A 20 años, el crimen de David Moreno es una herida que permanece abierta

David Moreno hoy tendría 32 años. Cuando apenas había cumplido 13, una bala policial abortó su existencia en el marco de una de las crisis sociales, económicas y políticas más graves de las últimas décadas, el 20 de diciembre de 2001.

A 20 años de su muerte las heridas siguen abiertas.

El único condenado por el homicidio de David es el policía Hugo Cánovas Badra, quien permanece detenido en Cruz del Eje. Con nuevo defensor y una reinterpretación pericial, reclama ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revea su condena porque insiste en que él no disparó el arma que mató al adolescente.

La familia de David, a dos décadas del crimen, espera todavía la indemnización que la Provincia debe pagarle por la muerte del joven. Si bien está el fallo judicial, no se ejecuta porque la sentencia no está firme.

Días turbulentos. El crimen de David Moreno sucedió en el contexto de la pueblada del 19 y 20 de diciembre de 2001 que terminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Fueron días aciagos en los que el Estado nacional y el provincial sacaron las fuerzas de seguridad a la calle. Lejos de constituirse en una presencia preventiva, actuaron utilizando balas de plomo.

La tarde del día 20 de diciembre, un grupo de vecinos comenzó a reunirse frente al supermercado que estaba a tres cuadras de la casa de la familia Moreno, en Argüello, creyendo que entregarían bolsones con alimentos. Apareció la Guardia de Infantería de la policía y se produjo la represión.

David Moreno, apenas adolescente, había ido por curiosidad. Fue alcanzado por balas de plomo, una de las cuales le atravesó el cuello causándole la muerte. Fue la única víctima fatal. Hubo además, varias personas heridas.

La investigación judicial fue lenta y deficiente. Increíblemente, recién después de un año, y solo por la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se autorizó a la familia a ser querellante y participar en el expediente. La mayoría de los lesionados no llegaron al juicio, solo se presentaron tres.

Según la defensa de Cánovas Badra, cinco veces se modificaron las conclusiones de pericias en los 16 años de investigación. La Justicia ni siquiera consideró responsabilidades funcionales en la Policía ni en el Gobierno.

En 2009 la causa fue elevada a juicio y la Cámara 1ª del Crimen tardó siete años en realizar el debate oral, al que llegaron acusados Cánovas Badra, por el homicidio, y las policías Daniela Alejandra Adán y Laura Estela Freire, por falso testimonio.

El 25 de julio de 2017 fueron finalmente condenados: Cánovas Badra a 12 años y ocho meses de prisión por homicidio simple y lesiones graves, ambos delitos agravados por el uso de arma de fuego. Y también Adán, a dos años de prisión en suspenso. Freire terminó absuelta.

En la misma sentencia la Justicia ordenó a la Provincia indemnizar a la familia con $777.577 por daño moral, el equivalente a US$45.000, a la cotización de entonces.

Dos años más tarde, el TSJ confirmó la sentencia y rechazó el recurso extraordinario que presentó Cánovas Badra, por lo que su defensa fue en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La novedad más reciente es una presentación ante el máximo tribunal del país de una pericia interdisciplinaria que reinterpreta, con técnicas que no existían en el momento del hecho, los datos del homicidio. En paralelo, como la sentencia no está firme, Cánovas solicitó la prisión domiciliaria. El Juzgado de Ejecución Penal de Cruz del Eje lo rechazó y fue en casación al TSJ, con dos argumentos: que no hay riesgo de fuga porque siempre estuvo a disposición de la Justicia y que la condena no está firme.

No hay dudas de que a David Moreno lo mató la Policía de Córdoba. Tampoco de que ese día los disparos fueron con balas de plomo. Sin embargo, un juicio tardío –después de 16 años del hecho– y sin condenas para quienes diseñaron el operativo represivo, sigue abierto. El único sentenciado está preso y dice que es inocente. Y la familia de la víctima es revictimizada sin ningún reconocimiento, dos décadas después de la muerte de su hijo.

CANOVAS INSISTE EN QUE ES INOCENTE

La familia de Hugo Cánovas Badra encargó, de forma privada, un estudio interdisciplinario al abogado experto en reconstrucción virtual Federico Baudino. El contenido y conclusiones del trabajo, que se realizó en julio del año pasado, fueron presentados a la Corte Suprema el 3 de febrero de este año y una semana más tarde el documento fue incorporado para su análisis.

Se trata de una reconstrucción analítica de los hechos. Para realizarlo fueron al lugar con un drone y un láser balístico. Tomaron 64 fotografías aéreas y mediante el software Photomodeler se construyó un mosaico de imágenes a escala. El objetivo era analizar la posición de la víctima y del victimario cuando se produjeron los disparos. Con esta evidencia, Baudino llegó a la conclusión de que el informe del perito oficial condujo a un error sustancial al tribunal de juicio.

“Fue demostrado en el trabajo técnico de reconstrucción virtual, que (David) Moreno no estuvo en posición de agazapado como fue planteado por los peritos oficiales, que ambos disparos fueron realizados de manera consecutiva a una distancia de aproximadamente 15 metros, descartando de esta manera la participación de Hugo Cánovas Badra en el deceso de Moreno”, dice la presentación. El dato que aporta es que las balas que lo atravesaron recorrieron en sentido nordeste-sudoeste, es decir desde enfrente donde estaba Cánovas.

El informe que está en la Corte sugiere hacer una nueva pericia interdisciplinaria de reconstrucción virtual, herramienta con que cuenta actualmente el Poder Judicial de Córdoba.

ENTREVISTA 

“Esperamos 15 años por un juicio y hasta nos amenazaron”

El jueves pasado PERFIL CÓRDOBA entrevistó a Rosa (67) y Luis Moreno (69), padres de David, en la misma casa desde donde salió el adolescente antes de ser asesinado por balas policiales, el 20 de diciembre de 2001. En sus miradas y palabras hay dolor, resignación y sentimiento de injusticia. La vivienda está a pocas cuadras de la esquina de Piedra Labrada y Tupac Yupanqui, donde cayó muerto David, y un maltrecho monolito intenta recordarlo, aunque la saña impide que permanezca su memoria.

—¿En el crimen de David se hizo justicia?

—Rosa: Esperamos más de 15 años para que se hiciera un juicio. Se condenó a un solo policía, Hugo Cánovas Badra, y nos quedó la duda si había más responsables. Todos sabemos que fue la Policía. Hubo un ensañamiento con la gente en ese momento. Fuimos amenazados apenas sucedió el hecho. Cuando lo detuvieron por segunda vez a Cánovas, a mi hijo lo pararon dos móviles y le pusieron cinco cartuchos (por nosotros dos y nuestros tres hijos), cuando lo único que buscábamos era que todo se esclarezca.

—¿La Justicia no encontró responsables penales en la coordinación del operativo?

—Rosa: Se hizo justicia a medias. Aquel día cuando habló el jefe de Policía evadió sus responsabilidades. Inclusive el comisario (Juan Antonio) Pesci no se presentó. Era el jefe de la zona de Argüello. A nosotros no nos quedó clara esa parte. Y la policía (Daniela Alejandra) Adán, que entregó los cartuchos de plomo también quedó libre. Le dieron dos años en suspenso. Cánovas dijo que salió de la base sin cartuchos de plomo. Y ella fue supuestamente la que entregó el plomo. Comisarios, jefe de policía, jefe de seguridad… parece que nadie tuvo nada que ver.

—¿La Provincia les pagó la indemnización que ordenó la Justicia?

—Rosa: Jamás. Van a hacer 20 años. Incluso la Nación, en 2004, prometió un resarcimiento económico a todas las familias de muertos y heridos en la represión de 2001. Y eso quedó en la nada. Acá tampoco pagaron ni un peso. A esta altura ya estamos alicaídos. Si sale, sale.

Luis: Y peor aún. Nosotros tuvimos que pagar en 2013 por una presentación que hizo la doctora (María Elba) Martínez a la Suprema Corte. Eran $30 mil y nos hicieron un favor y tuvimos que pagar $18 mil. Estuvimos a un paso de que ejecuten un embargo de todo lo que teníamos en esta casa. Sacamos un préstamo para pagar. Todo fue por una presentación para que la causa se moviera.

—Ni el monolito de David quedó en pie.

—Rosa: En esa esquina no han querido que quede nada. Se ensañaron en los últimos años y no dejaron nada. En 2017, el Archivo Provincial de la Memoria hizo un mural en una canchita donde él iba a jugar. Se hizo un homenaje. Ahora lo tomó la iglesia León XIII y ellos lo mantienen limpio. Es lo único que quedó.

—¿Qué sienten cuando ven que siguen sucediendo abusos policiales, como el que mató a David?

—Rosa: Nos traen recuerdos y pensamos que ojalá esto cambie. Lo nuestro costó muchísimo. Agradecemos a la gente, organizaciones que nos ayudaron muchísimo. Pero hay otros casos donde no hay apoyos. Todos tienen la misma trama: encubrir.

Luis: Según quién sos y cuánto valés es la investigación o la implicancia de cada caso. En algunos llegan hasta los jefes, como el del pobre chico Blas Correas. En nuestro caso, como en otros, ni siquiera los investigaron. Voy a decir algo que tengo atragantado, que siempre quise decir: el cura Oberlín fue cómplice del policía que mató a un muchacho (NdR: se refiere a Lucas Leonel Ruchi, 13 años). Fue a robar, pero no tenía que pegarle un tiro en la cabeza.