Justo cuando parece que está llegando el tan temido pico de la pandemia en el Área Metropolitana Buenos Aires, con los riesgos de colapso sanitario y multiplicación de muertes, el gobierno nacional ofreció en los últimos días ciertas decisiones políticas y económicas que pueden lucir contraproducentes para los objetivos que se dicen buscar.
El caso Vicentin es acaso el más emblemático. Las idas y vueltas en torno a la expropiación no solo exponen los desacuerdos dentro del propio oficialismo (con los gobernadores Perotti y Schiaretti más expuestos y Sergio Massa más disimulado), sino que también encendió las alertas en el sector agroindustrial, como se vio en las protestas realizadas en varias provincias.
Semejante trapicheo oficial en torno a Vicentin puede hacer que quede en un segundo plano el desaguisado de sus directivos, que deberían rendir cuentas ante la Justicia. Lo mismo los ex funcionarios del Banco Nación que aprobaron una asistencia sospechosamente descontrolada.
La señal compleja hacia las empresas se robusteció con la caída de Latam. El Gobierno expresó que se sorprendió con la decisión de cerrar las operaciones en la Argentina. Curioso, porque desde la línea aérea aseguran que las autoridades venían haciendo oídos sordos a sus avisos por la crisis que atravesaba.
Otro ruido creciente es que nuestro país no logre cerrar un acuerdo con los acreedores externos. Es tan obvio que no se firmen compromisos imposibles de cumplir como que el tiempo juega en contra del Gobierno. En este póquer peligroso, además, la banca está del lado de los bonistas.
Mientras el ministro Guzmán no finiquite las negociaciones por la deuda, el Estado nacional no sabe con qué recursos cuenta, tampoco los Estados provinciales (por la coparticipación y por sus propios endeudamientos) y mucho menos los privados pueden prever cuánto les costará enfrentar los préstamos que puedan necesitar. Se habla de subsistir, no de inversiones.
Como si no bastaran las malas noticias, la limitada asistencia estatal a la actividad devastada por la pandemia y la cuarentena empieza a recortarse. El Gobierno quiere poner foco en el AMBA, pero la ayuda comienza a ralearse al compás de un déficit fiscal que aumenta a la velocidad de los contagios.
Poco contribuye que encima el gabinete económico no haga anuncios ni salga a calmar las aguas, con palabras que contengan o den alguna certeza en medio de la angustia. Parece que ese rol solo puede ser cumplido por el Presidente. No se sabe si por dificultades para delegar o porque no hay mucho para decir. Cualquiera de las opciones es otra mala señal.
