La semana pasada se produjeron dos novedades vinculadas al amparo que presentaron la Sociedad Rural Argentina y la de Jesús María, para hacer cesar el cobro de los derechos de exportación de productos agropecuarios, con el argumento de que son inconstitucionales desde el 1 de enero último, por no haberse aprobado en el Congreso Nacional el Presupuesto 2022.
Una está contenida en un informe del periodista Adolfo Ruiz, publicado en la Revista El Sur, que revela que el hijo menor del juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, posee campos en Río Primero, donde cultiva soja y maíz. Es decir que cualquier decisión del magistrado tendrá consecuencias en las actividades que desarrolla su hijo, con quien incluso comparte domicilio.
La otra noticia es una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1, de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Enrique Alonso Regueira, quien aceptó un planteo inhibitorio de la Afip, se declaró competente y reclamó a Bustos Fierro el envío del expediente a ese tribunal. El fundamento, en su resolución, es que todos los actos cuestionados por los ruralistas emanan de autoridades públicas con sede en Caba, mientras los efectos se esparcen a todo el territorio nacional. Regueira citó jurisprudencia de la Corte Suprema que avaló precisamente eso.
Antecedente adverso. Sin embargo, hay una posición inversa: una causa donde la Corte Suprema fijó su posición en las discusiones entre jueces federales de todo el país y el fuero Contencioso Administrativo de Capital Federal. Fue en el amparo ‘Cepis’, con el que el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad logró que el máximo tribunal del país anulara los aumentos del gas a los usuarios residenciales. El planteo había sido formulado ante un Juzgado Federal de La Plata y fue reclamado por un tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires. Cepis llevó la discusión de la competencia a la Corte que, con voto unánime, ratificó la que los jueces federales con asiento en las provincias pueden tramitar este tipo de casos y reivindicó la organización federal de Argentina.
Quién resolverá. Se espera que la próxima semana Bustos Fierro se expida sobre el pedido de su colega porteño. Si lo rechaza, el incidente será dirimido por la Cámara Federal Contencioso Administrativa de Caba. En tanto, se suspende el trámite de la causa.
Mientras se desarrolla esta discusión en terreno judicial, hacia donde la llevó la Sociedad Rural, el presidente Alberto Fernández volvió a hablar de las retenciones el viernes último. Justificó su aplicación en la necesidad de desacoplar los precios internos de los alimentos, de los internacionales. “Pero son un tema legislativo y necesito que el Congreso lo entienda”, añadió.
UNA TRADICIÓN DE RETENER CAUSAS
Bustos Fierro no suele inhibirse en las causas, salvo excepciones.
En los últimos años, un caso resonante fue el del empresario Euclides Bugliotti, en la investigación de la financiera ilegal CBI Cordubensis, cuando resistió hasta que la Cámara Federal derivó la investigación al Juzgado Federal N°3.
Otro expediente donde se pidió su apartamiento y él se negó es la causa Cotreco, contra empresarios del servicio de recolección de residuos.
Una excepción ocurrió en la causa Lafuente Sivilotti, cuando planteó su inhibición por “decoro” pero la Cámara la rechazó. Fue el incidente que generó un escándalo de proporciones en los tribunales federales locales porque quien resolvió, el camarista Ignacio Vélez Funes, terminó imputado –ya fue sobreseído en primera y segunda instancia– por violación de secreto. En el expediente Lafuente Sivilotti, Bustos Fierro alegó su apartamiento porque una de las personas sospechosas era sobrino.
Comparándolo con aquella actitud, la situación en el amparo por las retenciones agropecuarias puede interpretarse como la doble vara de Bustos Fierro. Según fue publicado, Manuel Bustos Fierro –hijo del magistrado– es socio y administrador general de La Pelusa SAS. Entre sus actividades declaradas figura la explotación de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, etc.
A la vez, Bustos Fierro (h) registra en Afip actividades referidas al cultivo de soja, maíz, trigo y cereales en general.
El Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación fija en el artículo 17 las causales de recusación de un magistrado. En el inciso 2 advierte: “Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior (cuarto grado) interés en el pleito…” Ni sobre este tema, ni sobre el pedido del juez Regueira, Bustos Fierro se ha manifestado.
