El Indice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec no es representativo de los bienes y servicios que consumen las familias. Subestima el impacto de los aumentos en los servicios públicos, fundamentalmente la luz, el gas y el agua. Con eso, distorsiona el índice real de inflación, base de la negociación paritaria, que indefectiblemente tendrá como resultado la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.
De acuerdo con las estimaciones utilizadas por el Indec, una familia tipo destinó el 0,35% de sus ingresos para atender el pago de la electricidad del hogar, el 0,32% para el pago del agua y servicios sanitarios y el 0,91% para combustible para el hogar (gas). Porcentajes que son irrisorios si se tienen en cuenta los últimos aumentos de tarifas en los servicios públicos.
Con sólo un par de ejemplos se podrá verificar que la canasta del Indec no dimensiona la magnitud del impacto que provocan en los hogares las facturas de los servicios públicos.
Según Edenor, una familia tipo consume bimestralmente 600 kW, por lo que si se traduce a pesos la factura rondaría los $ 435,89 por mes. Si lo que nos dice el Indec es correcto, esto es, que destinamos el 0,35% de los ingresos familiares para pagar la boleta de la luz, el ingreso de ese grupo familiar debería ser de 124.540 pesos.
Es decir, una familia debería haber multiplicado por seis sus ingresos a lo largo de un año si tenemos en cuenta que para el Indec el ingreso promedio familiar en el segundo trimestre de 2016 fue de 20.871 pesos.
La misma ecuación se plantea para el caso del gas: mientras el Indec plantea que el porcentaje que destina una familia al pago de esa factura es el mismo que en 2015, tras los últimos aumentos sólo podríamos pagar el 40% del consumo. Una factura de gas por un consumo de unos 150 metros cúbicos es de alrededor de 770 pesos para la empresa Camuzzi Gas Pampeana. Si aplicáramos lo que dice el Indec, que una familia destina el 0,91% para ese rubro, sus ingresos deberían ser del orden de los 70 mil pesos.
Esto demuestra claramente que el Indice de Precios al Consumidor no refleja la realidad que atraviesan los hogares de nuestro país, que deben hacer un esfuerzo desmedido para poder pagar el aumento en los servicios públicos, que además no pueden ser sustituidos por alguna otra oferta.
Por ello, es indispensable que desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires trabajemos en la construcción de un índice que represente el verdadero y real impacto que el aumento de los precios de los bienes y servicios tiene en la canasta familiar. Más aún cuando la totalidad de los sectores que determinan en paritarias los aumentos de salarios de sus trabajadores lo hacen sobre la base del índice de inflación.
Si esa metodología se utiliza para evaluar la pérdida o no del poder adquisitivo de los salarios, claramente se está perjudicando a la clase trabajadora, porque el Indice de Precios al Consumidor no refleja el verdadero y real gasto que tienen las familias.
* Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.