Las mujeres participan menos que los varones de la economía en general y del mercado de trabajo en particular. Además, a las que participan les cuesta más conseguir un empleo y, cuando lo hacen, es de menor calidad, en sectores menos dinámicos, con menor remuneración y menores oportunidades de conseguir ascensos. Estas brechas de género en el mercado de trabajo vulneran los derechos económicos de las mujeres y además obstaculizan el logro de otros derechos, como así también el desarrollo del país. Esta situación todavía permanece invisibilizada en la agenda pública, a pesar de la jerarquización de la agenda de género.
En el marco de #META, Cippec junto con ONU Mujeres, OIT y PNUD, reunió a actores del sector privado, sindicatos, movimientos sociales, academia y sociedad civil para explorar posibles caminos de acción. Las recomendaciones que surgieron de esas discusiones son para la próxima gestión de gobierno, que va a asumir luego de una campaña de alta polarización. El capital político con el que cuente el frente que asuma la presidencia se irá desgastando paulatinamente. Resulta crucial aprovechar el inicio de la gestión para implementar las medidas que sean más costosas políticamente y aquellas que resulten más efectivas para luego garantizar la implementación de las restantes.
Los primeros 100 días deben ser invertidos en traducir el capital político ganado en elevar la agenda económica de género a partir de un claro liderazgo de la presidencia. Esto implica jerarquizar un órgano que pueda contar con las herramientas (presupuesto, información, recursos humanos) para hacer que ese poder perdure. Esto habilitaría las condiciones para que luego se implementen políticas más específicas.
El contexto macroeconómico en el que asumirá la próxima gestión dista de ser auspicioso. En épocas como estas, es fundamental priorizar dos tipos de políticas. En primer lugar, las iniciativas que protejan a la población más vulnerable y que disminuyan el impacto de la recesión. En segundo lugar, las políticas que tengan un potencial mayor de reactivar la economía. Muchas de las políticas que cierran brechas de género en el mercado de trabajo, como la ampliación de los espacios de cuidado, sirven a ambos propósitos. Una vez que el ciclo económico comience a revertirse y la economía vuelva a crecer, será central que las políticas de empleo prioricen una mayor y mejor participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
La coyuntura antepone tajantemente las medidas que contribuyan a superar la crisis económica actual y a estabilizar el sistema político. Frente a estos objetivos, las políticas tendientes a acelerar el cambio cultural (como transversalizar la perspectiva de género en la educación, o promover una comunicación y un uso del lenguaje con perspectiva de género) no son urgentes pero son trascendentales: deben tener un rol primario en la agenda, aunque contribuyan a garantizar equidad en el largo plazo.
Somos testigos de un período de transición. El límite de lo socialmente aceptable está fluctuando. Este cambio en las normas sociales es también inestable: hay movimientos que buscan ampliar derechos pero también hay retrocesos y movimientos que buscan reducirlos. La defensa de los derechos de las mujeres y el cierre de las brechas en su ejercicio entre personas de distinto género es un acto social pero esencialmente político. La conquista de los derechos debe ser accionada y puede ser propiciada por políticas.
Avanzar en este sendero es una forma clara de ampliar derechos y crecer al mismo tiempo. No se trata necesariamente de una distribución distinta de ‘la torta’ (el PBI), sino de ampliarla. Para que eso suceda, es crucial dar más lugar a las mujeres, un grupo de la sociedad que tuvo y tiene sistemáticamente sus derechos económicos vulnerados. El futuro va a llegar; que tenga una forma más justa depende de todos y, particularmente, del próximo gobierno.
*Directora del Programa de Protección Social de Cippec.
