Los argentinos nos creemos extraordinarios pero estamos entre los más corruptos del globo.
En el índice de Transparencia Internacional nuestro país se ubica en el tercio de las democracias más corruptas. Incluso hay casi veinte dictaduras con un índice mayor de transparencia que nosotros.
Eso quiere decir que tenemos una predisposición precaria a cumplir la ley, o sea una baja cultura de la legalidad.
Un gran académico y político colombiano Antanas Mockus, preocupado por la baja cultura de la legalidad de los colombianos, desarrolló la teoría de que esta se debía a una triple impunidad: la persona se absuelve a sí misma, los otros no la cuestionan y el Estado tampoco.
Para reducir la corrupción, el país tiene ocho poderosas agencias de control. Pero solo un puñado de periodistas las frecuentan. Para mejorar ese nexo el periodista Leonardo Nicosia preparó para FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), con la colaboración del abogado Jorge Alejandro Filipini, una Guía de Acceso a la Información en los Principales Organismos de Control. En su trabajo incluso hizo propuestas de mejora a las distintas agencias.
Nicosia describe a los ocho principales guerreros samuráis al servicio del pueblo soberano contra la corrupción, cuyo resultado conjunto, según el ranking, no estaría funcionando bien:
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. La llaman “La Casa”. Se dedica al control externo de la administración pública nacional. Depende del Congreso de la Nación y está gobernada por un Colegio de Auditores elegido por ambas cámaras. Su auditor general es Juan Manuel Olmos, uno de los más reputados negociadores del peronismo. En su momento el titular fue Miguel Ángel Pichetto. No se entiende por qué en un organismo de control se busca ese tipo de perfil negociador. No son políticos que se hayan especializado en la lucha contra la corrupción.
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. Depende de la jefatura de gabinete. Realiza el control interno en la administración pública. Hoy su titular es Alejandro Fabián Díaz. Hay Unidades de Auditoría Interna (UAI) en cada organismo y dice el informe de FOPEA que los periodistas pueden obtener por esa vía los informes de los tribunales de cuenta de las provincias, que son un tesoro poco explorado.
PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (PIA). Está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, elegido por concurso público en el 2014. Entre sus últimas intervenciones participó de la investigación del caso Spagnuolo, que está ahora procesado, y en los anteriores gobiernos intervino en los casos del ARA San Juan y de la manipulación de datos del INDEC por el que fue condenado el exsecretario Guillermo Moreno. Si la AGN depende del Congreso y la SIGEN del Poder Ejecutivo, la PIA es parte de la Procuración General, un órgano extrapoder.
OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA). Fue creada en 1999 por la ley de ética pública en los fervores del discurso honestista tras la década menemista. De a poco, fue perdiendo fuerza por las sospechas de parcialidad oficialista. Su rol es prevenir e investigar y tiene funciones bastante convergentes con la PIA. Es interesante aquí el Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores de los funcionarios, aunque hay bastantes incumplidores. Depende del Ministerio de Justicia y su titular es Alejandro Melik, un veterano abogado penalista.
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. También depende del ministro de Justicia. Lleva el registro público y fiscaliza a las empresas comerciales y las asociaciones civiles. Hoy está dirigida por Daniel Vitolo, un super experto del derecho comercial argentino.
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Se encarga de combatir el lavado de dinero proveniente de hechos ilícitos. Es designado por el Poder Ejecutivo y también está en el área del ministro de Justicia. Puede iniciar su investigación a partir de informaciones de otras entidades en el exterior o de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le deben informar los “sujetos obligados”, que pueden ser, entre otros, bancos, casinos, casas de cambio, inmobiliarias o escribanos. Hay tres oficinas regionales de refuerzo: una cercana a la Triple Frontera, otra próxima a la Hidrovía Paraguay-Paraná y la tercera monitoreando el lavado en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Hoy el presidente es Ernesto Gaspari, quien tiene una gran trayectoria en la gestión privada y pública.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN. Tiene como misión la defensa de los derechos ante los abusos públicos. El problema es que está vacante su titularidad desde el 6 de abril del 2009 porque existe un acuerdo implícito por parte de los sectores políticos de paralizar la Defensoría. Todos los días los antagonistas llegan a distintos acuerdos, pero no sobre este tema. Ahora está a cargo del funcionario Juan José Böckel, que fue ratificado por la comisión parlamentaria respectiva. Tiene oficinas regionales en Córdoba, Jujuy, La Pampa y Río Negro.
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. El presidente es Federico Thea, un abogado que fue funcionario de Axel Kicillof. Su rol es controlar los fondos públicos en la región más poblada del país. No solo fiscaliza a los tres poderes de la provincia, sino también a los 135 municipios, que están obligados a presentar su rendición de cuentas. Los integrantes del Tribunal son designados por el gobernador con acuerdo del Senado provincial. Emite “fallos de cuentas” en los que describe las irregularidades encontradas. Tiene cuatro vocalías, dos de las cuales se dedican a la fiscalización de los municipios. Según el informe de FOPEA es una de las instituciones más opacas y no ayuda que la provincia de Buenos Aires no actualiza su normativa de acceso a la información.
Entre todos producen auditorías, informes, pesquisas judiciales, sumarios administrativos, denuncias y fallos diversos. Si actuaran en forma integrada mejoraríamos nuestra posición en el ranking.
Todos estos samuráis tienen una alta calidad técnica. Si se reunieran a tomar mate sabríamos por qué vamos mal en el ranking de corrupción.
Uno de los nudos críticos de la calidad democrática es el grado de intensidad en la relación entre periodistas y agencias de control. Pero en Argentina, por ahora, la relación es débil.
