Todos lo saben: nada justificaba desde el punto de vista estrictamente económico el despliegue de semejante extrema medida frente a un gobierno que lleva menos de cien días.
Gobierno que había resuelto segmentar las alícuotas a punto de que solo se incrementaban del 30% al 33% los derechos de exportación de soja a grandes productores de mil o más toneladas, quedando el resto de cultivos en igual nivel o incluso, la mayoría, descendiendo en su alícuota. Como lo refleja el portal digital Letra P: “El lock out patronal, dos semanas después del inicio de la cosecha y simultáneamente con Expoagro, tuvo una tropa de ‘combatientes’ en Buenos Aires que militarizaron la medida de fuerza, como la Sociedad Rural de San Pedro”.
La Rural sampedrina fue la gran protagonista de la protesta contra la 125. Durante 13 años (entre 2006 y 2019) su presidente fue Raúl Victores. “Estamos en las antípodas del kirchnerismo”, señalaba siempre.
Hoy Victores continúa formando parte de la Rural local, con un buen diálogo con Luis Etchevehere en tiempos de macrismo, se esfuerza por hacer una diferencia entre el gobierno anterior y el actual: “Macri estableció las acciones, pero fueron los últimos días y no con la complejidad de ahora. Y las retenciones no eran del nivel que tenemos hoy”. Sobre la participación de legisladores de Cambiemos en los tractorazos de Buenos Aires, argumentó: “La puerta nunca está cerrada para nadie”.
Lo mismo sucedió con otras entidades rurales cooptadas por el PRO en Lobos, Salliqueló y Pergamino, donde los pronunciamientos destilaban un rechazo ideológico al gobierno nacional.
Así las cosas, el paro salvaje de la cúpula de agroexportadores y terratenientes resulta un primer paso impulsado por dirigentes del sector agropecuario mayoritariamente comprometidos con el PRO, el partido de derecha conservador cuyo liderazgo ejerce una figura como Mauricio Macri, de notables ribetes autoritarios.
Recordemos que, durante su bochornoso gobierno, Macri no dudó en perseguir y encarcelar opositores mediante la subordinación del aparato judicial a los designios del Poder Ejecutivo, empobrecer al pueblo, endeudar al país como nunca antes y hacer todo ese desastre bajo una cobertura mediática nunca antes vista.
Hay en marcha un plan de desestabilización del gobierno popular, el desarrollo de una estrategia a mediano plazo de “golpe blando”.
Por todo esto, señalamos que la lógica de este paro salvaje y fallido hay que buscarla ya no en el terreno económico y el perjuicio sectorial sino en el ámbito político y el perjuicio institucional que provoca en general y el desgaste que propicia al gobierno democrático en particular.
Recordemos que los golpes de Estado constitucionales o blandos requieren la participación de muchos agentes sincronizados y golpeando al unísono.
Su arquitectura está diseñada para generar un colapso institucional, bloquear el funcionamiento de los aparatos del Estado y deslegitimar la acción de gobierno.
Aislar al Gobierno, restarle apoyos, minar su autoridad, servirse de la sedición y buscar el enfrentamiento, todo suma para reclamar la “vuelta a la normalidad”, reclamo agigantado y propalado sistemáticamente por los medios opositores.
No es difícil imaginarlo. En América Latina, la historia reciente muestra que tanto el golpe de Estado típico como en Bolivia, o blando como en Brasil, nuevamente recobraron vitalidad, convirtiéndose en la opción por excelencia de clases dominantes para frenar el avance democrático y la justicia social.
Por otra parte, la estrategia de golpes de Estado típicos y blandos se inscribe en el marco de una guerra comercial global, donde los actores no renuncian al control de materias primas y mayores beneficios económicos, y nuestro país y región adquieren entonces un valor creciente.
En esta perspectiva cobra su real dimensión el título de esta columna, no es el campo, es el PRO.
*Director de Consultora Equis.
