El juez federal Alejandro Sánchez Freytes envió a la Fiscalía Federal 2 el expediente por el cual se encuentra imputado el líder de Camioneros, Hugo Moyano, a quien se lo investiga por lavado de activos y defraudación en perjuicio de su propio gremio. Lo hizo con el objetivo de que el fiscal, Gustavo Vidal Lascano, analice la situación del escribano de La Cumbre, Daniel Fernando Abat, quien confeccionó la escritura de cinco terrenos en La Falda.
Según dos declaraciones recogidas en la causa, la traslación de dominio se produjo en la ciudad de Buenos Aires y no en Córdoba como figura en el instrumento notarial. Esto podría complicar al escribano que es un funcionario que da fe de todos los datos que expresa el documento.
Es una cuestión que el fiscal Vidal Lascano analiza y resolverá la próxima semana. Esa decisión no solo no es inocua para el escribano Abat sino que podría terminar imputado en la causa. También podría plantear una cuestión de competencia. Si la escritura se hizo en Buenos Aires, allí se habrían consumado los delitos que se achacan a Moyano y a otros cuatro imputados. ¿En ese caso, la causa debería ser investigada por un juez federal de los tribunales porteños?
Escritura bajo la lupa. Para achacar al escribano el delito de falsedad ideológica hay que probar la potencialidad del perjuicio causado. Que se haya firmado en Córdoba o Buenos Aires, en principio no altera la sustancia de la escritura porque el resto de los datos allí especificados sí corresponden a la realidad; como por ejemplo que Camioneros compró los lotes, el precio pagado; etc. Es, precisamente, a partir de esas circunstancias que habría una sobrefacturación con lo que se presume hubo lavado de dinero y en consecuencia defraudación al sindicato de Camioneros.
Todas cuestiones hasta ahora firmes en la investigación judicial. Pero, aún en el caso de que se dé crédito a los testimonios y en el expediente se considere probada la celebración del contrato en Buenos Aires, también podría plantearse la continuidad de la investigación en Córdoba por la inmediatez de la prueba.
Además de Hugo Moyano están imputados en la causa el directivo de Camioneros Paulo Villegas. Hay reproches penales, además, para Jorge Cappucchio (primer titular de los lotes), Enrique Mariñansky, de la empresa Kiano -que lo sucedió en la compra- y Carlos Mesías.
En diciembre de 2013, Camioneros pagó seis millones de pesos por la transacción que otras tres personas, en un pasamanos, pagaron poco más de 300 mil pesos y 500 mil sucesivamente, solo dos meses antes. Una tasadora oficial estimó la valuación de los lotes en 964.553 pesos. Hay dos cuestiones medulares en esta causa: el valor real de los lotes y el origen del dinero con el cual fueron abonados. El pago se realizó en efectivo. La justicia debe determinar si hubo o no defraudación al sindicato de Camioneros, en el primer caso, y si se acreditó el origen de los fondos para pagar la compra. Por eso las imputaciones contra Moyano son por lavado de activos y defraudación al gremio.
Una vez que el fiscal dictamine, la causa volverá al juez Sánchez Freytes para ratificar o no la posición de Vidal Lascano sobre la conducta de Abat y la competencia en la expediente.
