Quedan pocos días para develar la gran incógnita. ¿El Congreso aprueba o no aprueba el acuerdo con el FMI? Mientras se da por descontado que habrá acuerdo.
Hay dos líneas argumentales en las que se apoya la duda sobre lo que finalmente pueda suceder. Hay dos sectores que piensan que lo mejor es que el Sí lo vote el otro bando asumiendo el riesgo de que finalmente no salga. Finalmente ambos piensan lo mismo. Que el costo no les caiga a ellos.
Suena un poco alocado el argumento. Desde el punto de vista de la opinión pública, el acuerdo en sí mismo es un abstracto. Actualmente hay aprobación casi consensual de que la deuda se debe pagar y son muy pocos los que creen que si se paga, las cosas en el país y en el hogar empeorarían. Con lo cual las miradas vuelven sobre la política económica del gobierno nacional.
Por más que sectores del oficialismo se enojen con el Presidente porque no le echaba suficiente culpa de la deuda a Macri, resolver los problemas cotidianos le corresponden a quien gobierna.
Evidentemente hay una confusión en un sector del oficialismo. Creer que echándole la culpa al gobierno anterior se salvan de la responsabilidad para la que fueron elegidos, es ingenuo excepto estén pensando en romper.
Parte de los duros del oficialismo cree que el cumplimiento de las metas será imposible sin ajuste de la economía y que la revisión trimestral de los técnicos del Fondo llevará a ajustes insoportables y que volveremos al 2001, cuando la población coreaba “que se vayan todos”.
A la inversa, los opositores, sobre todo los dirigentes que responden a Macri, creen que los costos los debe pagar el Gobierno. Que ellos tomaron la deuda anterior con el FMI por la situación que les dejó Cristina. Entonces no tienen por qué hacerse cargo del problema y si el acuerdo se cae por el kirchnerismo, el costo será de Máximo y Cristina.
Además, en la medida en que los pagos deben comenzar a hacerlos el próximo gobierno a partir de 2026 y creyéndose ya en la Rosada, especulan que votarlo es heredar una situación económica que les complicaría la gestión. Terminan diciendo: Alberto tiene la alternativa de retirar el proyecto del Parlamento y tomarse de la propuesta de Carrió. Los argumentos de ambos resultan bastante increíbles e inocentes. Hoy es 2022, la dirigencia política en su conjunto ya está cuestionada.
Lo que sucedió durante la discusión del presupuesto nos muestra que estamos ante sectores sectarios que prefieren echarse culpas a resolver los problemas. Primó más que el diálogo y la búsqueda de acuerdos, la palabra disonante, el tono alto, la frase no medida. Y el resultado fue inverso al esperado por ambos polos.
En Diputados el oficialismo no consiguió el presupuesto, en Senado la oposición no pudo evitar el incremento de impuestos. Pensemos ahora, ¿qué sucedería si la escena se repite, las cosas se van de las manos y al final los votos no están? ¿Alguno está pensando en las consecuencias de un default para la vida cotidiana de los argentinos? No lo parece.
El temor al 2001 del que hablan sectores del kirchnerismo puede ser un presente inmediato si no hay acuerdo. ¿Cuánto puede pasar declarado el default que la clase media se abalance sobre los bancos, los precios se vayan a las nubes, haya desabastecimiento y los sectores populares salgan a la calle? Allí, el “que se vayan todos” no va a distinguir entre negociadores y rechazadores. Y por el lado de la oposición, ¿qué país piensan heredar después de un default?, porque ellos también van a ser parte del “que se vayan todos”. Con un no acuerdo, 2023 les puede quedar muy lejos a ambos.
El cuanto peor mejor de ambos polos es una bomba de tiempo para el futuro nacional. Estamos en presencia de dos coaliciones con fuertes contradicciones internas. Se necesita de una gran sabiduría para que los conflictos internos no desestabilicen al sistema político institucional.
*Consultor y analista político.
