Pocos meses atrás, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se jactó de que las naciones del continente, en especial las del Cono Sur, se estaban alineando con los intereses de la potencia del norte y que ello se producía sin haber tenido que disparar un solo tiro. La descarnada lectura del encargado de suministrar las prebendas internacionales en la estrategia de palos y zanahorias aplicada por Donald Trump en política exterior, fue también una asunción implícita de responsabilidades por acciones de un pasado que, por estos días, se vuelve presente.
Los dichos de quien se encargó de anunciar el inusitado salvataje electoral de 20 mil millones de dólares en octubre pasado al alicaído gobierno de Javier Milei, parecían querer marcar distancias entre aquellos años de injerencia “manu militari” y estos “nuevos” modos de reconfigurar el tablero regional. En ese momento aún no se había producido la intervención armada que sacó del poder y de Venezuela a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, pero ya estaba en curso el despliegue ostentoso de barcos, aviones y portaaviones en el Mar Caribe, para atacar lanchas en esas aguas y las del Pacífico, y preparar la incursión en Caracas.
La operación, que movilizó a más de un centenar de aeronaves y drones y fue calificada de quirúrgica y perfecta por el propio Trump, dejó más de un centenar de muertos (ninguno estadounidense), cifra muy baja si se la compara con la invasión lanzada en 1989 sobre Panamá para derrocar y capturar al general Manuel Antonio Noriega, otrora aliado y pieza funcional de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para maniobras non sanctas en el “patio trasero”.
Esta última expresión para referirse a los países diseminados desde la orilla sur del Río Grande o Bravo hasta Tierra del Fuego o la Antártida también fue desempolvada por la administración Trump y sus voceros, de la mano de una actualización de la Doctrina Monroe a la que el propio magnate republicano sugirió rebautizar como “Donroe”.
Cuando se alzaron las primeras voces para denunciar la intervención armada en Venezuela como una violación del derecho internacional y de la no injerencia en asuntos internos de otro Estado, fue el propio Trump quien, sin sonrojarse, justificó lo ocurrido omitiendo hablar de democracia y repitiendo muchas veces la palabra petróleo.
Claro que, en su propia red social, el actual inquilino de la Casa Blanca suscribió un posteo en el que asumía como propio no un recurso, o el gobierno de facto de una nación sometida, sino el de todo un hemisferio.
Pocas semanas después, Trump, herido en su orgullo por no haber sido galardonado con un Nobel de la Paz cuya medalla recibió pese a todo de manos de María Corina Machado, decretó unilateralmente la muerte del derecho internacional y el orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial y avisó que su único límite sería su propia moral.
La polémica en torno al Nobel de la Paz de 2025 recordó discusiones que se dieron por el premio a Barack Obama, un galardón a cuenta de futuras acciones, que ese mandatario recibió en 2009, apenas ocho meses después de llegar al poder.
También hubo quienes evocaron la distinción que el Comité de Oslo concedió al entonces secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, en 1973. A ese Nobel, Kissinger lo ganó con su par Le Duc Tho (aunque éste lo rechazó), por negociar el alto el fuego en la Guerra de Vietnam. Pero ese año, el papel del jefe de la diplomacia estadounidense y de la CIA había sido clave en la erosión del gobierno de Salvador Allende. El médico que lideró la vía chilena al socialismo resistió hasta su muerte en el Palacio de La Moneda el bombardeo perpetrado con la venia de Washington, el 11 de septiembre de 1973.
¿El imperio de la ley o la ley del imperio?
Ese golpe entronizó en el poder a Augusto Pinochet, quien encabezó una feroz dictadura que duró formalmente hasta el 11 de marzo de 1990 pero prolongó su influencia y estructuras de poder mucho más allá. De hecho, hace 11 días asumió la presidencia un confeso admirador del ya extinto Pinochet como José Antonio Kast, catapultado al poder esta vez por las urnas, no por las armas.
Plan Cóndor
La injerencia de Kissinger y los gobiernos estadounidenses encabezados por Richard Nixon o Gerald Ford en la región no ocurrió sólo al otro lado de la cordillera. Documentos desclasificados dos décadas después en Washington evidenciaron nexos del entonces secretario de Estado con la última dictadura argentina y sus cruentos métodos de represión. Sobran pruebas de contactos y encuentros con Jorge Rafael Videla, quien entre el golpe de marzo de 1976 y 1981 “presidió” el gobierno de facto.
Ya en octubre del ’76, en una reunión con el marino que oficiaba como canciller argentino, César Guzzetti, Kissinger recomendaba: “Si hay cosas que deban hacerse, se deben hacer rápido”. La advertencia del secretario de Estado tenía que ver con el previsible triunfo que el demócrata Jimmy Carter obtendría en las presidenciales de noviembre de ese año y en los reclamos que un Congreso con mayoría demócrata podría formular en materia de Derechos Humanos.
Para entonces la Escuela de las Américas, con que Estados Unidos formaba en Panamá a militares latinoamericanos en la “Doctrina de Seguridad Nacional”, ya había hecho méritos para ser rebautizada como “Escuela de dictadores”, con egresados como el citado Noriega, Leopoldo Fortunato Galtieri en Argentina, Hugo Banzer en Bolivia y muchos otros en el continente. La “Operación Cóndor”, que coordinó el accionar de los aparatos represivos de las dictaduras que gobernaron Sudamérica en los años ’70 fue parte de un plan sistemático que cruzó fronteras.
El escenario de la Guerra Fría no es suficiente para explicar la magnitud de la barbarie con que las dictaduras ejecutaron la persecución y muerte o desaparición de opositores políticos.
Carter gobernaría desde el 20 de enero de 1977 hasta igual fecha de 1981 y años después fundaría con su esposa Rosalynn el “Centro Carter”, para fortalecer los derechos humanos, el diálogo y la democracia, velando por la transparencia en procesos electorales. Por su labor, recibió el Nobel de la Paz en 2002.
Paradójicamente, el exmandatario demócrata que falleció en diciembre de 2024 a los 100 años, no lograría un segundo mandato. Entre otras razones, por la crisis derivada de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, ocurrida en noviembre de 1979, tras el triunfo de la Revolución Islámica que destronó al sha de Persia, Mohamed Reza Pahlevi (funcional a Occidente), e instaló la teocracia de los ayatolás.
Medio siglo después de aquellos ominosos años de plomo que enlutaron a nuestro país y lo sumieron en una oscura noche de siete años y siete meses, los escenarios se mezclan, los discursos se cruzan y los alineamientos y sus consecuencias interpelan a quienes subestiman o ignoran la historia.
