Las circunstancias políticas planteadas en la Argentina a partir de la denuncia y la muerte del fiscal Nisman instalaron en la sociedad un clima de sospechas y de irritación del que sólo lograremos salir con el esclarecimiento de estos hechos.
En este marco, el Poder Ejecutivo, en un claro intento por superar la difícil situación en la que se encuentra, busca con la presentación del proyecto de reforma del sistema de inteligencia distraer a la sociedad y exhibir que conserva iniciativa política y capacidad para definir la agenda institucional.
El aporte del Gobierno debió haber sido mucho más responsable y virtuoso. En primer lugar, brindando a la Justicia todas las garantías para que pueda desarrollar su tarea con la más absoluta libertad en la búsqueda de la verdad que es impostergable para todos los argentinos. Pudo en este sentido haber evitado destempladas reacciones y declaraciones públicas carentes de toda seriedad de muchos de sus funcionarios, incluida la propia presidenta de la república.
Sin embargo, con la reiterada actitud de intentar ir siempre por más, aunque signifique asumir posiciones irresponsables o insistir en graves errores, decide tratar de desviar la atención de la gente y los medios enviando un proyecto que no representa ningún aporte positivo importante para mejorar el sistema de inteligencia argentino.
Este proyecto del Gobierno no es una reforma seria del sistema de inteligencia y no representa ninguna modificación profunda; al contrario, propone en gran medida la continuidad del modelo de inteligencia actual.
Si quisiéramos avanzar seriamente en mejorar el sistema debería garantizarse un control importante del mismo.
En este sentido es de fundamental importancia vigilar la actividad que puedan desarrollar tanto la ex Side como servicios de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas que deben necesariamente estar limitados a las tareas para las que están autorizados y de ninguna manera pueden violar garantías constitucionales realizando trabajos de inteligencia sobre la vida o las actividades de personas u organizaciones que en nada están vinculadas con situaciones delictivas o de defensa nacional.
Para que el control sea realmente efectivo es preciso contar con una participación más importante del Congreso de la Nación y del Poder Judicial.
En ese sentido, entendemos que la comisión bicameral tiene que tener una conformación en la que la mayoría de sus miembros pertenezcan a la oposición, como debe funcionar cualquier organismo de control, y que la administración del presupuesto de los organismos de inteligencia deje de ser un gran secreto desde la que se pueden resolver cualquier tipo de cuestiones y pase a ser controlada desde la Auditoría General de la Nación, organismo que ha dado sobradas pruebas de honestidad y capacidad en el ejercicio de sus funciones.
En la misma dirección hemos planteado que el sistema de escuchas telefónicas debe depender directamente de la Corte Suprema y que la desclasificación de los informes sólo pueda realizarse por orden judicial en lugar de ser una potestad del Poder Ejecutivo.
Estas son, entre otras, cuestiones mínimas que desde nuestro punto de vista deberían estar consideradas además de otros temas vinculados a la organización del sistema, a los procesos de selección y formación del personal especializado, y a los resguardos necesarios para evitar el funcionamiento de grupos autónomos vinculados con la Inteligencia.
Estos aspectos deberían ser seriamente considerados en un proyecto que pretenda mejorar el funcionamiento del sistema.
En la medida que el Gobierno no comprenda que de los problemas se sale con más responsabilidad va a seguir agravando la situación del conjunto de la Nación.
*Diputado nacional (UCR).
