En una especie de “deja vu”, la Argentina vuelve a estar parada en el mismo lugar que hace veinte años. Luego de la crisis ruinosa del 2001-’02, el FMI creó la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) para evaluar la responsabilidad del organismo en la crisis del megacanje de De la Rúa, empleado masivamente para fugar capitales, precipitando la caída del gobierno de la Alianza. La deuda externa de los 90 se empleó para financiar la convertibilidad del menemismo, esquema funcional a las privatizaciones. (“Nada de lo que deba ser del Estado, será del Estado”, sentenció Dromi). Cientos de técnicos del organismo avalaron, en 2001, ese préstamo que sólo profundizó la crisis que atravesaba nuestro país. Ante el temor de que algún juez valiente empleara entonces la Ley de subversión económica, para investigar las responsabilidades locales y globales en la masiva fuga de capitales, llegando a salpicar al FMI y sus “técnicos”, el propio organismo le exigió al entonces presidente Eduardo Duhalde la derogación de esa norma, una vieja ley de la dictadura, que el organismo nunca antes había cuestionado. Solo en ese momento recordaron la existencia de la misma. No por casualidad.
Veinte años después, estamos parados en el mismo lugar. El FMI recuerda que la Oficina de Evaluación Independiente va a auditar el uso –correcto o no– de los fondos otorgados al gobierno de Macri. La auditoría económica no implica un análisis legal. Pero es interesante la reacción que este hecho formal, casi burocrático, ha desencadenado en el expresidente Macri y su entorno directo. Alejandro Werner se ha apresurado a decir que “es muy difícil seguir la trazabilidad del dinero otorgado en el préstamo”. Curioso que los voceros de la supuesta “transparencia“, que se llenan la boca en los medios hablando de las “instituciones“, digan sin embargo, en sintonía con los evasores fiscales de guaridas en todo el mundo, que rastrear el destino del dinero “es muy difícil”. No muy distinto de lo que advertía Scalabrini Ortiz sobre los “préstamos“ de la banca inglesa a nuestro país. Que rastrear el dinero no es posible, tal vez porque ese dinero, tal como figura en los acuerdos de deuda, no se entrega nunca al “país“, sino directamente –como advirtió el propio Macri– a los “bancos” de inversión. El Estado se endeuda para salvar a los bancos. No para construir escuelas, rutas ni hospitales. En literatura económica esto tiene un nombre: too big to fail. Esta teoría choca con el concepto de “riesgo moral”. Sería una forma “incorrecta” de operar del sistema financiero, que cubre sus operaciones equivocadas con préstamos públicos. No debiera ser así. Tampoco lo es para el neoliberalismo. Macri compensó la nula llegada de inversiones (la “lluvia” de inversiones prometida nunca sucedió) con un megapréstamo espurio para ganar una elección, gracias al apoyo de Trump, presidente de Estados Unidos. Pero el FMI ahora debe rendir cuentas y explicarle a sus “socios” por qué se volvió a “equivocar”. No hay un solo caso de plan exitoso del FMI en el mundo.
Guzmán no ha negociado con la firmeza que hubiera debido negociar frente al organismo de crédito. No defendió bien los intereses de la Argentina. Fue una negociación endeble y perdidosa. Michel tiene razón. El préstamo otorgado a Macri violenta el estatuto del Fondo y también procedimientos básicos de derecho administrativo interno. El informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), en manos de la oposición, así lo acredita. Las irregularidades en el préstamo, amén de no haber pasado por el Congreso argentino, como establece nuestra Constitución, debieran llamar la atención de la Justicia argentina, que nunca investiga en serio el crimen financiero, la fuga de capitales, que tanto obstruyen nuestro desarrollo económico. La Justicia argentina es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Habría que invertir esta ecuación.
*Director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE).
