Está todo listo para que en ocho días arranque el megajuicio que sentará en el banquillo de los acusados a 58 policías señalados por autoconvocarse y autoacuartelarse el 3 y 4 de diciembre de 2013. Se les imputan los delitos de desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de caudales públicos, incitación a cometer delitos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
El proceso será en la Cámara 12ª del Crimen, presidida por Gustavo Reinaldi, e integrada por Gabriela María Bella y Mario Capdevila como jueces técnicos, con jurados populares. La acusación estará a cargo del fiscal de Cámara, Mariano Antuña, a quien se sumará el funcionario que investigó los hechos, Raúl Garzón.
Por la cantidad de acusados, a la sala de audiencias podrán acceder únicamente los jueces del tribunal, los imputados -todos están en libertad-, sus abogados, fiscales y secretarios. Cada jornada será grabada en video y los medios de comunicación podrán presenciar las imágenes desde una sala contigua, en vivo y directo. Los familiares estarán en otra.
Quiénes y por qué. Los policías que llegan a esta instancia se distribuyen en dos grupos. El primero, de 18, son duplas de nueve móviles que se autoconvocaron a la medianoche del 3 de diciembre en Avenida Sabattini. De ahí arengaron a sus compañeros y se dirigieron a la base del Comando de Acción Preventiva (CAP) Distritos IV y V; donde terminaron sumándose otros 40 jefes de móviles. Habitualmente, son cien coches que salían a patrullar las calles a la noche. Según la acusación, de la convocatoria participó poco menos de la mitad de los hombres que debían salir a las calles esa jornada y a ellos se sumó luego el resto.
El Ministerio Público centra el análisis en la prueba que confirma la participación de los acusados y en los delitos que se les imputa. Las defensas abrirán la discusión a la negociación salarial, la falta de reacción de las autoridades provinciales y el contexto político nacional de esos días.
Entre los testigos, está previsto que declaren el exgobernador José Manuel de la Sota; el por entonces jefe de Gabinete, Oscar González y la exministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El abogado Miguel Ortiz Pellegrini propuso se convoque al exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, pero el Tribunal se opuso.
Las audiencias se desarrollarán los días lunes, martes y miércoles. Se estima que el proceso podría demandar unos tres meses hasta la sentencia.
PERFIL Córdoba entrevistó al fiscal instructor, Raúl Garzón, y al abogado que defiende a 42 de los policías acusados, Miguel Ortiz Pellegrini quien, además, fue el vocero del reclamo salarial de los agentes cuando se desarrolló la protesta, adquiriendo un rol central en el conflicto.
RAÚL GARZÓN: "ESTARÁN SENTADOS EN EL JUICIO LOS PRINCIPALES RESPONSABLES"
El seguimiento satelital de móviles y las arengas a través de las frecuencias radiales son las pruebas que incriminan a los 58 que enfrentarán el proceso.
— ¿Por qué llegan solo 58 policías a juicio si se acuartelaron miles?
—Por la exigencia probatoria que siempre se ha fijado este fiscal para reprocharle a alguien la comisión de un delito. He sido respetuoso y estricto con la exigencia que impone la ley procesal para no iniciar grandes imputaciones que, a la postre, no avizoren con seriedad una evolución hacia la certeza. La prueba llevó a determinar, con el grado de probabilidad que se exige, que hubo un primer grupo que se reunió en Avenida Sabattini. Fueron detectados a través del seguimiento satelital. Por el 101, la Central de Policía tomó información y fue el primer llamado de atención. Luego concurrió un jefe policial que les impartió la orden de patrullar la ciudad de Córdoba. Esos son los primeros 18 policías porque fueron las duplas detectadas en ese lugar. Si bien se habla de que hubo otros, el resto no tenían seguimiento satelital. Estos móviles son los que se trasladaron y acuartelaron en los distritos IV y V de calle Celso Barrios. Se producía, en ese momento, el quiebre en la cadena de mandos porque desoyeron la orden del superior. Allí también se hace la convocatoria. A ese grupo se le reprocha también la responsabilidad penal de instigar al resto de los policías. Las distintas frecuencias en las que se movieron para convocar a los distintos distritos. Cuando desde el 101 se pretendió transmitir las órdenes, estos móviles no solo no obedecieron sino que, además, impidieron que se pudieran comunicar o irradiar los hechos en las frecuencias. Por eso fueron bloqueadas esas radios.
—¿Quién le brindó la información para la prueba? ¿La misma Policía?
—La búsqueda de la prueba fue compleja porque los soportes informáticos al mes, aproximadamente, se vuelven a grabar. La fiscalía debió actuar rápido y enérgicamente. Los días que pasaron podrían haber hecho perder toda esta información. Los jefes -entre ellos, el señor jefe de Policía Julio César Suárez- me proveyeron la prueba, tras un seguimiento directo de la fiscalía, que había que precisar, recuperar y procesar con el área científica de Policía Judicial.
—¿En algún momento de la instrucción investigó la posible omisión de deberes de funcionarios políticos?
—Las implicancias, el contexto político y las decisiones que se tomaron en ese ámbito, no corresponden al análisis del fiscal, en tanto y en cuanto no constituyen delito. Más allá de la legitimidad o la justicia de los reclamos, lo que es centro de análisis y de juzgamiento es el modo a partir del cual se llevó adelante la protesta. Aun cuando se pudiese afirmar que los planteos son justos y legí timos, de ninguna manera la modalidad puede llevarse adelante mediante la comisión de un delito. No hay que perder de vista que tienen la obligación de prestar la seguridad pública. No cabe, de ninguna manera, un obrar ilegítimo. Aquí estarán sentados en un juicio los principales responsables de aquella noche.
ORTIZ PELLEGRINI: "ES UN JUICIO PARA JUSTIFICAR LA NEGLIGENCIA DEL GOBIERNO"
El defensor de la mayoría de policías dice que no hay delito, solo faltas administrativas. Cuestiona que se juzgue a policías cuando no hay ni un solo condenado por los saqueos.
—¿Por qué sostiene que esto es una cuestión administrativa y no penal?
—Si el reclamo era justo, si se logró el aumento salarial con el acuartelamiento de la Policía y la Provincia terminó pagando a todo el personal policial, desde el jefe hasta el último agente, hay una contradicción. Si se considera un delito a la protesta significa que los aumentos de sueldo cobrados por todos también fueron producto de un delito. Si es así, deberían ser confiscados. Lo contradictorio, entonces, es que vayan a querer condenar a 58 perejiles por lo que cobran desde ese momento 25 mil miembros de la institución. Otro aspecto curioso que plantearemos con mucho énfasis es que van a sentar en el banquillo de los acusados a 58 policías. De los ladrones que saquearon no hay ningún condenado. Ni siquiera llevado a juicio. Se sienta a la policía y los ladrones miran desde la tribuna.
—Pero están elevadas a juicio más de cien causas por los saqueos.
—No hay un solo juicio por los saqueos. Le van a decir que hay más de cien causas elevadas a juicio, después van a aparecer prescriptas. Lo cierto es que hoy 58 policías sentados y ninguno de los ladrones y saqueadores juzgados. Además dicen que desobedecieron, cuando toda la doctrina nacional entiende que la desobediencia es un problema administrativo. Muy subsidiariamente puede ser de tipo penal. Al punto tal que ya han tenido sanciones administrativas. Se usa el juicio penal para tratar de condenar a 58 perejiles para que los otros miren que reclamar de esta forma es inadecuado. Este es el contexto del juicio.
—¿Usar móviles y las frecuencias radiales para autoconvocarse, no es delito?
—¿Sabe cuántas personas había en ese lugar? Más de 5 mil. La pregunta es por qué hay 58 acusados. Los eligieron el fiscal Garzón con el jefe de policía de entonces, Julio César Suárez, un inepto manifiesto que ahora va a juicio. Es un matón que ejercía la jefatura de la policía, se pusieron de acuerdo para echar a 16 perejiles en primera instancia y 8 meses después -en septiembre de 2014- por razones políticas eligieron otros para quedar bien como si fuesen responsables. En definitiva, es un juicio para justificar una negligencia del gobierno y para tener chivos expiatorios.
—En la crisis de aquellas jornadas usted fue el negociador, ¿qué evaluación hace?
—Una de las cosas que pretendo es que se conozcan las verdaderas causas, porque no era solo la cuestión salarial. Sucede que los fiscales vienen con anteojeras. Algunos no quieren ver ni oír. ¿Qué quiero demostrar? La película, no la foto. Y para ello hay que hablar de política. En ese entonces la señora (Cristina) Kirchner quiso intervenir Córdoba, por eso actuaron bandas de patoteros kirchneristas traídos de otros lugares que rompían vidrieras y convocaban a la gente para que robara. Esto lo quiero mostrar para que la gente de Córdoba también se entere. ¿Qué quieren hacer los fiscales? No, eso no porque es hablar de política. La justicia no puede actuar conociendo solo una parte del proceso.
