La denuncia penal que puso bajo la lupa una licitación del Ministerio de Seguridad de Córdoba comenzó a recorrer un camino que promete alta tensión política. Luego de que la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial II ordenara medidas concretas en el marco del expediente SAC 14454200, el avance judicial derivó en una respuesta dura y sin concesiones del presidente del Tribunal de Cuentas (TC), Beltrán Corvalán, quien rechazó el procedimiento, cuestionó su legalidad y denunció una maniobra de tinte político.
La causa se originó a partir de una denuncia formulada por el ministro Juan Pablo Quinteros y apunta a la Licitación Pública Presencial N.º 04/2025 del Ministerio de Seguridad, junto con la Resolución N.º 2025/MS-00001036. En concreto, la presentación de Quinteros apunta a la "obstrucción" de la mayoría juecista del Tribunal en la compra de un sistema integral de drones de patrullaje para la Policía de Córdoba, cuya valuación supera los 7 millones de dólares.
En ese marco, el fiscal Tomás Casas dispuso que personal de Delitos Económicos se constituyera en el Tribunal de Cuentas para requerir el expediente administrativo correspondiente, medida que implicaba reconstruir el circuito de controles sobre una contratación sensible por volumen presupuestario y relevancia institucional.
Sin embargo, el intento de avanzar sobre esa documentación activó un freno inmediato. Corvalán respondió por escrito al jefe de Delitos Económicos y devolvió el oficio policial, argumentando que el procedimiento era improcedente y violaba garantías constitucionales. En su presentación sostuvo que los miembros del Tribunal de Cuentas deben ser considerados, a los fines penales, como jueces de Cámara, por lo que cualquier medida equiparable a un secuestro, registro o requisa debe contar con una orden expresa de un juez de Control.
La respuesta no se limitó a una objeción técnica. El titular del Tribunal fue más allá y cargó políticamente el conflicto al advertir sobre “presiones del denunciante” y aludir a “persecuciones políticas”, en una frase que pareció dirigida no solo a la Fiscalía sino también al gobierno de Martín LLaryora en medio de un escenario público donde el caso fue amplificado, especialmente por el senador Luis Juez.
En otro pasaje clave, el presidente del Tribunal de Cuentas afirmó que la documentación requerida no se encuentra físicamente en ese organismo, sino radicada en el Ministerio de Seguridad, y que el Tribunal solo dispone de datos virtuales. El señalamiento vuelve a correr el foco hacia la cartera que conduce una de las áreas más sensibles del Gobierno provincial y refuerza la centralidad política del caso.
"El expediente no está en el Tribunal desde hace un mes", advirtió el tribuno juecista y calificó a lo sucedido como "un avasallamiento a otro poder del Estado". En declaraciones a Punto a Punto Radio, Corvalán afirmó: "No nos van a amedrentar. Vamos a seguir en el camino del control".
"Ni el kirchnerismo en sus peores momentos se animó a tanto. Parece que LLaryora sí se anima. A superado al kirchnerismo en esto", fustigó el opositor. En esa línea, manifestó ante la consulta periodística que el senador Juez está "muy preocupado" por este accionar "inédito" en la provincia de Córdoba.
En este marco, el expediente dejó de ser una investigación administrativa con derivación penal para convertirse en un conflicto institucional abierto. Por un lado, la Fiscalía avanza sobre la denuncia de Quinteros en torno a la licitación de la polémica. Por el otro, el Tribunal de Cuentas se cierra en defensa de su accionar de control, marca límites al Ministerio Público Fiscal y denuncia una embestida política.
Drones de seguridad: Llaryora cruzó a los "libertarios de Córdoba" y Juez habló de "corrupción"
En el trasfondo, el cruce expone una disputa más profunda: el rol de los organismos de control, la capacidad de la Justicia para investigar al poder y el uso político de las denuncias en un contexto de alta confrontación. Mientras la oposición busca capitalizar el caso como símbolo de falta de transparencia, el oficialismo desata su queja por la "obstrucción" opositora que "deja indefenso a los vecinos" en materia de seguridad.
La definición quedará ahora en manos del juez de Control que eventualmente deba intervenir. Pero más allá del derrotero procesal, la causa ya cumplió un objetivo central: instalar una nueva zona de conflicto entre Justicia, control estatal y política, con la licitación de Seguridad como escenario y la puja por el poder como telón de fondo.
