli.

Vale la pena recordar lo que opinaba Fernández sobre la reforma judicial de 2013 –una de las dos que se presentaron en los últimos veinte años según CFK– y que luego fue frenada por la Corte Suprema. “Le dije a la presidenta que iba a ser inconstitucional. Ella me dijo que no. Pero lo que hizo fue unir a todos en la corporación judicial. Estuvo mal asesorada...No hay que meterse en los poderes. Tenés que dialogar”, aconsejó Fernández en una nota a la revista Crisis, en septiembre de 2019. Por lo que se ve, CFK sigue haciendo caso omiso de los consejos del auditor Fernández. El diálogo es una práctica ausente en su conducta política.  

Los que conocen los detalles de ese diálogo aseguran que, para cumplir el rol de operador judicial que supo tener, Javier Fernández pide ser designado en el Consejo de la Magistratura. Por si alguien lo olvidó, CFK quiere un Poder Judicial sometido al Gobierno.