René ‘Chancho’ Sosa deberá enfrentar un nuevo juicio, en este caso por liderar una banda desde la cárcel de Bouwer, dedicada a traficar droga y obtener celulares para perpetrar estafas telefónicas. El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, firmó la elevación a juicio para Sosa, uno de los narcos locales con más condenas de la justicia federal y provincial. No hubo oposiciones, por lo que el requerimiento quedó firme.
Junto a René Sosa, están acusados su hermano, Elio Emmanuel Juncos; la madre de dos de sus hijos, Alejandra del Valle Vázquez; Héctor David Palacios, compañero de encierro en Bouwer; el guardiacárcel Mauro Rodrigo Casado, y Claudio Rubén Álvarez.
La investigación determinó que René ‘Chancho’ Sosa lideró la organización mientras estuvo detenido en el módulo MX1, Pabellón D3, de Bouwer, hasta junio del 2021, cuando fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje.
Funciones y roles dentro de la banda. El fiscal Gavier determinó que quien ingresaba celulares y chips en forma clandestina al lugar de detención de Sosa, era el agente del Servicio Penitenciario Mauro Rodrigo Casado. A la vez, era un nexo con el resto de los miembros que estaban afuera.
Como es sabido, en la cárcel los teléfonos cotizan a buen precio. Por eso, no sólo los utilizaba para perpetrar las defraudaciones sino que los vendía a otros compañeros de encierro, multiplicando así un fenómeno creciente que son las estafas telefónicas cometidas desde las prisiones.
Alejandra Vázquez tenía como tarea recibir, administrar y guardar el dinero que recibían. Lo propio le correspondía a Juncos.
Quien proveía de los aparatos era Claudio Rubén Álvarez. Previamente activados, con líneas a nombre de su padre y de su hijo, eran ingresados clandestinamente al penal. Tenían base en un local de la Galería Norte, ubicada en el microcentro.
Dentro de la cárcel, Sosa tenía un subalterno que oficiaba de jefe intermedio: Héctor David Palacios. Él, a su vez, dirigía a otros detenidos.
Las víctimas que cayeron en las estafas eran de diferentes provincias. A través de llamados telefónicos, mensajes vía WhatsApp o de texto, utilizando nombres falsos o representaciones de distintas compañías financieras inexistentes, con perfiles truchos en redes sociales.
Las intervenciones telefónicas a las líneas de Sosa –una era el familiar y otra para los negocios ilícitos– dieron cuenta que, además, dirigía la venta al menudeo de drogas en barrio Maldonado.
La cárcel, un nido de estafadores. En su resolución, Gavier dedicó un extenso análisis sobre la epidemia de estafas cometidas desde las cárceles. “Sólo a los fines de ejemplificar y comprender la dimensión y el crecimiento que han tenido estos hechos, cabe mencionar el cúmulo de sumarios que ingresan constantemente, cada uno de los cuales contienen centenares de hechos ilícitos con esta modalidad“, indicó.
En el quinquenio 2017 – 2022 hubo 184 imputados, muchos de ellos ya condenados, que perpetraron más de 1.100 estafas desde la cárcel.
“A ellos, corresponde adicionar el significativo número de causas que actualmente se sustancian y que son remitidas de diferentes sedes judiciales del interior del país (aproximadamente 1.000 ingresadas por Mesa de Entradas), que sumados a los hechos que no son denunciados por sus víctimas, exhiben la importancia de esta creciente problemática delictiva”, subrayó Gavier.
El magistrado hizo notar que la situación se vio agravada por la “colaboración espuria de empleados del Servicio Penitenciario que son reclutados por estas organizaciones delictivas”.
