Siendo que el propio fiscal afirmó que estaba amenazado, lo cual era esperable por los personajes involucrados en la causa en la que investigaba el atentado más grave de nuestra historia, cabe preguntarse cuál es la responsabilidad de los funcionarios e instituciones que lo abandonaron a su suerte, o que expusieron aún más su vida.
Porque las conjeturas sobre el autor material de su indiscutible asesinato pueden oscilar entre la figura de un sicario, de un colaborador que lo traicionó, de un miembro de los servicios de inteligencia o de los custodios de la Policía Federal.
Pero dilucidar el caso e identificar a los autores depende de una investigación cuyos resultados se mantienen en secreto, y hasta se han desvirtuado al informarse parcialmente a la opinión pública desde un comienzo, como ocurrió con el horario del deceso absurdamente estimado en las 15 del domingo 18 de enero. Ello en el marco de una inducida desorientación inicial, que permitió que Lagomarsino se fuera a su casa tras presentarse espontáneamente ante la Justicia para admitir que el arma homicida era de él, lo cual justificaba su detención e incomunicación inmediata hasta tanto prestara declaración indagatoria.
Por ello es que en aras de lograr una toma de conciencia sobre el escenario en el que los argentinos estamos inmersos, cabe poner énfasis en quienes benignamente pueden calificarse como negligentes o imprudentes a la hora de resguardar la seguridad de Alberto Nisman.
Tales calificativos emergen más nítidamente ante el coraje y la profesionalidad del fiscal inmolado, cuya seriedad sólo tropieza con un supuesto pedido suyo que sería mucho más insólito que ilegal, referido al préstamo de un arma a su asesor técnico en computación.
Porque resulta absurdo que Nisman no tuviera la portación de un arma, siendo que el Renar bajo la dirección de La Cámpora es, por ejemplo, capaz de conferirle tal derecho a una ginecóloga a quien su concubino procesado por tenencia ilegal le transfiere un arsenal…
No menos ilógico es que el Mossad, que colaboró en la investigación del atentado, no haya actuado “de oficio” custodiando al fiscal, con más razón si su seguridad se hallaba en manos de la Policía Federal, que dicho sea de paso permanece inconstitucionalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la órbita del gobierno nacional…
Y qué decir de la Justicia Federal, que consideró que la denuncia no ameritaba habilitar la feria judicial. Porque la doctora Servini de Cubría no sólo omitió abrir un trámite que quién sabe para qué otra maldita causa sí habilitaría. Tampoco evaluó el riesgo que importaba para Nisman tal rechazo, al no poder presentar ni sustanciar en la causa la integridad de las pruebas que ofrecía.
Con respecto al doctor Lijo, ¿tuvo que mediar la muerte del fiscal para que interrumpiera sus vacaciones? Lo cierto es que no debió exponer los pergaminos logrados con el procesamiento a Boudou en la Causa Ciccone, –más allá de concluir en que un torpe falsificador de formularios 08 resulte ser el ideólogo y apropiador excluyente de la fábrica de hacer billetes–. Pero el doctor Lijo vino finalmente, y tras el homicidio del fiscal se tomó dos semanas para declararse incompetente.
Y así el fiscal Alberto Nisman, sumergido en la soledad y el descuido, en lugar de intentar ponerse a resguardo de las amenazas contra su vida, se comprometió a asistir al Congreso de la Nación, en lo que constituiría su último acto de audacia y valentía.
*Abogado y especialista en seguridad de la Fundación Bicentenario.
