Cuotas y equidad. Garantizar igualdad política, construir equidad, es asunto principal del Estado. Las políticas públicas están destinadas a producir diversidad de puentes que conduzcan al ejercicio de derechos ciudadanos. Nuestra Constitución prevé para lograrlo algunas medidas de acción afirmativa, o "discriminación positiva", como las cuotas en lugares de representación.
Veinte años de vigencia de la Ley de Cupo y la próxima aplicación de la paridad chocan todavía con la renuencia de los partidos políticos y las instituciones a aceptar este tipo de medidas (siempre provisorias) que benefician a grupos estructuralmente discriminados por barreras culturales, como las mujeres.
Esas barreras tornan ausentes a los integrantes de estos colectivos –y a sus intereses y puntos de vista– de las decisiones que los afectan. La profundidad de esta resistencia se revela de modo particular en instituciones que se presumen meritocráticas.
Dos noticias de ayer nos remiten a la dificultad de incluir mujeres en espacios académicos y profesionales de integración mixta. Una de ellas es la columna de María Eva Koutsovitis, ingeniera y coordinadora de una cátedra de nombre sorprendente: Ingeniería Comunitaria. Ella habla de "Universidad de los hombres" usando el género no marcado para referir a los varones. En particular, a los que constituyen el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la UBA, 16 en total de los cuales solo 2 son mujeres.
El claustro de graduados no incluyó ninguna mujer en su lista. Nunca esa Facultad tuvo una decana mujer (cargo que elige el Consejo Directivo).
Psicólogos denuncian ‘cupo machista’ en las elecciones de su Colegio
La primera mujer ingeniera (en América Latina) egresó de allí hace cien años. Un siglo después, leyendo los datos que menciona Koutsovitis, adquiere oscuro sentido la negativa de ese Consejo a crear una Secretaría de Género y Diversidad.
La segunda es una noticia de Josefina Hagelstrom en la sección Sociedad, donde nos informa de la negativa del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires a aceptar una lista compuesta solo por mujeres. Para impugnarla, la junta electoral invocó la ley de paridad de género para defender un “cupo masculino”. Vale aclarar que el 80% de la matrícula del Colegio son mujeres, no obstante lo cual la mayoría de las autoridades son varones.
Invocar una medida de discriminación positiva para el grupo social con más privilegios es en el mejor de los casos desconocer el sentido ético y político de estas medidas, y en el peor, una burla cínica.
Lo personal es político. Desde hace décadas la teoría feminista analiza las relaciones de poder discutiendo la presunta distinción entre los ámbitos público y privado. Esto ha permitido señalar obligaciones del Estado de intervenir en violaciones de derechos (violencia familiar, abuso infantil y otras) impunes por desarrollarse en un espacio presuntamente protegido por la privacidad.
Y también ha iluminado un terreno de análisis, reconstrucción colectiva, testimonios, que muestran el carácter estructural de ciertos episodios, cuya explicación entonces excede lo interpersonal para hacerse social.
Casos extremos son los femicidios (que deben analizarse dentro de las estructuras desiguales de poder), las violaciones en los campos de detención clandestinos (que tardaron décadas en salir a la luz como delito y ser juzgadas) y –como nos informa Adriana Vanoli en la sección Sociedad del domingo– las historias de hijos e hijas de genocidas.
La experiencia atraviesa marcos históricos y países, para revelar la crueldad de un doble vínculo con la figura paterna que apenas comienza a desamordazarse.
