El domingo pasado hablamos de la niña tucumana de 10 años obligada a ser madre producto del abuso por parte de la pareja de la vecina que la criaba, pero hablamos de la ausencia del Estado, el no cumplimiento de las leyes y responsabilidades por parte de distintos sectores: salud, educación, niñez y Justicia, entre otros, tanto a nivel provincial como local y nacional.
No terminamos de salir de la tristeza por esta niña, cuando nos enteramos de la muerte de dos niñas wichi de menos de 18 años en la provincia de Salta, poniendo en evidencia una vez más el drama que la niñez, y específicamente las niñas, viven en esa provincia, que refleja lo que ocurre en el país. Una de ellas tenía 12 años, pertenecía al pueblo wichi de la comunidad Misión Kilómetro 2, localidad de Puma del Pato, en el departamento Rivadavia. Fue encontrada muerta, violada y degollada, abandonada en un descampado cerca de la Ruta 81. Rápidamente imputaron a un adolescente de 17 años de la misma comunidad que era el novio de la niña.
Sin embargo, la familia y miembros de la comunidad piden una investigación “a fondo” porque dicen que a ese lugar va mucha gente que no es de la comunidad, camioneros en tránsito, que hay consumo de drogas y además oferta de pago por sexo. Por eso dicen que no es la primera vez que pasa algo similar y que debe de haber otras personas involucradas.
La otra, una adolescente wichi de 18 años, embarazada, que vivía en la comunidad La Puntana, en Santa Victoria Este, concurrió por dolores de parto al puesto sanitario de la localidad, que es atendido por una auxiliar y no tiene ambulancia. Fue derivada al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, y el médico que la examinó al llegar al hospital dijo que el feto estaba muerto. Ella y su madre pedían que se lo sacaran con una cesárea, pero les dijo que era normal, que iba a tenerlo como un parto y le pedía que pujara; la adolescente se desesperaba del dolor. La dejaron horas esperando que lo eliminara en forma natural y, después de más de 12 horas, murió. Los familiares radicaron una denuncia contra el médico que la atendió, a pesar de que recibieron amenazas telefónicas tratando de persuadirlos de no denunciarlo.
Según información periodística, este profesional ya tiene una denuncia por negarle atención a una adolescente toba que llegó con una hemorragia, se negó a atenderla porque creía que se había provocado un aborto. La adolescente murió desangrada y se comprobó que no estaba embarazada, que tenía una enfermedad que le produjo la hemorragia. Este profesional tiene otros casos en que negó la atención, pero continuaba atendiendo en el lugar sin consecuencias
En ambos casos, la ausencia del Estado y la situación de abandono y precariedad que viven estas comunidades es muy grande. La insuficiencia de los servicios de salud, las pésimas condiciones de las viviendas, la falta de infraestructura sanitaria y de provisión de agua son reclamos de décadas que no se solucionan; al contrario, se profundizan. Por eso las noticias frecuentes sobre muertes infantiles por desnutrición, enfermedades digestivas y tuberculosis son habituales.
Una mención especial merece el personal que atiende a esta población, que a veces tiene un médico como ese del hospital denunciado, que dio señales contundentes de falta de respeto por los derechos de la población que atiende, pero que se entrega a brindarles lo mejor y trata de suplir las carencias en forma destacable.
Los funcionarios provinciales y nacionales, en general, tienden a ignorar a estas poblaciones y a no satisfacer sus necesidades. La modernidad sumó las drogas y el crecimiento de las adicciones, sin contar con medios y la capacidad para atenderlas y menos aun de prevenirlas.
Las políticas de niñez muestran su incapacidad para proteger a la niñez, y especialmente a las niñas.
