Hay similitud en la denuncia del supuesto pedido de coima de Carlos Stornelli a Pedro Etchebest a través de Marcelo D’Alessio con otras aparecidas en un proceso electoral incierto para el kirchnerismo. En 2005 y 2009, a Enrique Olivera y Francisco de Narváez se los acusó de presunto lavado de dinero. Por falta de pruebas, la Justicia absolvió más tarde a los candidatos de la oposición en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Es probable que la disputa de dos magistrados para investigar esa aparente maniobra ilegal contra un presunto empresario valiéndose de un falso abogado distinga a este caso. Tal vez como expresión de mayores dificultades que las experimentadas en los otros para ejercer ese tipo de influencia con la intervención de sectores de la Justicia Federal y de los servicios de inteligencia.
A la ruptura de acuerdos con ellos que habría mantenido Cristina Fernández de Kirchner se atribuye, entre otros factores, la derrota electoral del Frente para la Victoria con Sergio Massa en 2013. La muerte del Lauchón Viale en un allanamiento del grupo Halcón en la zona norte del Conurbano fue el punto de inflexión en esa pelea. Viale era estrecho colaborador de Jaime Stiuso, gravitante en la Secretaría de Inteligencia (SI) y nexo con los tribunales de Comodoro Py.
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La sospecha es que la puja de Alejo Ramos Padilla y Julián Ercolini por la jurisdicción de la causa es el regreso a la superficie de aquel conflicto. El juez federal de Dolores citó a declarar a D’Alessio y lo hizo detener en la cárcel de Ezeiza: al ubicar en Pinamar una reunión con el fiscal, el magistrado cree que debe conducir el proceso. Pero el detenido aludió a otra en Puerto Madero. Por eso la reclama Ercolini.
Carrió. La Justicia Federal también investiga una denuncia de Elisa Carrió. Que Eduardo Valdés sabría de la imputación de D’Alessio al fiscal antes de que la hiciera. O es lo que infiere de chats con Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta, implicados en la causa de los cuadernos. Carrió aportó capturas de pantalla que comprometerían a Valdés. Con el fin del secreto de sumario trascendió que D’Alessio se desdijo de la acusación contra Stornelli. ¿Un armisticio?
Ramos Padilla es parte de Justicia Legítima y del fuero Federal de la inasible Justicia bonaerense. Más difícil de encuadrar es Ercolini. Conformó el jurado que examinó a Luis Rodríguez para ocupar el Juzgado Federal Nº 9. Fue un trámite accidentado. Arrancó en 2005 y finalizó en 2012. En 2008, se amplió el objetivo inicial del concurso y añadieron las vacantes de los juzgados 7 y 8, ocupados ahora por Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi.
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Eduardo Farah lo secundó en esa tarea. Con él resultó denunciado ante María Romilda Servini en 2010 por la presunción de que Rodríguez supo con anterioridad el contenido del examen.
La jueza sobreseyó a todos sin diluir dudas. Está confirmado que 12 días antes, Rodríguez hizo retirar de la Cámara del Crimen un fallo parecido al que debió analizar. Daniel Rafecas fue el autor del que utilizó de guía.
Con Jorge Ballestero, Farah dispuso en 2018 la libertad de Cristóbal López en la causa por evasión impositiva. Tras las sospechas de coimas, logró el traslado de la Cámara Federal al fuero Penal Económico. Ballestero se jubiló. En 2017 fueron los más acaudalados de Comodoro Py según el registro patrimonial del Consejo de la Magistratura.
Javier Fernández fue clave para Rodríguez. Suspendido en el cargo de vocal en la Auditoría General de la Nación por su aparente vínculo en la causa de los cuadernos, incidió para que Alejandro Fargosi votase con el kirchnerismo para incluirlo en la terna de candidatos enviada al Ejecutivo. Cristina eligió su pliego para girarlo al Senado. Fargosi mantenía relación con Mauricio Macri.
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Más que su padrino, Fernández lo es de una hija del juez. En apariencias, es un lazo valioso. La resolución de Servini fue apelada en la Cámara Federal que la desestimó a través de la Sala III. La integró en esa ocasión el presidente de la IV, Sergio Fernández, hermano de Javier. La Facultad de Derecho UNLZ es inescindible de los hermanos. Sergio fue docente. Javier es egresado de la carrera de Abogacía.
Auxilio. En su ex decano y actual rector, Diego Molea, recayó la responsabilidad de reunir antecedentes para que el Consejo de la Magistratura resuelva si recomienda el enjuiciamiento de Rodríguez. Carolina Pochetti le dijo a Stornelli que su fallecido esposo, Daniel Muñoz, le pagó US$ 10 millones para no entorpecer el lavado de otros US$ 70 millones. Molea también reconoce en Javier Fernández un mentor. ¿Gestionó por su intermedio el mecenazgo de Angelici para llegar al Consejo?
Titular de la Comisión de Disciplina, a Miguel Pichetto le pareció natural que Molea se ocupe del caso: a la vocalía académica se remitieron las otras denuncias contra el magistrado. La falta de oposición fue tal que Pablo Tonelli (PRO) le recomendó incluir los movimientos bancarios de la esposa del juez entre las medidas de prueba. La había omitido. Apenas asumió, Molea reclamó solidaridad al cuerpo para auxiliarlo en su debut.
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Tonelli es allegado a Carrió, que equiparó a Molea con Aníbal Fernández. En Twitter advirtió de la gestación de un eventual caso de impunidad. A Molea no lo intimida encarnar esa paradoja. Indagar eventuales irregularidades mientras es parte en una. Por decreto-ley 1.285/58 no puede ser en simultáneo vocal del Consejo y rector.
Así como en el apogeo de Fernández se jactaba de la protección de Stiuso, lo hace con sus íntimos del recurso judicial extendido por el fuero federal para limitar el alcance de esa norma. No lo hizo público, asegura, porque nadie se lo exigió en el Consejo de la Magistratura.
Si lo hicieran podría darse un conflicto de poderes que debería resolver la Corte. A ella se dirigió Fargosi para impugnar a Wado de Pedro, quien renunció a su vocalía en 2015 y fue elegido para otra el año pasado. Los consejeros tienen vedada la reelección.
El Tribunal desestimó la denuncia por falta de competencia. Otro matiz curioso entre quienes deberían perseguir justicia.
