Mientras en la semana el fiscal federal Enrique Senestrari advertía que ponía la lupa en el origen de los fondos con los cuales se realizó la tradicional fiesta del Surrbac en el complejo Forja, el jueves llegó al juzgado de Bustos Fierro la autorización del Inaes para que se intervenga la mutual del gremio de los recolectores.
Cuando el juez de la causa dictó los procesamientos de todos los imputados, además había solicitado la intervención de la mutual y del gremio. Ahora uno de esos pedidos fue respondido por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social donde asegura que por las circunstancias que atraviesa la mutual “corresponde una intervención” y propone un interventor.
Desde el juzgado mantienen hermetismo sobre el nombre del futuro interventor, pero sus antecedentes están siendo estudiados y evaluados por el juez Bustos Fierro.
Seguramente esta semana se tomará la decisión de aceptar o no el hombre propuesto por el Inaes, además de resolver si también se dispone de un veedor judicial y cómo será el proceso y tiempos de la intervención.
El Inaes también dispuso que todas las erogaciones y gastos que demande la intervención tienen que ser cubiertas en su totalidad por la mutual.
Ante la inminente intervención, Franco Saillén aseguró a PERFIL CORDOBA que no tienen ninguna notificación, pero que tanto el gremio como la mutual “están funcionando con absoluta normalidad”.
El legislador e hijo de Mauricio Saillén afirmó que “la mutual fue la encargada de realizar la fiesta de fin de año, y tiene un superávit de 60 millones de pesos, y con el funcionamiento que tiene es una de las pocas que tiene un doble control. Por lo tanto, rechazamos cualquier posibilidad de intervención”.
Saillén sostuvo que el avance sobre el Surrbac es un “ataque político” del gobierno nacional de Cambiemos. Sobre la acusación de la justicia, Saillén fue contundente: “Vamos a justificar todos los movimientos y nuestro patrimonio. Estamos muy tranquilos”.
Hasta ahora quien no respondió el pedido del juez fue el Ministerio de Trabajo de la Nación, al que le corresponde avanzar en la intervención del sindicato. Teniendo en cuenta los tiempos, es casi un hecho que esa decisión ya quedará en manos de Claudio Moroni,el ministro de Trabajo elegido por Alberto Fernández.
La fiesta de los millones. “Hemos hecho una fiesta transparente y nuestros compañeros están muy felices” afirmó Franco Saillén.
El fiscal federal Enrique Senestrari quiere saber de dónde salieron los fondos para sostener un evento que incluye el alquiler de Forja, el catering, el sorteo de cinco camionetas Amarok, cinco VW Vento. 30 Smart Tv. 3.500.000 pesos en efectivo, viajes, Midachi, Ulises, entre otros artistas.
Según el gremio es muy sencillo de justificar: “Con lo que pagan de tarjeta los afiliados se paga la fiesta”, afirman.
Según datos brindados por el sindicato, al agasajo asistieron unas 6,000 personas, como las invitaciones eran dobles, 3,000 afiliados pagaron su entrada a un valor de 13.200 pesos. Ese cálculo da como resultado unos 40 millones de pesos de recaudación.
Estos números, además, deberán ser analizados y revisados por quien sea designado como interventor en la mutual.
El futuro de la causa. El juzgado tiene que resolver las apelaciones por parte de los abogados del sindicato a los pedidos de intervención y la decisión del juez Bustos Fierro de que se suspendan los descuentos que se hacían a los afiliados en concepto de “consumo mutual”. Estos temas serán resueltos a principios de esta semana.
Además, la Cámara Federal tiene que resolver si Mauricio Saillén y Pascual Catrambone salen en libertad o pasan las fiestas de diciembre detenidos en Bouwer.
La defensa de ambos sindicalistas va a sostener el pedido de libertad en base a los límites dispuestos a las prisiones preventivas. Una fuente ligada a la investigación aseguró que sería “raro y peligroso” que tanto Saillén como Catrambone salgan libres en lo inmediato.
De todos modos, lo que genera expectativas e interrogantes respecto al futuro de esta causa y de las que están relacionadas como las causa Crese y la del Esyop es saber si la investigación avanzará en algún momento hacia los responsables políticos.
Ante la consulta sobre este punto, uno de los investigadores judiciales que sigue muy de cerca los expedientes aseguró: “Apuntamos alto, a (Ramón) Mestre lo veo visitando tribunales federales más rápido de lo pensado”.
