A más de 4 años continúa impune la única muerte durante los saqueos

La madrugada del 4 de diciembre de 2013 la ciudad de Córdoba amaneció en el caos. Desde la jornada anterior circulaba información sobre una convocatoria de policías para abandonar sus puestos de patrullaje por reclamos salariales y laborales. Se rompió la cadena de mandos y se autoacuartelaron. Ese hecho comenzará a ser juzgado mañana en la Cámara 12ª del Crimen con 58 policías acusados. 

Consecuencia letal. La deserción policial en las calles hizo que los barrios quedaran desprotegidos y hordas se abalanzaron en medio de la noche sobre negocios rompiendo vidrieras para sacar comida, indumentaria, electrodomésticos, entre otros objetos. En el supermercado Buenos Días de barrio Deán Funes, al sudeste de la Ciudad, un grupo de personas protagonizó un saqueo. Policías apostados en el sector repelieron el asalto con balas de plomo. Y uno de esos disparos impactó en Javier Alejandro Rodríguez, de 20 años, sobre cuya muerte hasta el día de hoy la Justicia no encuentra responsables. 

Fue el muerto de los saqueos, por muchos olvidado. La investigación se llevó adelante en la Fiscalía Distrito II Turno 1. En ese momento estaba a cargo de Adriana Abad. Desde octubre de 2016 fue reemplazada por Milagros Gorgas. 

La familia de Javier se constituyó en querellante. PERFIL Córdoba consultó a fuentes judiciales sobre el estado de la causa. La pesquisa acumula siete cuerpos de expediente. 

Qué se pudo comprobar y qué no. Se determinó que esa noche en la zona convivían personas con intención de robo que iban armados, vecinos que hicieron lo propio para proteger sus bienes y también personal policial que intentaba disuadir. 

Rodríguez, mal herido, fue trasladado al dispensario de Ciudad Evita donde fue asistido. Apenas corrió la información de que se encontraba allí, una gran cantidad de personas, algunas con armas de fuego y las restantes con palos y piedras, se reunieron frente al centro asistencial y comenzaron a reclamar a los médicos que lo salvaran. Finalmente, el joven falleció. 

La Justicia logró secuestrar la bala homicida, calibre 9 mm, idéntica a las que usan fuerzas policiales. Pero hasta hoy no se pudo encontrar el arma ni establecer la identidad del autor del disparo mortal. Se practicó un cotejo balístico del armamento del personal que esa noche es tuvo prestando servicios en el lugar. También se la comparó con las armas de la brigada de Investigaciones más cercana y se hizo un rastreo satelital de los móviles que colaboraron con los efectivos que actuaron. 

Además, se analizó toda la información del centro de comunicaciones que proporcionó datos esa madrugada, se investigó tanto al personal civil como al de seguridad, vecinos y colaboradores que podrían haber estado mientras se produjo el saqueo. Del análisis no se excluyó la investigación de vecinos armados, personal de seguridad privada, guardias de fábricas y comercios aledaños. Todos los resultados fueron negativos. 

A más de cuatro años, la muerte de Javier Rodríguez sigue impune, sin que se hubiera podido encontrar al responsable del disparo. “La investigación a la fecha continúa, no descartándose hipótesis alguna”, fue la conclusión del informe aportado a este diario.

MAÑANA INICIA EN LA CAMARA 12º DEL CRIMEN EL JUICIO A 58 POLICÍAS

A partir de las 9, mañana Tribunales II será sede de un megajuicio, por la cantidad de acusados, en que se juzgará a jefes de patrulleros que el 3 de diciembre de 2013 primero convocaron a sus compañeros y luego se acuartelaron, para protestar por salario y condiciones laborales. Son 58 efectivos policiales a los que se les imputan los delitos de desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de caudales públicos, incitación a cometer delitos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. 

El proceso será en la Cámara 12a del Crimen, presidida por Gustavo Reinaldi, e integrada por Gabriela María Bella y Mario Capdevila como jueces técnicos, con jurados populares. La acusación estará a cargo del fiscal de Cámara, Mariano Antuña, a quien se sumará el funcionario que investigó los hechos, Raúl Garzón. 

Cada jornada será grabada en video y los medios de comunicación podrán presenciar las imágenes desde una sala contigua, en vivo y directo, pero no podrán reproducirlos excepto la apertura del juicio, los alegatos y la sentencia. 

Los familiares de los policías estarán en otro espacio dispuesto especialmente para ellos. Desde temprano habrá un operativo de seguridad que impedirá el acceso del público e incluso los periodistas podrán ingresar solamente si fueron acreditados antes por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia.

 La semana pasada, uno de los vocales del alto cuerpo, Sebastián López Peña, supervisó personalmente cada espacio.