Los Premios IgNobel son una parodia de los Premios Nobel. Su nombre deriva del inglés ignoble (innoble) y se entregan para reconocer los logros científicos que “primero hacen reír a la gente, pero luego la hacen pensar”. Organizados por la revista de humor científico Annals of Improbable Research (AIR), son nominaciones que se basan en la ironía para destacar investigaciones académicas rigurosas. Los Premios IgNobel son presentados cada año por ganadores de los auténticos Premios Nobel, en una ceremonia que se organiza en el Sanders Theatre, de la Universidad de Harvard. El sitio oficial de los Premios IgNobel aclara: “Los premios pretenden celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de todos por la ciencia, la medicina, y la tecnología”.
En 2021 el premio fue para el francés Pavlo Blavatskyy. Licenciado en Psicología y doctor en Economía, Blavastkyy es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montepellier y se especializa en teoría de las toma de decisiones en el sector público. Fue galardonado con el Premio IgNobel por sus investigaciones que vinculan la corrupción y el sobrepeso en la administración pública, a través de las cuales demostró que los países que presentan índices más altos de malversación de fondos públicos son también los que tienden a tener funcionarios que presentan una mayor masa corporal.
En su estudio, Blavatskyy analizó 15 países que habían estado bajo el control de la URSS y que luego iniciaron un proceso fallido de democratización en la última década del siglo pasado. Su trabajo se concentró en una investigación en la que utilizó un algoritmo para analizar fotografías de casi trescientos integrantes de los distintos gabinetes de las ex repúblicas soviéticas, clasificándolas de acuerdo con la masa corporal media de esos funcionarios.
Gracias al cruzamiento de los datos compilados por el Banco Mundial y Transparencia Internacional sobre los niveles de corrupción, el psicólogo y economista descubrió que la masa corporal de los funcionarios de los países que analizó estaba fuertemente vinculada con el grado de malversación de fondos que presentaban esos gobiernos. “El índice medio de masa corporal estimado de nuestros ministros está altamente correlacionado con las cinco medidas convencionales de corrupción percibida. (...) La gran corrupción política latente es literalmente visible a partir de las fotografías de altos funcionarios públicos”, concluyó Blavatskyy en el ensayo Obesidad de los políticos y corrupción en los países postsoviéticos, que fue publicado en 2020.
Es interesante reparar en este trabajo cuando acaba de ser difundido el último informe de Transparencia Internacional, en el que la Argentina vuelve a recibir una pobre calificación en materia de lucha contra la corrupción. En el estudio que se conoció esta semana, Argentina logró 38 puntos sobre 100, es decir, no aprobó el examen: obtuvo menos de 4 sobre 10. Se trata de la misma evaluación que alcanzó el año pasado. La única mejora que logró Argentina fue en el puesto que ocupa en el ranking, que pasó del 96 al 94, entre 180 países evaluados. Pero ese cambio se manifestó por modificaciones producidas en otros países, no por reformas realizadas por Argentina para avanzar en la lucha contra la corrupción.
El mapa de la última década muestra que Argentina se mantiene en niveles muy altos de percepción de la corrupción: logró 34 puntos promedio durante el último mandato de Cristina Kirchner; alcanzó 40 puntos promedio durante el gobierno de Mauricio Macri; y se mantuvo en 40 puntos promedio durante el gobierno de Alberto Fernández. El mejor puntaje de Argentina se alcanzó en 2019, con 45 puntos, y el peor se materializó en 2015, con 32 puntos.
Hay investigaciones que vinculan la corrupción con el sobrepeso de funcionarios.
Argentina logró este año el mismo Índice de Percepción de la Corrupción que otros países de la región, como Brasil. Pero se ubicó varios puntos por debajo de Chile y Uruguay, los mejores posicionados en América del Sur. La comparación ubica a Argentina en el mismo nivel que Etiopía, Marruecos y Tanzania. Muy lejos de Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, que encabezan el ranking. Mientras que Sudán del Sur, Siria y Somalia, lo cierran.
El informe elaborado por Transparencia Internacional se calcula tomando una docena de fuentes internacionales, entre ellas, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, a las que se suman consultoras especializadas en análisis de riesgo. La calificación obtenida surge de las entrevistas y las encuestas realizadas a académicos, economistas, funcionarios y empresarios, a los que se los consulta sobre cómo evalúan el nivel de corrupción en cada Estado, en base a la percepción de existencia de sobornos, desvío de fondos públicos, falta de castigo penal a los corruptos, nula protección a los denunciantes, mecanismos para obtener contratos ilegales con la administración pública y acceso a información por parte de los ciudadanos sobre contrataciones y licitaciones de la administración estatal.
La corrupción ha sido desde siempre una inquietud para las ciencias sociales, ya que obliga a abordar un planteo de carácter económico, pero también, y fundamentalmente, una preocupación de orden moral. En sus escritos sobre filosofía política, Inmanuel Kant señaló a dos tipos de dirigentes: el político moral y el moralista político. El político moral acuerda con los preceptos de la ética y los impone para sus actividades en la función pública. Esta preocupación permite promover la transparencia en los asuntos de Estado. En cambio, el moralista político considera a la deontología como una cuestión de simple retórica, sin ningún basamento práctico ni formal. Esta metodología permite fomentar la corrupción en la administración pública.
Kant esboza las directrices de la siempre compleja relación entre moral y política.
El imperativo categórico kantiano, como principio formal de lo moral, permite trazar una línea adecuada para que se cumpla el deber ser en la función pública: actuar con transparencia y en contra de la corrupción en los asuntos del Estado. La transparencia es respaldada por los argumentos del político moral, cuyos fines indican que debe actuar con pretensión de justicia. Pero el moralista político nunca los respeta por su elogio hacia el pragmatismo. En términos kantianos, el político moral elogia la integridad, mientras que el moralista político fomenta la inmoralidad.
De esta manera, en Hacia la paz perpetua, Kant esboza las directrices que constituyen la siempre compleja relación entre la moral y la política. “La política dice que hay que ser astuto, como la serpiente –concluye Kant–. Y la moral, como condición limitativa, añade que hay que hacerlo sin engaño, como la paloma”.
