Alertan que el 40% de las denuncias por abuso provienen de las escuelas

En una escuela privada católica de La Calera, una joven denunció que un compañero abusó de ella. Ocurrió un sábado, hace apenas dos meses, durante una fiesta. El padre de la menor se presentó el lunes siguiente para informar que su hija no asistiría al establecimiento, ya que no quería cruzarse en el aula con el joven.

La cuestión no quedó allí y hay una denuncia penal efectuada por la familia de la menor. Sin embargo, desde la escuela niegan que el hecho haya ocurrido. El caso no es uno más. Más bien, se presenta como una tendencia que va en aumento, aunque muchas situaciones de abuso no se denuncien. De hecho, las cifras hablan por sí solas. 

Rosa Bazán, directora de Protección de Derechos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), asegura que el 40% de las denuncias que reciben provienen de escuelas, “entendiendo que ese ámbito suele ser un espacio de confianza de los niños y adolescentes. Este año nos llegaron unas 1.200 puestas en conocimiento desde la Unidad Judicial y en 450 casos el denunciante o promotor de la denuncia es la autoridad escolar. El 80% se trata de delitos contra la integridad sexual en el ámbito familiar”, sostiene la funcionaria. 

En tanto, desde la Dirección General de Enseñanza Privada (DIPE) confirmaron a Perfil Córdoba que la denuncia de la menor que asiste a la escuela de La Calera existe, por lo que realizaron un abordaje junto al Equipo de Profesionales de Acompañamiento Educativo, quienes aseguran participar en el trabajo cuando sucede un abuso. 

“Es una preocupación ministerial porque no queremos desamparar a la chica, pero tampoco podemos, sin pruebas, acusar y mucho menos condenar a nadie. El papá comunicó que su hija no se siente con ánimo de ir a clases mientras esté el chico en el mismo curso. La escuela nunca recibió ninguna directiva por parte de la Justicia. El supuesto abusador niega el hecho y la escuela queda en una posición intermedia, porque sin una prueba ni argumentos legales no le puede pedir al menor que no siga yendo”, informaron a este medio desde la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE). Obligación de denunciar. 

Aunque el hecho no se haya producido dentro de la institución, los docentes tienen la obligación de denunciar cualquier vulneración de derechos que sufran los alumnos, ya que así lo disponen las Pautas para la Articulación y Coordinación de Acciones en el marco de la Protección de Derechos, elaboradas por el SENAF y el Ministerio de Educación. 

Respecto a la denuncia en la institución de La Calera, Bazán sostuvo que “es un caso en el cual el adolescente denunciado es punible. Si se determina que hubo abuso, la escuela debe buscar mecanismos para garantizar el derecho a la educación a ambos jóvenes involucrados, pero siempre resguardando a la víctima. No se trata de expulsar al denunciado, sino de evitar que no tengan contacto entre sí en la etapa de investigación”. 

La SENAF cuenta con un equipo técnico de intervenciones complejas que trabajan con los chicos para lograr acuerdos desde el área de protección de derechos. Solo cuando el juez lo determina, se realizan tratamientos con el posible victimario. Hasta el viernes pasado, no había ninguna respuesta por parte de la Justicia, por lo que la joven decidió no volver a la escuela. Reclama el derecho de asistir a clases con sus compañeros. 

Mientras desde la escuela se determina cómo garantizar que la joven denunciante siga asistiendo a clases, utiliza el programa de asistencia domiciliaria, donde los trabajos o evaluaciones se hacen en horarios especiales. Más de lo que se cree. La secretaria de Género de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Silvia Marchetti, asegura que los abusos en las escuelas ocurren en porcentajes más elevados de lo que el común de la sociedad imagina. 

“Lo peor es el silencio. No podemos callarnos, menos en una institución educativa donde se supone que toda situación de conflicto tiene que ser una situación de aprendizaje para los alumnos y alumnas. Hay que pensar cómo abordar el tema en el aula sin revictimizar a la víctima. Cuando no hay una orden de un juez, como en este caso, es más difícil actuar porque los docentes no somos jueces ni policías, somos educadores. La denuncia sirve para estar alertas”, dijo Marchetti ante este medio. 

La funcionaria explica que muchas veces los docentes no saben cómo actuar. “Los colegios religiosos son puntualmente renuentes a abordar la educación sexual integral como lo indica la Ley 26.150”, agrega. La ley garantiza programas de capacitación permanente y gratuita para los educadores, en el marco de la formación docente continua. La aplicación efectiva de la ley permite que las instituciones dispongan de herramientas para abordar integralmente la violencia de género en las escuelas.