Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa precisan garantías del Poder Judicial para imaginar con cierta tranquilidad el futuro político. Es curiosa la forma en que la ex presidenta y su fugaz jefe de Gabinete eligieron para revelar esa coincidencia: la puja con Cambiemos por la representación de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Es probable que sea insuficiente para consolidar una propuesta que cautive a la opinión pública con una alianza electoral entre ellos. Pero sirve para calibrar el estado de ánimo adverso de la principal oposición a la actividad del oficialismo en la Justicia.
No está del todo claro si esta nueva tensión de Massa con el gobierno de Mauricio Macri repercutirá en el trámite del Presupuesto de María Eugenia Vidal en la Legislatura bonaerense, donde ingresó este mes y se aguarda que sea sancionado la primera semana de diciembre. El último serpenteo de Massa renueva la presión de la Casa Rosada para que la gobernadora deshaga el acuerdo legislativo con el Frente Renovador. Será difícil convencerla. Vidal precisa los votos de Massa y del bloque de los intendentes del PJ para alcanzar los dos tercios necesarios y quedar autorizada a tomar deuda.
Vidal precisa los votos de Massa y del bloque de los intendentes del PJ para alcanzar los dos tercios necesarios y quedar autorizada a tomar deuda
Paso indispensable para absorber subsidios por casi 30 mil millones de pesos del Gobierno por el déficit cero comprometido con el FMI. De forma paradójica, el ingreso de Graciela Camaño al Consejo de la Magistratura nacional podría comprometer la previsión adoptada por Federico Salvai. El jefe del Gabinete excluyó de la negociación con los dos sectores cualquier tema vinculado al Poder Judicial bonaerense.
Esa cláusula inquieta a los intendentes más que los 19 mil millones de déficit que Vidal plantea compartir con los 135 municipios. Gustavo Menéndez visitó anteayer la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) para el cierre de un seminario con una denominación en sintonía con la sensibilidad del momento: “Gobiernos locales, situación actual, desafíos y visión de futuro”.
Diego Molea consiguió la asistencia de Verónica Magario, Martín Insaurralde, Gustavo Menéndez y Julio Pereyra. El rector de la UNLZ ejerce atracción en los intendentes de La Matanza, Lomas de Zamora, Merlo y el jefe del bloque que reúne a sus diputados en la Legislatura bonaerense. Desde el 20 integrará el Consejo de la Magistratura de la Nación. El 10 de diciembre debería iniciarse en el Juzgado Correccional N° 3 de Mar del Plata el juicio oral y público contra Menéndez por supuesta defraudación al Estado.
Casinos. El 7 de noviembre de 2007, una auditoría del Instituto Provincial de Lotería lo halló responsable de cubrir un faltante de 200 mil dólares del tesoro del casino de Mar del Plata con fondos provenientes del hotel Hermitage y devueltos allí tras el operativo de control. Menéndez atribuye la imputación a tensiones con el sindicato del juego por los procesos de transparencia que pretendió imponer. Menéndez está procesado desde 2009 y logró aplazar el juicio cuatro veces.
Como titular del PJ, Menéndez sufre embestidas de Sergio Berni, molesto por no ocupar el lugar reservado a la minoría en el Consejo de la Magistratura provincial, que fue para Gustavo Soos
Como titular del PJ, Menéndez sufre embestidas de Sergio Berni, molesto por no ocupar el lugar reservado a la minoría en el Consejo de la Magistratura provincial, que fue para Gustavo Soos. El ex secretario de Gobierno del intendente de Merlo lo hizo en representación del Senado bonaerense. Apodado “el Lagarto”, Soos es considerado un operador judicial.
La pretensión de Berni fue defendida por Teresa García. La jefa del bloque de Unidad Ciudadana sondeó la posibilidad de iniciarle juicio político a Julio Conte Grand. La disuadieron diputados de su bancada. El procurador general desvela a los alcaldes. A Pereyra, en cambio, lo tuvo agitado la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno. Igual que a Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó.
Lo que renovó la vigencia del apodo de “la Tota y la Porota” que recibieron en el PJ de los años 90 por la capacidad de concentrar decisiones. La calma volvió cuando el juez Claudio Bonadio adelantó que la investigación sobre el eventual papel de los intendentes en la obra pública tendrá lugar en otra etapa.
Lo que renovó la vigencia del apodo de “la Tota y la Porota” que recibieron en el PJ de los años 90 por la capacidad de concentrar decisiones
Los jefes comunales reclaman lugares entre las tres vacantes del Tribunal de Cuentas para aprobar el Presupuesto. A través de Menéndez, Descalzo quiere alguien próximo por la primera sección electoral. Claudio Raggio lo haría por la tercera. Es el secretario de Hacienda de Insaurralde, principal negociador de los intendentes con Salvai por el Presupuesto y en abierta competencia con Massa por lograr mejores condiciones para su espacio.
A Massa también le preocupan los concursos en el Consejo de la Magistratura. Particularmente el que resuelve al sucesor de Julio Novo en la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro. Por eso, Jorge D’Onofrio fue elegido diputado provincial por la tercera sección tras su mandato de senador por la primera, de donde es originario. D’Onofrio es el encargado de los temas judiciales en el Frente Renovador.
A Massa también le preocupan los concursos en el Consejo de la Magistratura
Terna. Desde allí sigue la terna para cubrir esa vacante integrada por Washington Palacios, Claudio Scapolán y Beatriz Molinelli. Palacios estuvo suspendido 90 días en 2016 por el entorpecimiento de la investigación del robo a la casa de Massa del prefecto Alcides Díaz Gorgonio. El castigo contra Palacios fue por una denuncia de D’Onofrio, que prefiere a Scapolán como sucesor de Novo. Más posibilidades tiene Molinelli, que lo reemplaza de forma interina.
Los intendentes rechazan la transferencia de los 19 mil millones de déficit. En su versión, los obligaría a recortar servicios. De 135 municipios, 110 finalizarán este año con superávit operativo tras la sanción en 2017 de la Ley de Responsabilidad Fiscal impulsada por el ministro de Economía Hernán Lacunza, con tres pilares: restringe a los intendentes la posibilidad de incrementar el gasto por encima del IPC, aumentar el empleo público por fuera del crecimiento de la tasa de población medida por el Indec y tomar deuda si no es para financiar obras públicas.
Requisitos a cubrir por los que precisen asistencia financiera del gobierno bonaerense. Se estima que apenas seis podrían necesitarla para pagar aguinaldo. Es un dato que puede volver interesante el debate por el Presupuesto. En especial, si se impone la hipótesis de una crisis política que viene sosteniendo la oposición. Más difícil resultaría justificar que cumplir la ley es el factor que la origina.
