El escándalo del avión venezolano-iraní forma parte de la saga de hechos bochornosos que jalonan el transcurrir de un gobierno sin rumbo y peligrosamente inútil. Es un secreto a voces que el régimen de Irán se vale de todos los medios posibles para acceder a información de inteligencia destinada a combatir a sus enemigos. En esta categoría –la de enemigos– están Israel y Occidente. En el caso de Argentina, la situación es muy especial y delicada. A la línea aérea madre de esta aeronave –Mahan-Air– se la vincula directamente con las fuerzas Quds, poderoso cuerpo de élite y brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, habiendo sido sancionada por el gobierno de los Estados Unidos bajo la acusación de transportar cargamento militar en vuelos civiles.
Los dos atentados ocurridos en Buenos Aires –el primero contra la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y el segundo contra la AMIA, el 18 de julio de 1994– expusieron claramente la vulnerabilidad de nuestro país. Nada es hoy distinto de aquello. Los servicios de inteligencia siguen entretenidos en el bajo fondo de la política vernácula sin ninguna capacidad ni preparación para hacer frente al monumental desafío de transformarse en un instrumento útil para la seguridad de la Nación. En la entrevista que con quien esto escribe tuvo el ministro de Inteligencia del Paraguay, Esteban Aquino, señaló cuatro datos muy importantes que marcan la inoperancia del argentino:
El primer dato es que, habiendo existido un alerta, el avión no solo aterrizó en Córdoba sino que, además, voló desde allí hasta Ezeiza sin que nadie lo detuviera. El segundo dato es que, estando en Ezeiza, el avión intentó en dos ocasiones regresar al Paraguay, lo que fue impedido por el gobierno del presidente Mario Abdo. El tercer dato es que, habiendo tomado conocimiento el servicio de Inteligencia paraguayo de que el avión había sido autorizado a volar desde Ezeiza hacia Montevideo, decidió comunicárselo al gobierno uruguayo quien, entonces, le denegó a la aeronave permiso de ingreso a su territorio. El cuarto dato es que, efectivamente, en Ciudad del Este la tripulación estaba integrada por siete iraníes y no por cinco. Hay que señalar, además, que el gobierno paraguayo hizo cesar en sus funciones a dos funcionarios que autorizaron el aterrizaje y la salida del vuelo y a dos agentes de inteligencia sospechados de operar para el narcotráfico.
¿Quién se quiere llevar el Gobierno a la mesita de luz?
En su respuesta de manual, Alberto Fernández salió ayer a acusar a la oposición de montar una operación política con el hecho. Es lo único que le queda en su pobre vademécum de recursos defensivos.
Finalmente el Gobierno tuvo que ceder y aplicar las medidas reclamadas por el FMI para frenar la pérdida de reservas por la demanda de dólares. Hubo modificaciones presupuestarias por decreto y se recalcularon aspectos clave que fueron oficializados el jueves: inflación del 62% (14 puntos más alta que lo acordado con el Fondo en marzo); suba de tasas por parte del Central (del 49% a 52%) y la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas mediante un sistema segmentado por ingresos y patrimonio que, de acuerdo a los cálculos del Gobierno llevará a un 10% de los usuarios a pagar la tarifa plena.
La falta de gasoil sigue siendo un problema para la mayoría de las provincias que ya tuvo consecuencias en el precio al aumentar en promedio un 12% en todo el país. El miércoles, el Gobierno había autorizado la modificación de la cantidad de “corte” con biodiésel subiendo su proporción obligatoria utilizada en la mezcla de combustibles. Una forma de paliar la escasez. La medida venía siendo resistida por los camporistas Federico Basualdo y Agustín Gerez que manejan la política energética del país como un almacén. En ese contexto, la novela de la salida del ex ministro Matías Kulfas llegó a su fin. La previsible decisión del juez federal Daniel Rafecas –siempre útil a las necesidades del kirchnerismo–, puso paños fríos en torno a la discusión de los pliegos de licitación para la construcción del gasoducto. El problema ya no es el gasoducto Néstor Kirchner sino la encerrona en que quedó la Argentina entre el abastecimiento necesario y la salida de dólares para alcanzarlo. La guerra y el contexto internacional impulsó los valores del GNL que hoy cuadruplican lo pagado en 2021. “Ya se llevan gastados más de 3 mil millones en gas importado y aún faltarán otros encargos para que no peligre el abastecimiento”, señala con precisión un ex secretario de Energía. Los albertistas le apuntan al Instituto Patria y a los funcionarios de Energía por la crisis y La Cámpora con CFK a la cabeza acusan al titular del Banco Central, Miguel Pesce, por no detener la sangría de dólares. Son todos contra todos.
En No Tan Juntos por el Cambio no terminan de entender que la gente está harta de las divisiones y los problemas de cartel. La votación del miércoles en la Cámara de Diputados del proyecto de fomento a las actividades culturales expuso –una vez más– las divisiones. Primero, la oposición alcanzó la unidad con el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Pero el tratamiento de la prórroga por 50 años de asignaciones para las industrias culturales desató la discusión. “No nos podemos poner de acuerdo en algo tan simple. Es una barbaridad sostener partidas de dinero por medio siglo cuando hay gente que mañana mismo no tiene para comer. Hay unos cuantos que quieren quedar bien con Dios y con el diablo” –se quejaba un diputado del PRO. Se refería a parte de la UCR y la Coalición Cívica más proclives a avalar la sanción. Para la mayoría, el problema no eran las Bibliotecas Populares ni el fomento de las actividades culturales sino la desmesura temporal y el aval a dependencias de probada inoperancia como la Defensoría del Público, un organismo más parecido a los arcaicos elementos de control del pensamiento y censura de la prensa. Finalmente acordaron abstenerse. Para los duros del PRO fue una posición tibia, incluso alguien se preguntó con sarcasmo en el Salón de Pasos Perdidos “es posible que en nuestra coalición haya gente dispuesta a votar este mamarracho?”. Nada nuevo bajo el sol. Los roces entre radicales y macristas están a la orden del día. ¿Así creen que serán exitosos a la hora de gobernar?
A todo esto, CFK ha decretado que AF no va más. Esto significa que no será su candidato en 2023. Con todo, no es la única. Después del “episodio Kulfas”, alguno de los ministros que se definían como “albertistas”– caso Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta–han comenzado una tarea de acercamiento a Máximo Kirchner. No se quieren quedar afuera.
“La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir” (Jacques Benigne Bossuet).
