La intensa lluvia del jueves fue el marco para un alto nivel de acatamiento en la segunda jornada de paro docente que dispusieron las autoridades de la UEPC luego de rechazar las últimas propuestas del gobierno. También fue el marco para que muchos decidieran marchas por las calles del centro con la intención de hacer más visible el reclamo.
Al cierre de esta edición las negociaciones estaban en un punto muerto y el gobierno de la Provincia dispuso abonar junto a los sueldos de marzo un 20% de aumento correspondiente a una suba retroactiva para los meses de enero y febrero. Se evaluaban otras medidas en ambos lados del mostrador y la posibilidad de nuevos días sin clase para la semana que comienza sigue latente.
En este contexto la organización Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) difundió un trabajo para conocer de cerca dos planos que atraviesan la discusión y el conflicto entre docentes y gobierno: por un lado, cómo se dio la evolución de los salarios de los trabajadores en un marco de varios años de creciente inflación. En otra capa, cómo ha sido la respuesta del gobierno en relación a los fondos y partidas presupuestarias destinadas a la educación que gestiona la Provincia.
En ese sentido, para el equipo de investigadores que analizó los datos es claro que en los últimos años y con mayor énfasis desde 2018, la Provincia viene aplicando recortes sostenidos a los salarios de los docentes. Y una tendencia similar puede verse en relación a las partidas Presupuestarias, que no han logrado ganarle a la inflación e incluso, afirma el trabajo, ha tenido años de sub ejecución.
Al respecto Franco Godino, uno de los coordinares del trabajo explicó a Perfil Córdoba:
“Un primer dato es que la paritaria para un docente con 31 horas cátedras tiene un saldo negativo en lo últimos 5 años teniendo en cuenta la inflación. Esto implicaría decir que el salario de enero de este año es $18.198 menor al que se percibió en febrero de 2018. Entonces, el salario ha tenido recortes sistemáticos todos esos años y si tuviéramos que sumar esos recortes y ajustarlos por inflación nos daría el monto que los docentes perdieron en 5 años. Para compensar esa pérdida el gobierno de la Provincia debería abonar $1.336.888 a cada trabajador”, afirma.
Los aumentos que los docentes han tenido estos años no han alcanzado a la suba de los precios y esto en parte se explica porque el salario tiene componente remunerable e ítems bonificables y no bonificables, que son los que han tenido parte de los recortes.
“Los ítems bonificables son importantes porque tienen impacto en el cálculo de la antigüedad. Si uno reduce la participación de los ítems bonificables en el salario a medida que se va incrementando la antigüedad cada vez se va ganando menos proporcionalmente. Es decir, al reducir esto, los docentes con más antigüedad sufren un ajuste mayor que los que recién empiezan”, explica Gudino.
Más es menos. En una tabla donde se pondera cantidad de años en el servicio contra recorte en los salarios se define que, entre 2018 y 2023, un docente con entre 1 y 4 años de antigüedad ha perdido el 10% de su salario, un docente con 7 a 9 años resignó el 14%, un docente con 20 años de antigüedad vio una merma del 17%, en tanto un docente con 30 años sufrió un recorte del 19%.
“Esto también explica por qué la carga del ajuste no es pareja entre los docentes. Quienes más antigüedad tienen, más recorte ven, más lo sufren. Desde 2018 el aumento salarial ha venido perdiendo contra la dinámica de suba de precios. Tomamos el año de 2018 porque más o menos desde ese tiempo es que comienza a incumplirse la Ley de Educación que fija que se debe destinar el 35% de presupuesto de la Administración Central a Educación. Ese porcentaje está por debajo de ese piso desde ese año y por eso también se torna lógico que los salarios hayan caído”, señala Gudino.
Presupuesto en retirada. Otro plano importante del informe analiza que pasó con el Presupuesto de Educación. Allí se contempla que entre 2016-2023 el presupuesto presenta una merma del 11% en términos reales. Y que el año de menor presupuesto fue 2021 donde respecto a 2016 se presupuestaron 20% menos recursos.
El trabajo plantea que hay similitudes en las tendencias salariales y presupuestarias y que el 72% de los recursos del Ministerio de Educación se destinan a pagos de salarios. Esto implica que los arreglos salariales se encuentran condicionados por la discusión presupuestaria que se da previo a la discusión paritaria y en ausencia del gremio educativo.
El análisis termina señalando que para 2023 el Presupuesto de Educación perdió 6 puntos porcentuales del total de recursos que se asignaron en comparación con el año 2016 y desde ese año se incumple la Ley de Educación Provincial que fija que se debe destinar el 35% del Presupuesto de la Administración a Educación. Ese valor fue de 30% en 2019, 27% en 2022 y sería del 29% este año.
“Cuando un presupuesto es muy inflexible, una vez que se determinó cual va a ser su monto es muy difícil discutir una mejora salarial que impacte, porque ya se definió cuánto se va a gastar en Educación. En Educación más del 70% del total va a salarios, entonces si vos querer hacer crecer esto y no aumentas las partidas terminas recortando otras partidas asignadas, como las de infraestructuras. Ahí vemos otro punto. Subió la cantidad de alumnos, pero no la cantidad de establecimientos”.
Para analizar y sumar la opinión sobre los datos de este informe y sobre la discusión salarial Perfil Córdoba realizó gestiones para tener la palabra de funcionarios del Ministerio de Educación y de la Secretaría General de la Gobernación pero en ambos casos declinaron su participación.
