En la actualidad, nuestro sistema económico en su integralidad se encuentra funcionando, hecho que se logró luego de una paralización de los años 2018 y 2019. En lo único que se sigue igual es en la alta inflación, cuando digo que el sistema está funcionando menciono el hecho de que la desocupación bajó del 12% al 7% y la pobreza se mantuvo en el 39% a pesar de los problemas propios de estos años (desocupación medida por Indec, mientras que la pobreza, en la medición de la UCA, porque es la única que se mantiene desde 2015 a hoy).
Debemos entender que el problema de nuestra economía es el alto nivel de déficit que posee y no la moneda que poseemos. Hoy ese nivel de déficit es consecuencia directa de la convertibilidad, que se mantiene en el sector de energía y en transporte público en el AMBA, que se encuentran bajo efectos de leyes de 1992 y prácticas vetustas. Con eso queremos decir que nunca corregimos esa parte de la Ley 23.948 que afecta directamente al bolsillo de toda la población en el país.
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Cuando realizamos las correcciones y actualizamos esas leyes, conseguimos a partir de una baja de los costos de producción a pesos ese mismo año una baja de inflación del 35% final, en base a baja de servicios públicos que golpean a todos los argentinos en todo el país, que luego de bajar los precios de las boletas de gas primero, posteriormente la luz y los combustibles llevarán a la eliminación de los subsidios económicos a las empresas energéticas logrando una caída del déficit del 1,9% al 0,5%, haciendo las empresas del sector energía más rentables y subiendo su valor de venta a niveles mayores que los actuales, si empresarios extranjeros quisieran comprarlas. En el transporte público de pasajeros del AMBA también debe realizarse un nuevo cálculo real de la estructura de costos y otorgará que son rentables sin subsidios en el 7%-8% anual después de impuestos, por ende los subsidios del AMBA se podrán derivar al transporte público del interior, que posee más distancias y menos pasajeros que transportar, lo que realmente los torna más onerosos.
También constituye una gran solución para nuestra economía actual y sus problemas la reducción del efecto invernadero (hablamos de emisión de gases, efluentes y demás) ya que permite obtener recursos por ella misma como también implementar un sistema de multas a quienes no cumplan las leyes derivadas de las recomendaciones emanadas de las distintas COP –siendo la próxima este fin de año– desde 1994 a la fecha, que poseen rango constitucional y las cuales nuestro país no puede no atender.
Sabiendo todo lo anteriormente expresado, el bimonetarismo no sería una solución sino la profundización de los problemas actuales ya que, como expresamos anteriormente, el nivel de subsidios se encuentra dado por ello (los que dicen que entre 2018 y 2019 el nivel de déficit era del 0% no dicen que los subsidios se trasladaron a CABA y PBA con emisión no asumida y traslado de esa emisión a las jurisdicciones) y hasta es necesario recurrir nuevamente a organismos internacionales que ya expresaron que no van a realizar ningún préstamo más a nuestro país; como tampoco una “supuesta” dolarización no solucionaría el problema porque, al no resolver el origen del inconveniente, ellos se mantendrían en dólares incluso llevando a niveles de pobreza similares a los que posee Ecuador, del 60% (solo la tuvo con la convertibilidad), desocupación del 14% y necesidad de endeudarse plenamente cada dos años. Aunque para hacer lo último serían mínimamente necesarios 130 diputados y 37 senadores y, si pretende llegar a una libre circulación de monedas, necesitaría 180 diputados y 50 senadores para acceder a una reforma constitucional.
