El gobierno nacional entra en su último año trabajando en un solo objetivo prioritario: llegar a las elecciones generales de octubre de 2023, que –esas sí– no se suspenderán.
Resistir. Se trata de un gobierno que presenta varias curiosidades. Para el observador extranjero la situación no puede ser más sorprendente, un gobierno congelado con un Presidente con mínimos registros de popularidad, donde sus principales figuras se ignoran, con todas las fichas puestas en el programa de Sergio Massa que no apoyan en forma explícita, una inflación ya orillando las tres cifras y en medio de un programa con el FMI, que nadie sabe cómo se cumplirá en año electoral. Este observador extranjero, pregunta con pudor cómo no estalla todo. ¿La Argentina no es el país en que cada diez años todo vuela por los aires? No necesariamente. El Estado Peronista tiene una enorme capacidad de llevar control social hasta las bases más vulnerables de la sociedad, y por más que sea poco, a cada cual le llega algo. En ese sentido la CGT –en sus diferentes fracciones–, los dirigentes de los movimientos sociales y hasta la izquierda dura, son aliados circunstanciales de Alberto Fernández. Hay un acuerdo de facto entre el kirchnerismo y el macrismo para no lastimarlo más de lo imprescindible, nadie quiere al Raúl Alfonsín del 88, ni al de Fernando de la Rúa del 2001. A diferencia de esos días tórridos a nadie le interesa que caiga el Gobierno, por más que semanalmente retorne el rumor de adelantamiento de las elecciones.
De progresismos. Es cierto que los últimos cambios de Gabinete no emocionaron a nadie a pesar de que las vacancias se produjeron en dos de los tres ministerios más importantes del gobierno federal: Trabajo y Desarrollo Social. En el primero se plantearán las pujas sobre la actualización de ingresos de quiénes pueden discutir paritarias, mientras que en el segundo, se discutirá el transcurrir de los programas sociales que le permite apenas vivir a mucha gente, pero que son cuestionados por gran parte de la sociedad. Todo bajo la atenta mirada de ese Gran Otro en que se ha transformado el FMI. Lo particular del caso es que el recambio de ministros arrancó con la durísima carta de renuncia de la ex ministra Gómez Alcorta, donde planteaba ni más ni menos que las intervenciones de Ministerio de Seguridad sobre el conflicto mapuche “constituyen violaciones evidentes a los Derechos Humanos”. En otro contexto hubiera sido un real escándalo. No obstante, la forma en que se resolvieron los reemplazos ministeriales muestra no sólo una ruptura en el FdeT, sino un signo de confrontación política. En el medio se discute nuevamente el sistema electoral nacional, es decir si habrá o no habrá PASO.
Lejos de todos. El debate sobre las elecciones primarias tiene sin cuidado a la mayoría de la población. Sin embargo, refleja el conflicto en la dirigencia política. La ley 26.571 que organizó las PASO se sancionó el 2 de diciembre de 2009, unos días antes de la nueva composición del Congreso tras las elecciones de ese año recordadas por la derrota de la lista del Frente para la Victoria de PBA encabezada por Néstor Kirchner y Daniel Scioli, frente a la de Unión PRO cuyas cabezas de lista eran Francisco de Narváez y Felipe Solá. A partir de esta nueva ley se obligó a los ciudadanos a participar en una elección previa para elegir los candidatos partidarios, más allá de si los partidos presenten o no diversas alternativas, y ese es el talón de Aquiles del sistema. Este procedimiento se convirtió en un laboratorio a cielo abierto y reinterpretado en cada elección, pero tampoco cambió la tensión entre la potestad de la lapicera formadora de listas y la competencia democrática, ya la autoridad partidaria puede rechazar presentaciones de listas competidoras, sin dar mayores explicaciones.
Depende cómo se usen las paradójicas primarias pueden beneficiar a los recién venidos a la política (caso Carolina Losada en Santa Fe) o legitimar un candidato como aconteció en las PASO de 2015 con Mauricio Macri, quien les ganó con amplia ventaja a Ernesto Sáenz y Elisa Carrió. También puede ocurrir lo contrario como la primaria de ese año para la gobernación de PBA donde Aníbal Fernández le gana a Julián Domínguez por apenas 165 mil votos, pero termina perdiendo con María Eugenia Vidal.
¿A quién le sirve eliminar las PASO? En principio, a quienes pueden con el dominio de la lapicera construir las listas de 2023. Esta contingencia unifica a Cristina Kirchner, Mauricio Macri y a los gobernadores. Por omisión, perjudica a los “challengers” como Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, y al mismo Alberto Fernández. Los reposicionamientos de emergencia de los tres marcan la debilidad de sus candidaturas que se quedarían sin el respaldo de los tickets-makers. Pero también perjudicaría a muchos candidatos de La Cámpora que observan la oportunidad única, de obtener intendencias en la provincia de Buenos Aires. El caso que llegó a la superficie en estos días fue el de Hurlingham. De un día para el otro el intendente Juanchi Zabaleta pidió licencia para asumir en el Ministerio de Desarrollo Social. A cargo quedó quien era el presidente del Concejo Deliberante Damián Selci, no muy conocido, pero quien hace una gestión con un perfil más bajo en relación con el retornado Zabaleta. Ambos quieren conservar su puesto. ¿Cómo se resuelve el entuerto sin primarias? Aquí es muy alto el riesgo de la proliferación de partidos locales alternativos y le abre el panorama a candidatos que podrían aprovechar las líneas de fuga. Otra situación para considerar es la de Javier Milei, en carácter de persona-partido es probable que obtenga un aluvión de votos en las primarias impulsado por el creciente electorado-furia, para luego en las generales un sector se vuelque a opciones más moderadas. En el camino puede perder la mitad de su potencial bancada de Diputados tachando su posibilidad de ingresar al ballottage frente a la hipótesis (poco probable), de un derrape completo del Frente de Todos.
*Sociólogo (@cfdeangelis)
