El uso de un auto judicializado, con chapa gemela adulterada, con el que el legislador Oscar González protagonizó un trágico siniestro el 29 de octubre en el camino de las Altas Cumbres y que provocó la muerte de una mujer y graves heridas en dos adolescentes, puso bajo la lupa a la Justicia: ¿qué hace y a quién destina los bienes secuestrados y decomisados?
Un informe reciente sintetiza un diagnóstico y las propuestas efectuadas por un colectivo de organizaciones que tienen en marcha el proyecto ‘Bien Restituido’ y la consultora Analytica sobre la Justicia Federal a nivel nacional. El objetivo que procura la iniciativa es reutilizar social y económicamente los bienes que son instrumento, producto y provecho de actividades criminales complejas. Es decir, quitar financiamiento a las bandas narco, de trata y que lavan activos, reparar a las víctimas directas y las indirectas –el Estado y la sociedad en general– haciendo eje en los sectores más vulnerables.
El diagnóstico sobre la problemática no es el mejor: la política criminal en Argentina demostró que todavía no trabaja con ese objetivo y que hay opacidad en la información sobre cantidad y valuación de los bienes incautados. También, que los operadores judiciales están enroscados en discusiones sobre si es un proyecto viable económicamente –el mantenimiento de autos, inmuebles, etc, es costoso– y sobre qué destino debe dárseles. Mientras tanto, hay un cúmulo de autos y viviendas que queda congelado, devaluándose o, en el peor de los casos, en manos de particulares y sin ningún fin social. Las leyes lo permiten.
Y el dato se agrava si se tiene en cuenta que un proceso judicial tarda un promedio de ocho años hasta llegar a la sentencia. Mientras tanto, los bienes pierden el valor.
En 2009, el Ministerio Público Fiscal instruyó a fiscales federales penales que, ante un caso de trata de personas, soliciten a los juzgados que inmuebles judicializados sirvan de alojamiento a las víctimas o como futura garantía de una eventual pena y/o condena pecuniaria, previendo alguna forma de indemnización a víctimas. Una buena iniciativa.
Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el acuerdo N°2/2018 aprobó el Reglamento de Bienes Decomisados y fijó pautas para la utilización “de los efectos secuestrados en causas penales que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados con finalidad pública”. No estableció criterios objetivos por lo que hay un amplio margen de discrecionalidad con la posibilidad –dice el reporte– “que en potencia se utilicen con finalidades incompatibles con la que la misma norma persigue”. Además, faltan mecanismos para rendir cuentas e información de acceso público.
Por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Poder Ejecutivo estableció en 2019 la acción civil de extinción de dominio sobre bienes obtenidos del narcotráfico, terrorismo y financiamiento de actividades terroristas, corrupción de menores, trata de personas y pornografía infantil. Pero hubo dictamen solicitando su rechazo por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. No se rechazó, sigue vigente, pero la experiencia demostró que su uso es limitado.
La casuística relevada por el colectivo de organizaciones que impulsa el ‘bien restituido’ demuestra que son casos aislados en los que magistrados dieron destino social a los bienes secuestrados. Sin embargo, si se analizan los números de inmuebles y vehículos bajo tutela judicial, la cifra es significativa. Incluyendo todo el universo de vehículos, barcos, aviones, inmuebles y dinero en diferentes denominaciones –aun los que carecen de algún dato, como fecha de secuestro– la valuación total de los bienes secuestrados entre 2015 y 2020 fue de $ 4.973,5 millones, “lo que equivale a casi la totalidad del presupuesto anual 2022 del Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)”.
La tarea de relevar y cuantificar no fue fácil. Las organizaciones que realizaron el trabajo se encontraron con obstáculos: la falta de transparencia, demora en la entrega de información, inexactitudes en la valuación de bienes.
Cinco casos de reutilización social. Ante la falta de un andamiaje normativo preciso, hay experiencias basadas en la decisión personal de cada magistrado. Son elocuentes de lo que se podr ía lograr con una política criminal más extendida y reglada con claridad, aún con sus defectos y dificultades.
- En 2008, el juez federal Sergio Torres procesó a tres tratantes de personas en talleres textiles clandestinos. Se incautaron las máquinas, que fueron entregadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). Esta decisión conllevó la obligación, para el Inti, de generar puestos de trabajo para las personas que habían sido rescatadas de la situación de trata. El instituto celebró un convenio con el Gobierno de Caba, que generó el ‘Centro Demostrativo de Indumentaria’. Allí comenzaron a t rabaja r la s personas rescatadas de los talleres clandestinos. Actualmente hay siete cooperativas en las que se encuentran empleadas alrededor de cien personas.
- En 2013, el juez federal Ariel Lijo, en una situación similar, procesó a tratantes que mantenían en situación de servidumbre a ciudadanos bolivianos en talleres textiles clandestinos. Tras decomisar las maquinarias que se utilizaban en estos sitios, las entregó como depositarios judiciales a la Fundación La Alameda y a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que efectivizaron un contrato por el que entregaron la maquinaria a la comunidad indígena ‘Potae Napocna Navogoh’, de Formosa. Se constituyeron cooperativas en la comunidad y hubo capacitación a mujeres.
- En una causa por narcotráfico, el juez Sergio Torres recuperó una casa usurpada y la destinó a la organización Madres contra el Paco, para que realicen allí un centro de recreación y rehabilitación de jóvenes en situación de adicción.
- En 2016, la justicia capturó al narcotraficante Delfín Castedo, que introducía cocaína al país desde Bolivia para enviarla a Italia. Se secuestraron sus propiedades, de las cuales 28.000 hectáreas fueron destinadas a la Universidad de Buenos Aires por decisión del juez Federico Villena a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, con el propósito de que su explotación permita solventar becas en dicha universidad para jóvenes del norte del país.
- En 2017, el juez Sebastián Casanello tramitó una causa por lavado de dinero que decantó en el secuestro y posterior decomiso de maquinaria vial. En este caso, para realizar diversas tareas, se postularon como depositarios judiciales la Agencia Nacional de Vialidad Nacional, municipios de distintas provincias y el Ejército Argentino.
QUIÉNES SON
Las organizaciones que realizaron el trabajo son: Fundación Multipolar, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Libera Asociaciones Nombres y Números contra las mafias y el Circolo Giuridico di Argentina, junto a la consultora Analytica. La meta es la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley de Administración y Reutilización Social de los Bienes Cautelados y Decomisados en causas penales. El material referido en este informe fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea.
